Solamente el 40% de los cuentapropistas hacen aportes al sistema jubilatorio

Más del 60% de los cuentapropistas en la Argentina no realiza aportes al sistema de seguridad social. Se trata de trabajadores independientes que no están registrados en el monotributo ni en el régimen de autónomos y, por lo tanto, no generan derechos jubilatorios ni acceso a coberturas como la obra social o los seguros por accidentes laborales. La cifra surge de un informe reciente elaborado por Fundar, que analiza en profundidad la informalidad laboral en el país.

El informe destaca que, si bien la informalidad en el trabajo asalariado ha sido medida de manera sistemática durante años, la medición en los sectores no asalariados —donde se incluyen cuentapropistas y patrones— es mucho más reciente. La inclusión de estos trabajadores en las estadísticas comenzó a tomar forma con mayor claridad a partir del cuarto trimestre de 2024, lo que permite contar hoy con datos más completos sobre el universo laboral informal.

De acuerdo con la definición utilizada en el estudio, un trabajador independiente es considerado formal si tiene una sociedad legalmente registrada y/o si realiza aportes personales al sistema previsional. Si no cumple con esas condiciones, es clasificado como informal.

Ahora bien, dentro de los trabajadores no asalariados, los cuentapropistas constituyen el grupo más numeroso. Allí, la informalidad alcanza al 62% de las personas. Es decir, seis de cada diez no están inscriptos en el sistema tributario ni realizan aportes que les permitan acceder a una jubilación en el futuro. En cambio, entre los patrones —aquellos trabajadores independientes que emplean a otras personas— la informalidad es inferior al 20%.

En términos absolutos, de los 8,8 millones de personas que trabajan en la informalidad en la Argentina, 3,3 millones no son asalariados. Dentro de ese grupo, la mayoría son cuentapropistas sin registro previsional. Un ejemplo típico es el de un albañil, un feriante o un vendedor ambulante que desarrolla su actividad de forma autónoma sin estar registrado en el monotributo ni emitir facturas.

El informe de Fundar señala que, sobre un total de 21,1 millones de personas ocupadas en la Argentina, 8,8 millones lo hacen en la informalidad. Esto equivale al 42% del total de trabajadores. De ese total, 5,5 millones son asalariados y 3,3 millones no asalariados.

Entre los asalariados —la categoría más numerosa del mercado laboral— el 36% trabaja en la informalidad, es decir, sin que su empleador realice aportes a la seguridad social. Este grupo incluye a empleadas domésticas, trabajadores de la construcción, empleados de comercios y otras actividades donde la informalidad sigue siendo elevada.

Por su parte, entre los trabajadores independientes la informalidad es aún mayor y alcanza al 57%. Tal como se detalló, dentro de esta categoría se encuentran tanto los cuentapropistas como los patrones, pero el grueso de la informalidad se concentra en los primeros.

El nivel de informalidad en el empleo varía considerablemente según el sector de actividad. En el sector público, por ejemplo, la informalidad es menor al 10%. En cambio, en el sector privado casi llega al 50%. A su vez, dentro del sector privado las diferencias también son marcadas.

Actividades como la minería, el petróleo o los servicios financieros muestran niveles de informalidad muy bajos, menores al 15%. En cambio, en sectores como el agro, la construcción, el servicio doméstico y la gastronomía, la informalidad supera el 60%. Esta diferencia está asociada a la estructura productiva de cada actividad, el tamaño promedio de las empresas, la regulación sectorial y los mecanismos de control existentes.

A nivel geográfico, la informalidad también muestra fuertes contrastes. Nueve de las doce provincias con mayores niveles de empleo informal asalariado se encuentran en el Norte Grande. En tres provincias (Salta, Santiago del Estero y Tucumán), más de la mitad de los asalariados no cuenta con aportes a la seguridad social.

Por el contrario, las provincias patagónicas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exhiben los menores niveles de informalidad. En Tierra del Fuego y Santa Cruz, por ejemplo, la proporción de asalariados informales es inferior al 20%. En la Ciudad de Buenos Aires, ronda el 25%.

Según el análisis de Fundar, existe una relación directa entre el nivel de desarrollo económico de las provincias —medido por el Producto Interno Bruto per cápita y la densidad empresarial— y la informalidad laboral. Las provincias del norte del país combinan un bajo PIB per cápita, una escasa cantidad de empresas por habitante y una estructura productiva concentrada en sectores con alta informalidad relativa, como la agricultura.

Además, el menor poder adquisitivo en estas regiones contribuye a que los consumidores recurran a circuitos informales de compra para abaratar costos, lo que, a su vez, desincentiva la formalización de los comercios y de sus empleados.

En contraste, las provincias del sur y CABA tienen una estructura económica dominada por grandes empresas —como las vinculadas al petróleo, la minería o la industria electrónica— donde la formalidad es la norma. Estas compañías también exigen que sus proveedores estén debidamente registrados, lo que genera un efecto multiplicador en la formalización del empleo indirecto. Asimismo, el mayor ingreso per cápita en estas regiones incentiva el consumo formal y contribuye a sostener una estructura laboral más integrada al sistema previsional.