A pocos días de la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte —un nuevo organismo que concentrará tareas de fiscalización sobre servicios públicos y concesiones viales y ferroviarias—, prorrogaron la intervención de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de la gestión de rutas nacionales, hasta la finalización del proceso de disolución y privatización de la sociedad.
La medida, formalizada mediante el Decreto 464/2025 y publicada el este jueves en el Boletín Oficial, extiende la designación de Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora y otorga al Ministerio de Economía la facultad de dictar normas complementarias para la implementación de la decisión.
La intervención de Corredores Viales S.A. había sido dispuesta originalmente por el Decreto 244/2025 del 1 de abril, en el marco de la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declaró a la empresa “sujeta a privatización”.
El nuevo decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, establece que la intervención continuará “hasta culminar el procedimiento establecido por el Decreto Nº 97 del 14 de febrero de 2025”, que autoriza la privatización total de la compañía bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje.
El texto oficial señala que durante la intervención se detectaron “falencias estructurales en la organización, deficiencias en el manejo de la administración, finanzas, compras y contrataciones de la sociedad, de la coordinación legal y de capital humano y en el relevamiento de activos fijos”. A raíz de este diagnóstico, se implementaron medidas para mejorar la gestión, como la aprobación de un nuevo organigrama, la creación de un Comité de Inversiones y la regularización del área legal.
El decreto destaca que, pese a los avances, “resulta necesario continuar con las medidas trazadas en el plan de acción previsto a fines de instrumentar las restantes acciones para consolidar las mejoras, renegociar contratos y asegurar que la transición sea ordenada y eficiente y no ponga en riesgo la continuidad operativa de los corredores”. El Gobierno justifica la prórroga por la “complejidad de estos asuntos”, que requieren un plazo mayor al inicialmente estimado para la intervención.
La continuidad de Anastasia Adem como interventora se fundamenta en los argumentos presentados por la propia funcionaria y en la necesidad de garantizar la ejecución del plan de acción. El decreto le otorga “las facultades que el Estatuto de la empresa intervenida le confiere al Directorio y/o a su Presidente y, especialmente, las establecidas por los artículos 3° y 4° del Decreto N° 244 del 1° de abril de 2025”.
El proceso de privatización de Corredores Viales S.A. se enmarca en los principios de “transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión”, según lo dispuesto por la Ley 27.742.
El Ministerio de Economía, con la asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, tiene a su cargo la implementación de las medidas necesarias para la disolución y liquidación de la sociedad.
El decreto también consigna la intervención de la ex Dirección Nacional de Vialidad y del servicio de asesoramiento jurídico del Ministerio de Economía en el proceso.
Cómo quedó la estructura de transporte tras el cierre de Vialidad Nacional
Luego del decreto de la semana pasada, la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte quedó como “la autoridad de aplicación para normas y actos administrativos en relación con la fiscalización de las concesiones viales” y revisará “los contratos de concesión, acuerdos de operación y permisos para servicios públicos de transporte automotor, urbano o suburbano, y ferroviario de pasajeros y cargas”.
El Ministerio explicó además cómo se distribuyen funciones de los organismos eliminados (Vialidad Nacional, Comisión Nacional de Regulación de Transporte y Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre otros).
Sobre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se aclaró que las competencias en licencias y políticas públicas de seguridad vial pasarán a la Secretaría de Transporte. Esto incluirá “la planificación, regulación, coordinación interjurisdiccional, sistematización de datos y gestión del Sistema Nacional de Licencias de Conducir”, junto con la fiscalización de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y las políticas públicas de seguridad vial en el ámbito federal. En tanto, “los controles y constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y demás espacios del dominio público nacional” fueron asignados a la Gendarmería.
El comunicado remarcó que “cada provincia mantiene su autoridad para establecer sus propias leyes y reglamentos en materia de tránsito”, aunque la Secretaría de Transporte elaborará “normas y recomendaciones generales para la mejora del sistema en todo el país y para la articulación entre distintas jurisdicciones”.
En cuanto a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), sus funciones se dividieron entre el Ministerio de Economía y la nueva agencia.
La cartera dirigida por Luis Caputo asumió las tareas de “estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias”. Mientras tanto, la nueva agencia, por su parte, gestionará “el planeamiento, ejecución, fiscalización y control de las concesiones viales en la red federal”, funciones que hasta ahora desempeñaba la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones de Vialidad Nacional. Además, se anunció la creación de un Consejo Vial Federal para coordinar obras viales con las provincias.
Las funciones de la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (CNTySV) fueron asignadas a la Subsecretaría de Transporte Automotor, encargada de “intervenir en la coordinación en lo relativo al tránsito de los vehículos afectados al transporte automotor interjurisdiccional” y de asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en materia de tránsito y seguridad vial vinculada a los servicios de transporte de pasajeros y cargas de carácter interjurisdiccional.
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