
Tras la decisión de Mercado Libre y Mercado Pago de diferenciar los cargos que le cobran a sus usuarios en función de los tributos que cobra cada provincia, el gobierno de Santa Fe lanzó esta mañana duras críticas hacia la compañía y vinculó los dispositivos de la billetera con conductas ilegales. Pero la respuesta de la firma de Marcos Galperín no tardó en llegar.
“Las declaraciones del ministro de Economía de Santa Fe buscan desviar la discusión con acusaciones infundadas y no resuelven el problema de fondo: la suba de Ingresos Brutos de la Ley Fiscal 2025 de su Provincia encarece la actividad de miles de emprendedores, PyMEs y comercios que todos los días trabajan para hacer crecer la economía local”, manifestó la empresa mediante un comunicado. Y afirmó, de forma contundente: “Difamar no baja Ingresos Brutos”.
El enfrentamiento público entre Mercado Libre y el gobierno de Santa Fe escaló en los últimos días tras la decisión de la plataforma de comercio electrónico de separar la carga impositiva provincial y nacional en sus servicios. La medida, que empezará a regir el 8 de julio, generó críticas desde la administración santafesina, que acusó a la empresa de tomar represalias y de incurrir en prácticas que facilitan actividades criminales.
La compañía que el objetivo de esta iniciativa consiste en que los usuarios comprendan cómo las alícuotas de Ingresos Brutos impactan de forma directa en los costos finales. Según la firma, las diferencias impositivas entre provincias alcanzaron niveles que alteran la competitividad y que encarecen las operaciones de los comercios más pequeños. “Hasta ahora, los cargos por vender eran iguales en todo el país, pero las diferencias cada vez mayores en las alícuotas terminan perjudicando a quienes trabajan y compran en aquellas jurisdicciones con menor carga impositiva”, explicó Mercado Libre.
La controversia tomó un giro más agudo cuando el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, publicó un mensaje en la red social X en el que vinculó los dispositivos de cobro Point con redes criminales. “Las fotos de los allanamientos en la provincia muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de Mercado Pago”, sostuvo el funcionario. Además, negó que la provincia hubiera incrementado la presión fiscal sobre la actividad de las plataformas. “Es falso que Santa Fe haya incrementado la carga tributaria a plataformas de venta online”, enfatizó Olivares.
En ese contexto, el ministro afirmó que el gobierno provincial reclamó a la empresa controles más estrictos para la entrega de los sistemas de cobro. Según sus palabras, esos dispositivos se utilizan con frecuencia en transacciones vinculadas al narcotráfico. “Este comunicado parece una represalia al reclamo que desde principio de año venimos haciendo para que realicen controles elementales a quienes les entrega dispositivos Point”, agregó.
Cuál fue la respuesta de Mercado Libre
La respuesta de Mercado Libre incluyó un rechazo contundente a cualquier asociación con actividades delictivas. “Rechazamos enfáticamente cualquier intento de vincular nuestra plataforma con actividades delictivas. Colaboramos activamente con las autoridades para prevenir delitos y garantizar la trazabilidad de las operaciones digitales”, expresó la compañía a través de un extenso comunicado oficial.
La empresa detalló que realiza acciones de monitoreo constantes mediante tecnología, inteligencia de datos y colaboración diaria con autoridades federales, provinciales y municipales. Según el mensaje, en mayo Mercado Libre implementó un plan de capacitación junto a la Policía de Investigaciones de Santa Fe con el fin de robustecer los mecanismos de prevención.

El comunicado también subrayó que cada jurisdicción define sus propias políticas impositivas y que la empresa solo traslada los costos derivados de esos tributos. “Difamar no baja Ingresos Brutos”, afirmó el texto. La firma sostuvo que las diferencias en las alícuotas de Ingresos Brutos alcanzan niveles que ya no permiten sostener un esquema uniforme de comisiones. La decisión de transparentar los impuestos, indicaron, responde a la necesidad de mostrar el peso fiscal que soportan quienes utilizan la plataforma.
En Argentina, las provincias aplican alícuotas que van de 3% a 9% sobre los servicios financieros. Santa Fe se ubica entre las jurisdicciones con mayores tasas impositivas, con un porcentaje que asciende al 9%, por encima del promedio nacional. Según la compañía, ese nivel de presión fiscal no solo encarece los productos y servicios que se comercializan, sino que también perjudica a los emprendedores que buscan formalizar sus negocios. Mercado Libre calificó este tributo como un “impuesto distorsivo que afecta a vendedores y consumidores, encarece los productos y servicios, va en contra de la formalización y genera mayores costos”.
La polémica emergió luego de un período en que la empresa experimentó un crecimiento acelerado de las operaciones digitales. La implementación de un esquema de comisiones diferenciadas implica que los costos para los vendedores disminuirán en algunas provincias y aumentarán en otras. Entre las jurisdicciones que, según la firma, tendrán un impacto positivo se encuentran Corrientes, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero y Río Negro. En cambio, en Córdoba, Santa Fe y Jujuy, las comisiones crecerán debido al peso de los Ingresos Brutos locales.
El intercambio de declaraciones reflejó un debate más amplio en torno al impacto de la presión fiscal sobre el ecosistema de pagos digitales y el comercio online. Según la información que proporcionó la empresa, las alícuotas de Ingresos Brutos se volvieron un factor determinante que explica la variación de costos entre provincias. La compañía explicó que su negocio depende de grandes volúmenes de operaciones y márgenes reducidos, por lo que un nivel excesivo de impuestos puede comprometer la sustentabilidad de la actividad.
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