Clima de Negocios: Qué quiere Burford y otros detalles de la estrategia del ganador del juicio contra Argentina por expropiar mal YPF

En un capítulo del juicio por la expropiación de YPF, el viernes Burford Capital presentó en EE.UU. un escrito con sus argumentos sobre por qué Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York no debería demorar el fallo que la jueza Loretta Preska emitió hace 15 días, donde se obliga a la Argentina a entregar el 51% accionario que tiene en la petrolera de bandera.

Se trata de un pedido de Burford, un bufete inglés que cotiza en Londres y Wall Street, se especializa en litigios de alto impacto y al que muchos identifican como un “fondo buitre”, aunque técnicamente no lo sea. De esa manera, intenta cobrar una parte del fallo de Preska de 2023 que condenó a Argentina en primera instancia por haber expropiado mal la empresa en 2012.

Burford le compró buena parte de los derechos para litigar en esta causa a accionistas minoritarios de YPF que aseguraron ser víctimas económicas de esa decisión del gobierno de Cristina Kirchner, y se convirtió en el principal beneficiario de esa sentencia de USD 16.000 millones

Argentina pidió suspender la ejecución del fallo mientras se resolvía la apelación, y Preska le exigió garantías para hacerlo. El país solicitó tiempo para evaluar las condiciones, por el cambio de gobierno, pero finalmente no cumplió con los requisitos y el tribunal levantó la suspensión. En esa instancia está el proceso ahora.

Mientras se dirime la cuestión de fondo –si Preska condenó bien en primera instancia al Estado o no– en otro estrado de apelaciones, ahora la atención está puesta en saber si Argentina debe entregar las acciones de YPF a Burford.

¿Burford las quiere de verdad o solo intenta cobrar y presionar? ¿Está entre sus intereses controlar una petrolera? ¿Si la justicia estadounidense se las da, qué haría? ¿Se las vendería a un fondo buitre, a un inversor financiero, a otra empresa del rubro petrolero?

Algunas pistas hay en el documento que presentó esta empresa, que se define como un líder global en finanzas y gestión de activos, especializada en derecho y cuyo principal negocio es la financiación de litigios.

A grandes rasgos, en el escrito del viernes, Burford dijo:

• Que lo quiere es cobrar.
• Que no creen que Argentina gane la apelación.
• Que no quieren las acciones de la empresa ahora de forma permanente, ni dirigirla, hasta que se confirme la apelación.
• Que podría aceptar garantías alternativas a las acciones.
• Que el país no pudo demostrar que la entrega de acciones le genere un daño irreparable.
• Que los perjudicaría un stay, o freno a esa transferencia.
• Que Argentina no tiene derecho a retrasar más el cobro mediante una suspensión sin garantías.

Burford parece decirle a la Cámara de Apelaciones que son flexibles, pero que si van a concederle la medida de suspensión al país, les pidan garantía, como una forma de asegurarse el debido proceso. No confían para nada en lo que puede hacer el Estado.

“Después de haber presentado 30 páginas de argumentos en contra del pedido de Argentina de suspender la sentencia de Preska, Burford concluyó que no tienen intenciones de manejar una empresa petrolera. Quieren las acciones de YPF y si Argentina es exitosa o triunfa en la apelación de la entrega de las acciones, las devuelven. Lo que no quieren es permitir que Argentina apele en ‘descubierto’, quieren garantías”, le explicó a Infobae Sebastián Maril, de Latam Advisors.

“Hay una nueva vía porque le ofrecen a la Corte de apelaciones por primera vez que devuelva este pedido administrativo a Preska para que ella decida si hace falta negociar otra garantía y que no sean las acciones de YPF. Pero pide que obligue a Argentina a depositar una garantía, aunque no sean esas acciones”, agregó.

“Es muy difícil obligar a Argentina, un país soberano, a entregar las acciones de una empresa de la que tiene la mayoría accionaria, como YPF. Pero está la ley también, de EEUU, en este caso, y hay que cumplirla. Argentina no lo está haciendo. Por eso Burford quiere protegerse mientras cursa la apelación”, remarcó Maril.

En abril, en Wall Street, Burford realizó su Investor Day, una reunión en la que, como empresa cotizante, cuenta sus planes a sus inversores. El título del encuentro fue “Driving shareholder value through the business of law”, algo así como “Generando valor para los accionistas a través del negocio del derecho”.

Allí definen al juicio por YPF, el mayor caso de su portfolio, por lejos, como una “fuente potencial de un sólido flujo de caja y rentabilidad”, según dijo Christopher Bogart, CEO del bufete.

“Siendo realistas, cualquier resolución positiva resultará en una recuperación de diez cifras para Burford, pero, como siempre, el riesgo de litigio persiste”, agregaron y detallaron que registran “ventas secundarias” por la causa por USD 236 millones. En otras palabras, compraron los derechos a litigar en esta causa por unos 15 millones de dólares, y vendieron una parte –sólo una parte– por esa cifra. Una ganancia de más de 1.400% y continúan siendo los principales beneficiarios del fallo “madre”.

En esa presentación citaron dos veces al presidente Javier Milei. Una en una entrevista del 9 de octubre de 2023, antes de la primera ronda electoral, en Crónica, con Chiche Gelblung. Allí se dio el siguiente diálogo, según Burford:

- Milei: La deuda debe pagarse.

- Entrevistador: ¿Eso incluye los 16 mil millones de dólares de YPF?

- Milei: Sí, eso también debe pagarse. Es un error de Kicillof. Debe pagarse.

Y citan otra declaración de cuando el Presidente ya había asumido, del 26 de diciembre de 2023. “Ahí tenemos un problema porque no tenemos el dinero, no tenemos 16. 000 millones de dólares, esa es la realidad, pero tenemos la disposición a pagar”, expresó el mandatario. En Londres tomaron nota.

Ante inversores, Bogart también dijo que están “bien posicionados para monetizar los activos relacionados con YPF” y que el valor razonable de los activos relacionados con YPF es de USD 1.500 millones al 31 de marzo de 2025.

Burford quiere negociar, pero no encuentra respuesta por el momento... ni la encontrará, aparentemente, juran en Casa Rosada. Tampoco pasó en los otros tres gobiernos que tuvieron esta causa en sus manos, los de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

“No se negociará, de ninguna manera. Vamos a agotar cada una de las instancias judiciales que tengamos”, le dijeron a este medio, días atrás, desde el Gobierno. El viernes lo reiteró el portavoz Manuel Adorni: “Argentina no negociará con los demandantes y niega categóricamente cualquier discusión maliciosa sobre reuniones paralelas o acuerdos secretos”.

Este caso atravesó los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y, claro, lo que va de la gestión de Javier Milei. Ninguno de los funcionarios de esos gobiernos negoció con Burford. Sí, hubo al menos una reunión oficial por el caso en la Procuración del Tesoro, el organismo oficial que lleva el caso y días atrás anunció 60 despidos y una fuerte reestructuración, en medio de sospechas de filtraciones y venta de información de empleados del Estado. Fue el 19 de diciembre del 2023, cuando recién había jurado Milei. Estuvo Jon Molot, fundador de Burford y funcionarios de la procuración, entonces encabezada por Rodolfo Barra, y otros integrantes del Gobierno como José Ignacio García Hamilton, titular de la secretaría Legal y Administrativa de Economía.

Allegados comentan que podría haber existido al menos otro encuentro de ese tenor que no quedó registrado. Y en octubre del año pasado, según consta en los registros de audiencias del Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió en su despacho a Gerardo “Gerry” Mato, un ex banquero de Wall Street, con aceitados contactos políticos y empresariales, tanto en Nueva York como en Buenos Aires. Mato ahora es CEO de la consultora BluePearl Capital, en la que es socio de Hernán Rissola y Tomás Gaona, otros argentinos que pasaron por el universo bursátil de Nueva York. Mato y Rissola estuvieron con Francos, pero fue solo un encuentro “de cortesía”, según consta en los documentos oficiales.

Mato fue contratado por Burford como una “cara amable” con capacidad de negociar a nivel local en su nombre y peso específico propio para abrir puertas. En eso está, detrás de cerrar un “deal”. O, al menos, allanar los caminos para llevar a Argentina a la mesa de negociación o preparar todo para el momento en que ese contexto pueda darse. Si alguna vez eso ocurre.