El Ministerio de Capital Humano, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), informó que la Cooperativa de Trabajo Lo de Néstor Ltda. fue intervenida judicialmente en las últimas horas.
La cooperativa, que tenía a su cargo el manejo de un bar “Un café con Perón” en la sede del Instituto Juan Domingo Perón, enfrenta una serie de sanciones tras repetidas irregularidades administrativas y contables, según comunicó el organismo. El bar había sido clausurado el 12 de junio pasado, en el marco de una serie de medidas oficiales para el cierre definitivo del Instituto.
El comunicado oficial especificó que el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 22, Secretaría Nº 43, ordenó “la intervención judicial plena de la Cooperativa ubicada en Bolívar 548, con desplazamiento de su Consejo de Administración y la Sindicatura”. La decisión se tomó debido a que, “pese a que la cooperativa cuenta con retiro de la autorización para funcionar dispuesta por el organismo, continúa realizando operaciones comerciales sin contar con la debida autorización y sin proceder a los actos tendientes a su disolución y liquidación”.
La intervención se produce tras un extenso proceso administrativo iniciado a comienzos de 2024, cuando el organismo detectó incumplimientos por parte de Lo de Néstor Ltda. “La cooperativa fue objeto de diversos requerimientos a partir del mes de marzo de 2024”, señaló el comunicado de la cartera que dirige Sandra Pettovello. Ante la falta de respuesta satisfactoria, se abrió “un sumario con suspensión de su operatoria, en el mes de septiembre de 2024, en el que tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa”. Aun así, según el comunicado oficial, “persistió en los incumplimientos, proceso que culminó en el mes de febrero de 2025 con la sanción de retiro de la autorización para funcionar y el rechazo posterior de los recursos deducidos contra la citada medida, habiéndose agotado la vía administrativa”.
"La entidad hizo caso omiso a todas las medidas adoptadas por la autoridad de aplicación“, resaltó el informe oficial. Además, se destacó la resistencia de los responsables para colaborar con los procedimientos de control y fiscalización. “Cabe destacar que la obstrucción al ejercicio de la potestad de la fiscalización que se trasluce en la falta de respuesta frente a las intimaciones efectuadas, conducta omisiva y contumaz que se mantuvo durante todo el proceso sumarial y dio como resultado la sanción impuesta”, se detalló.
Según Capital Humano, la “deliberada desobediencia y falta de apego al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la cooperativa, generan una seria obstaculización al control público y pone en evidencia el impedimento reiterado al ejercicio de la fiscalización pública”. Los responsables no presentaron la información requerida ante el Estado a pesar de reiterados pedidos y advertencias formales.
La cooperativa Lo de Néstor Ltda. recibió en el pasado “fondos del Estado durante el período 2020 a 2023”. No obstante, la “obstrucción a la potestad de fiscalizar del INAES imposibilitó analizar en forma íntegra que el destino de los mismos haya sido realizado respetando la ley de cooperativas y las normas de ese organismo”. Según el comunicado, la escasa documentación recibida por parte de la cooperativa “confirma que la entidad no dio cumplimiento a la normativa que obliga a pagar la retribución a los asociados en forma bancarizada, por ser una entidad que recibió fondos del Estado, conforme a lo establecido en el artículo 1º de la Resolución Nº 3107/18 INAES”.
El informe también subraya que la entidad mantuvo sus procesos administrativos sin la debida transparencia ante sus propios asociados y ante el Estado. “Además de ello, el último balance presentado es el correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2022, sin dar cuenta a los asociados, ni al INAES, de los ejercicios sociales cerrados a fines de 2023 y 2024”.
La intervención judicial implica el desplazamiento total del antiguo Consejo de Administración y de la Sindicatura de la cooperativa y pone el manejo de la entidad bajo control de una figura designada por el Poder Judicial. El Ministerio de Capital Humano afirmó que la medida busca garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y preservar el interés público en el manejo de fondos estatales asignados a entidades cooperativas
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