Hay un carril en los que transcurre el juicio por la expropiación de YPF en el que están casi milagrosamente de acuerdo el Estado local y Burford Capital, el principal beneficiario de la condena en primera instancia de la jueza Loretta Preska por la cual el país fue condenado a pagar USD 16.000 millones. Están de acuerdo con matices, pero de acuerdo al fin.
Se trata de la participación en la causa de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG), quien pidió que se revoque el fallo porque quieren que se investigue el caso desde antes, desde la nacionalización de la empresa.
Las partes están convencidas de que su participación no solo es “extraña”, como lo definió una fuente con mucho conocimiento de la demanda, sino que puede terminar complicando todo. Argentina dice que no es procedente revisar el caso en los términos pedidos y Burford, claro, no quiere saber nada con que se analice la anulación de una condena de la que ya es beneficiario.
“Nos preocupa que demore el proceso y no creemos que puedan ayudar, la verdad. A veces por querer dar una mano, se puede terminar complejizando todo. Por el resto, no hay problemas que se investigue todo lo que se deba investigar en este caso, lo que no queremos son frenos ni demoras a la defensa que se está llevando adelante”, destacaron fuentes oficiales.
En marzo, la jueza le denegó a dicha ONG el derecho a intervenir en la causa y, como ésta apeló, ahora las partes volvieron a presentar argumentos en su contra. Lo hicieron anoche, ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
El estado solicitó que la apelación de RA4ARG se tramite por separado de la apelación principal interpuesta por Argentina contra la sentencia condenatoria dictada en septiembre de 2023. Además, dijo “que toma con seriedad todas las denuncias de corrupción”, que se encuentra abierta a colaborar con una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el proceso de nacionalización de la empresa y que podría “evaluará iniciar acciones para anular la sentencia”.
Burford, por su parte, reiteró que el pedido de intervención fue extemporáneo y que RA4ARG no tiene derecho legal sobre el caso.
Ahora, RA4ARG tendrá 21 días para contestar los escritos presentados por las partes. En paralelo se cursa otro pedido de la ONG: suspender la audiencia de la apelación de fondo del caso prevista para fines de octubre, pedido que debería resolverse en las próximas horas por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.
Ahora, RA4ARG tendrá 21 días para contestar los escritos presentados por las partes. En paralelo se cursa otra pedido de la ONG: suspender la audiencia de la apelación de fondo del caso prevista para fines de octubre, pedido que debería resolverse en las próximas horas por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.
¿Cómo sigue la causa?
La causa “madre”, el fallo en primera instancia, está apelada ante la corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, tribunal en el que recién para fines de octubre se citó a las partes para que presenten argumentos orales.
En paralelo y con el objetivo de negociar, Burford se presentó en el estrado de Preska con algunas demandas, como pedir el traspaso de las acciones que tiene el Estado argentino en la compañía (51%) y demostrar el “alter ego”, o que el Gobierno y la empresa “son lo mismo”.
En ambos carriles hubo novedades en los últimos días. La Corte de Apelaciones debe fallar por estos días si acepta el reclamo del país para frenar la entrega de acciones hasta que se resuelva el caso y Preska ordenó entregar chats y correos electrónicos de Luis Caputo y Sergio Massa, para demostrar el “alter ego”.
Mientras el Gobierno insiste con que no negociará de ninguna manera con Burford y que acudirá a todas las instancias judiciales posibles, una reciente encuesta de Poliarquía destacó que la mayoría de la sociedad cree que la no resolución de estos juicios afecta la situación económica en general (83%), la posibilidad que lleguen inversiones (77%) y la imagen internacional de Argentina (74%).
Con respecto a la respuesta que debería dar el Gobierno, el 65% de los encuestados cree se tendría que negociar un acuerdo con los acreedores y una reducción del pago. Uno de cada cuatro, por su parte, aseguró que se debería desconocer el fallo.
“Continuar el proceso judicial vía apelaciones o pagar la sentencia actual son opciones apoyadas por solo el 5%. Las diferencias por afinidad política son marcadas: mientras que el 54 % de los votantes kirchneristas sostiene que se debe rechazar o desconocer el fallo, la opción de negociar es claramente mayoritaria entre quienes votaron a JxC (83 %) y LLA (79 %)”, destaco la consultora de opinión pública.
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