La Argentina no descarta apelar a la Corte Suprema de EEUU si se mantiene el fallo que ordena entregar las acciones de YPF

La República Argentina presentó esta tarde dos escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, en los que menciona la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos si no suspende, antes del 14 de julio, el fallo de primera instancia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación del 2012.

Así consta en los escritos presentados por los abogados del país en la Corte de Apelaciones a los que accedió Infobae en exclusiva. “El gobierno continuará defendiendo la soberanía nacional en todas las instancias posibles”, dijeron fuentes oficiales.

La Argentina presentó este 9 de julio una apelación contra la orden de la jueza Loretta Preska, del Segundo Circuito de Manhattan, que obliga al Estado a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado.

El requerimiento se hizo en la Corte de Apelaciones sin esperar la definición de Preska sobre el pedido de “stay”, una solicitud realizada días atrás por el equipo legal del Gobierno para suspender la ejecución del fallo mientras avanza la revisión del caso. El documento, registrado en los expedientes iniciados por Burford Capital y Eton Park, fue firmado por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa al país.

“Asimismo, en defensa de la soberanía y de los intereses del país, se acaban de presentar esta tarde, ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, los pedidos de suspensión de dicha orden. En ambos escritos se menciona que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos si la Cámara de Apelaciones no suspendiera la orden antes del lunes 14 de julio”, explicaron fuentes argentinas.

Preska ordenó hoy la realización de una audiencia de descubrimiento el próximo 15 de julio a las 10:00 (hora local) en la sala 12A del tribunal federal del distrito sur de Nueva York. La convocatoria responde a un pedido de los demandantes en el caso YPF, que buscan obtener información sobre entidades estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central, con el objetivo de avanzar en embargos.

Los beneficiarios del fallo que condenó a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF solicitan obligar al país a responder completamente una subpoena de información. Según documentos judiciales, el gobierno argentino ya presentó su respuesta al pedido de los demandantes.

En la presentación efectuada en el caso “Burford Capital/Eton” se destacan los siguientes argumentos, según consta en el escrito:

• "Violación del derecho internacional y de la FSIA: la orden de entrega de las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional".

• "Conflicto con el derecho argentino y afectación a la soberanía: la orden obliga a Argentina a actuar en violación de su propia ley (que prohíbe la transferencia de las acciones sin una mayoría calificada del Congreso) o modificar su legislación, afectando gravemente su soberanía y generando un precedente de injerencia judicial sin precedentes".

• "Daño irreparable para el país: de ejecutarse la orden, Argentina perdería el control mayoritario sobre su principal empresa energética, lo que serios daños al país y a YPF".

• "Falta de perjuicio para los demandantes: los actores no sufrirían ningún daño con una suspensión, ya que las acciones no pueden transferirse sin la aprobación del Congreso argentino".

• "Apoyo del gobierno de EE.UU.: el Departamento de Justicia estadounidense respaldó la posición de Argentina mediante una Declaración de Interés, advirtiendo que la orden viola principios fundamentales de inmunidad soberana y puede afectar relaciones exteriores e intereses diplomáticos".

• "Interés público y orden económico: la suspensión protege a YPF, a sus accionistas minoritarios, empleados, provincias productoras de hidrocarburos y la economía argentina en general. También evita que un tribunal de EE.UU. intervenga de forma apresurada y sin precedentes en la estructura soberana y económica de un Estado extranjero".

En la presentación efectuada en el caso “Bainbridge” se destacan los siguientes argumentos, según consta en el escrito:

• "Ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial: la orden de entrega de las accionse es inédita e ilegal porque exige transferir desde Argentina a EE.UU. acciones del Estado en YPF, en violación del principio básico de la FSIA que limita la ejecución a bienes del Estado extranjero ubicados y usados con fines comerciales en EE.UU".

• "Grave e irreparable perjuicio: la entrega de las acciones Clase A de YPF, que otorgan derechos exclusivos de control estatal (como vetos y aprobación de operaciones estratégicas), causa un daño institucional irreparable a la República, distinto y más severo que el del caso Burford".

• "Ausencia de perjuicio para Bainbridge: la suspensión no causa daño al fondo demandante, ya que las acciones seguirán inmovilizadas debido a restricciones legales argentinas (requieren ley del Congreso para su transferencia) y la propia orden judicial prohíbe cualquier cambio no autorizado".

• "Probabilidad de éxito en la apelación: ningún tribunal estadounidense había ordenado antes la ejecución sobre bienes soberanos localizados en el extranjero, y todos los precedentes de Cortes de Apelaciones exigen que los bienes estén en EE.UU. para ser ejecutables".

La demanda “madre” de este caso tiene que ver con la expropiación de YPF, que realizó el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. En 2023 y luego de ocho años de juicio, Preska declaró al Estado culpable de mala praxis expropiatoria y lo condenó a pagar USD 16.000 millones, principalmente a Burford Capital, es estudio que compró los derechos a litigar del caso a empresas que aseguran haber sido perjudicadas por la decisión.

Ese fallo condenatorio fue apelado y, en paralelo, la causa siguió tramitándose en el tribunal de Preska. En ese contexto, Burford realizó una serie de requerimientos -con el objetivo final de negociar con Argentina-, entre ellos quedarse con las acciones de la petrolera.

Como destacó Infobae en exclusiva ayer, el Gobierno espera otro fallo adverso en la causa. Podría ser que ahora, a pesar de haber apelado directamente a la Cámara, Preska pida garantías para conceder el stay.

Si eso ocurre, la cámara no resuelve la apelación antes del lunes y Argentina no pone activos en garantía, podría entrar en desacato (lo tiene que pedir los demandantes). Sería un golpe para la credibilidad del país en un contexto de apertura económica, búsqueda de regresar a los mercados internacionales de crédito e intento de que lleguen inversiones que dinamicen la economía.

Como detallo este medio, el Gobierno está convencido de que hay “buitres domésticos” que operan, por distintos motivos -políticos, coyunturales y económicos- contra Argentina.

“Alimentan los buitres con la mano. Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos”, prometen cerca del Presidente.

Apuntan a las declaraciones recientes de Axel Kicillof, gobernador bonaerense; y también a exfuncionarios, a estudios de abogados privados, a analistas e, incluso, a empresas que, aseguran, podrían mover intereses de manera insidiosa para hacer negocios en Vaca Muerta aprovechando una YPF que si bien está fuera de la causa podría verse afectada.

Además, como parte de la estrategia general, el Estado le pedirá ayuda al Gobierno de EEUU que opine en el caso, como ya ocurrió el año pasado, cuando Joe Biden era presidente. Otro de los pilares de la defensa, aseguran en Casa Rosada, será no negociar.

“No se negociará nada. La estrategia es judicial 100% en el estrado de Preska. Lo dijo el Presidente: se irá hasta las últimas consecuencias dentro de las instancias judiciales. Hay mucha especulación por una negociación porque hay muchos que se pueden llevar una gran tajada especulando. En esto están confluyendo poderes políticos, corporativos, del petróleo”, dicen en el Gobierno.