Caso YPF: los beneficiarios del fallo contra la Argentina presentaron sus argumentos para no demorar la ejecución de la sentencia

En las últimas horas, el proceso judicial por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo con la presentación de los beneficiarios del fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El documento busca evitar que el tribunal suspenda la orden de la jueza Loretta Preska, que obliga a la República Argentina a entregar las acciones de la petrolera intervenida en 2012 como parte de la sentencia ya firme. Las posiciones enfrentadas y las consecuencias legales de la decisión concentran la atención no sólo de las partes, sino también de actores del sistema financiero internacional.

El descargo que los beneficiarios del fallo presentaron constituye el eje de la estrategia judicial de quienes buscan que la decisión se cumpla de inmediato. En redes sociales, Sebastián Maril, director de Latam Advisors y referente en el seguimiento del litigio, desglosó los principales argumentos del escrito en una serie de publicaciones en su cuenta de X. Según Maril, el texto “explica que Argentina está lejos de demostrar de manera contundente que tiene ‘altas probabilidades de éxito en cuanto al fondo’ de su apelación por la entrega de las acciones de YPF”. Con esto, remarcan que la estrategia argentina no ofrece fundamentos sólidos ni presenta elementos suficientes que permitan anticipar una posible revocatoria de la sentencia.

La posibilidad de que Argentina sufra un “daño irreparable” también aparece en el centro de la discusión. Desde la postura de los demandantes, cualquier daño surge de las propias decisiones y acciones del Estado argentino. Maril citó que “Argentina no ha demostrado que sufriría un daño irreparable” y agregó, interpretando el criterio de los beneficiarios del fallo, que “cualquier perjuicio que alegue enfrentar es consecuencia directa de su propia conducta: sus reiteradas demoras y maniobras para eludir el cumplimiento de una sentencia que sigue vigente es únicamente por decisión de la propia República”.

Este señalamiento aparece como una de las bases principales para rechazar la suspensión. Los beneficiarios enfatizan que la negativa a actuar rápidamente, las dilaciones procesales y la falta de garantías propuestas a los acreedores son parte de una conducta deliberada de Argentina para resistir el cumplimiento de una sentencia que ya está firme.

Otro eje argumental reside en las consecuencias que enfrentan quienes ganaron el pleito si la Corte accede a la suspensión. Los beneficiarios sostienen que “la realidad es que los demandantes ya están siendo perjudicados por la situación actual: tienen una sentencia firme que Argentina se niega a cumplir y, al mismo tiempo, se rehúsa a ofrecer garantías en caso de que su apelación fracase”. Insisten en que el incumplimiento de la condena y la ausencia de una oferta de garantías ponen en una posición de indefensión a quienes hoy deben recibir las acciones de la petrolera.

El documento también aborda la dimensión del interés público involucrado en el caso. Los beneficiarios del fallo sostienen que mantener sin suspensión la medida de entrega de acciones refuerza la integridad y la previsibilidad del sistema judicial estadounidense y sus mercados financieros. Maril resumió el argumento al señalar que, según los demandantes, “el interés público favorece rechazar la suspensión” y aclaró que para ellos este interés resulta especialmente relevante “donde los inversores dependen del sistema judicial para hacer valer compromisos contractuales y preservar la integridad de los mercados de valores de Estados Unidos”.

Un detalle interesante del documento fue la aseveración, por parte de los demandantes, respecto a que no desean controlar ni retener las acciones de la petrolera argentina si el país triunfa en su apelación. Expresaron ante el tribunal que no buscan administrar YPF ni transformar el paquete accionario en un activo permanente, sino que aceptarán condiciones razonables para asegurar la devolución de las acciones, en caso de que los jueces revoquen la sentencia.

“Los demandantes no tienen interés en que las acciones se vuelvan irrecuperables en el (improbable) caso de que Argentina tenga éxito en su apelación, ni tienen interés en administrar una petrolera, por lo que aceptarían condiciones razonables para garantizar que la transferencia de acciones pueda revertirse fácilmente si resulta necesario”, aseguraron.

A partir de esta presentación, el proceso judicial ingresa en un tramo clave. Después del descargo de los beneficiarios, será el turno del Estado argentino, que prevé presentar sus propios argumentos para solicitar la suspensión de la ejecución el próximo 22 de julio. La estrategia oficial buscará convencer a la Corte de que existen motivos suficientemente sólidos para postergar la entrega de las acciones de YPF mientras continúa el trámite de apelación sobre el fondo del asunto.

El rol del Gobierno de los Estados Unidos adquiere particular relevancia en esta etapa. El Departamento de Justicia americano presentó prácticamente al mismo tiempo su amicus curiae en el que respalda la posición argentina.

El Departamento de Justicia se apoya, entre otras cuestiones, en el interés diplomático de Estados Unidos y en la doctrina de inmunidad absoluta de activos estatales extranjeros según la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA). Maril explicó que autoridades estadounidenses sostienen que “no hay indicios de que, al establecer excepciones al FSIA limitadas a la inmunidad sobre bienes ubicados en EEUU, el Congreso de los EEU. haya tenido la intención de eliminar la inmunidad para bienes situados en el extranjero”.

En la visión del gobierno norteamericano, el Estado argentino advierte que sin una suspensión “podría sufrir un daño irreparable” porque, si cumple con las órdenes de traspaso y entrega las acciones, “corre el riesgo de perder el control de ese activo (acciones YPF)”. El Departamento de Justicia también afirma que “una suspensión mientras dure la apelación no perjudicará a los demandantes”, reforzando así la posibilidad de que el tribunal decida acceder al pedido argentino.

Mientras tanto, los beneficiarios del fallo reiteran que el incumplimiento provoca un daño concreto al demorarse la transferencia de acciones y que la vigencia de la sentencia debe preservarse para garantizar la autoridad del sistema judicial estadounidense. En uno de los documentos del expediente, los beneficiarios especifican que aceptarían “condiciones razonables para asegurar que la transferencia de las acciones pueda deshacerse si resulta necesario”, sin resignar la necesidad de obtener certeza y resguardo para sus derechos ya reconocidos judicialmente.

La Corte de Apelaciones ya dispuso que las próximas etapas incluyan una conferencia para la producción de pruebas y un cronograma de presentaciones escritas, en un expediente que sigue abierto a nuevas definiciones. El cierre de plazos y las presentaciones aún pendientes concentrarán la atención durante los próximos días, a la espera de definiciones que podrían impactar sobre los mercados, las relaciones diplomáticas y el grado de cumplimiento de las sentencias firmes contra la República Argentina en los tribunales de Nueva York.