Transparencia fiscal: cuáles son los nuevos impuestos que los comercios deberán incluir en los tickets

A partir del 1° de abril, comenzó a regir en todo el país el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, una herramienta que obliga a los comercios a discriminar en los tickets y facturas el peso de los impuestos indirectos nacionales -principalmente el IVA-, incluidos en los precios finales.

Sin embargo, el Gobierno nacional ya trabaja en una nueva etapa reglamentaria que busca ampliar el alcance del régimen a más tributos, en paralelo a una campaña de presión creciente sobre las provincias para que adhieran formalmente a la iniciativa.

Hasta el momento, la norma contempla el IVA, los impuestos internos y, de facto, también las estaciones de servicio incluyen el impuesto a los combustibles y al dióxido de carbono. Pero aún quedan afuera otros gravámenes nacionales como el impuesto al cheque, los tributos a la importación y otras cargas de incidencia indirecta. Pero para que estos puedan sumarse al esquema de información en los tickets de compra, se necesita una reglamentación complementaria que actualmente se encuentra en desarrollo dentro de las áreas técnicas del equipo económico.

La Ley 27.743, que da marco legal al régimen, establece que se invita a las provincias a adherir, pero por el momento sólo una lo hizo, a casi un año de sancionada la norma. Se trata de Chubut, la primera en formalizar su adhesión mediante ley, aprobada en abril. Sin embargo, aún no se está implementando porque requiere de una reglamentación local que defina quiénes estarán obligados y qué tipo de operaciones deberán contemplar el desglose de ingresos brutos y tasas municipales. Según pudo saber Infobae, Chubut está invitando a sus municipios a sumarse, aunque jurídicamente no resulta indispensable, precisó el presidente de la ONG Lógica, Matías Olivera Vila.

“Esto no implica una intromisión en autonomías provinciales ni municipales, ya que se trata exclusivamente de información al consumidor, y no de una modificación del sistema impositivo", remarcó el directivo, impulsor de la iniciativa que luego se transformó en Ley.

En paralelo, Entre Ríos avanzó en las últimas semanas con un proyecto de ley oficialista, presentado por el diputado Bruno Sarubi, del espacio que responde al gobernador Rogelio Frigerio. La propuesta ya cuenta con media sanción. Otras jurisdicciones, como Mendoza, Misiones, Catamarca y Ciudad de Buenos Aires le anticiparon a Lógica que se adherirían, pero aún no enviaron sus respectivos proyectos de ley a las legislaturas.

Desde el punto de vista técnico, las estaciones de servicio y los grandes supermercados ya cumplen con la obligación de exhibir el IVA y otros impuestos indirectos en los comprobantes. En el caso de comercios medianos, la situación es dispar, y en los pequeños, el cumplimiento todavía enfrenta obstáculos operativos. Quedan excluidos del régimen los monotributistas, por lo que los pequeños contribuyentes del régimen simplificado no están obligados a realizar la discriminación impositiva.

El régimen comenzó a aplicarse en enero de 2024 de forma limitada, sólo para grandes empresas. Desde entonces, la exigencia se extendió a todos los responsables inscriptos en el IVA que emiten facturas a consumidores finales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y de aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Estas pueden incluir la clausura del establecimiento por entre 2 y 6 días.

El nuevo paso reglamentario en preparación ampliará la nómina de impuestos incluidos en el detalle fiscal que acompaña a cada operación. Para ello, será necesario estimar la incidencia específica de tributos como el impuesto al cheque o los aranceles aduaneros en cada tipo de bien y servicio. Este trabajo técnico, según indicaron fuentes del proceso, implicará una segunda reglamentación específica, que ya está en estudio, aunque llevará tiempo.

El objetivo de fondo del régimen es fortalecer la conciencia tributaria de los consumidores. Desde Lógica señalan que la falta de visibilidad del componente impositivo en los precios fue funcional durante décadas a una estructura de gasto y presión fiscal que no recibió el control ciudadano que requería. “Esto ha sido funcional a que terminemos con los impuestos e inflación más altos del mundo”, advirtió en un comunicado Olivero Vila.

La ley también prevé que los precios exhibidos en góndolas y publicidad reflejen el desglose impositivo. Desde abril, esta obligación rige para los grandes comercios, tanto en locales físicos como en tiendas online. La adaptación tecnológica de los sistemas de facturación, como Facturador Móvil y Comprobantes en Línea, permitió avanzar en esa línea, aunque el cumplimiento todavía no es uniforme.

En cuanto al mapa federal, además de Chubut y Entre Ríos, otras provincias manifestaron su intención de adherir, aunque no avanzaron en mecanismos legislativos o reglamentarios. Entre las jurisdicciones que respondieron formalmente a la carta enviada por Lógica están Misiones, Mendoza, Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de Córdoba, no hubo una respuesta directa, pero la provincia dictó una resolución preparatoria para la adhesión.

El resto de las provincias mantuvo silencio total. Se estima que una vez cumplido el primer año de sancionada la ley, el próximo 8 de julio, la campaña para lograr adhesiones elevará su tono. “¿Qué es esta demora eterna? No tienen interés”, fue la frase que sintetizó el malestar ante el ritmo actual.

Hoy el promedio de adhesión es de una provincia por mes, una velocidad que para los promotores del régimen resulta claramente insuficiente. La estrategia de comunicación se basa por ahora en el envío de notas formales y en el seguimiento de segundas líneas técnicas en las administraciones tributarias, pero no descartan profundizar la exposición pública ante la falta de avances.

A futuro, la posibilidad de sumar nuevos tributos al detalle impositivo en los comprobantes depende de dos factores: la capacidad técnica del Ejecutivo nacional para estimar y reglamentar esas cargas, y la voluntad política de las provincias de acompañar con su propia legislación y reglamentación. Mientras tanto, en los grandes comercios de todo el país se pueden visualizar sin inconvenientes los impuestos nacionales ya incorporados.