Luego de presentar ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York sus argumentos para que el tribunal suspenda la entrega del 51% de las acciones en manos estatales de YPF, Argentina se comprometió a entregar información a los beneficiario del fallo vinculada a la privatización de empresas estatales.
Así lo informó el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril. “Este acuerdo y otros, forman parte del proceso de discovery de activos del estado que puedan ser embargados como forma de pago de la sentencia. El 29 de Julio habrá una reunión con la Jueza Preska para destrabar ciertos temas pendientes sobre este discovery”, comunicó.
El conocedor del caso explicó que Burford Capital, principal beneficiario del fallo, busca que el Estado le otorgue todo tipo de información acerca de las compañías que el Ejecutivo busca privatizar, tanto aquellas sobre las que hay “rumores” como las que ya están en camino de pasar a manos privadas. Argentina quiere dar detalles únicamente sobre estas últimas. Por eso, en los últimos días se publicaron varios decretos que hacen avanzar los procesos. Es el caso de Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue.
“Se está discutiendo porque los beneficiarios quieren todo lo vinculado a las privatizaciones: comunicaciones privadas, no privadas, públicas, no públicas. Whatsapps entre los funcionarios, mensajes, discusiones internas, valuaciones todo eso es parte del discovery para conocer la información sobre los activos argentinos pueden ser embargados”, precisó Maril.
Los beneficiarios se harían de las divisas en caso de que alguna empresa estatal sea vendida a alguna firma. Para ello, piden esos detalles.
En paralelo, Argentina busca que la suspensión se mantenga de manera definitiva y sin condiciones, sin ofrecer garantías de ningún tipo. Aspira a que se extienda hasta que la misma corte —conformada por otros tres jueces que aún no se pronunciaron— resuelva la “cuestión de fondo”: si la Argentina incurrió en una expropiación indebida de la empresa en 2012 y debe pagar una indemnización que, según el fallo de primera instancia firmado por la jueza Loretta Preska en 2023, ya supera los USD 17.500 millones.
En el medio, el gobierno de EE.UU presentó un amicus curiae para apoyar el pedido del país, e incluyó fuertes críticas al fondo Burford.
Entre los argumentos de Argentina, se encuentra que el fallo interpretó mal la ley del Estado de Nueva York y que no respeta lo que se conoce como comity, o principio de cortesía internacional; que se viola la inmunidad soberana del país; y que las acciones de la empresa no están depositadas en Estados unidos.
Además, consideraron que los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de las acciones. La ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de “disipación” de los activos.
Tampoco demostraron que la República no sufriría un daño irreparable si la orden no se suspende.
“El Gobierno nacional continuará defendiendo los intereses de la República con firmeza jurídica y pleno respeto por la soberanía, en contraste con la desidia de quienes nos llevaron a enfrentar esta situación”, indicaron desde la Procuración del Tesoro, la cual lleva adelante el caso.
En tanto, el próximo 5 de agosto, detalló Maril, la Corte de Apelaciones decidirá si acepta, suspende o rechaza la apelación de la ONG RA4ARG de anular el fallo y si recomienda al Departamento de Justicia iniciar una investigación sobre la manera en la cual fueron adquiridas las acciones de YPF entre el 2008 y 2011.
Está decisión ocurrirá el día después que Argentina y los beneficiarios del fallo, presenten sus escritos sobre el tema corrupción.
Sucede que dicha ONG sostiene que existieron maniobras corruptas en la adquisición de acciones antes de la nacionalización de la empresa, lo que, a su criterio, invalida la sentencia adversa dictada.
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