Dólares bajo el colchón: el Gobierno estima una cifra equivalente a la deuda externa argentina

El Gobierno argentino anunció este jueves una serie de medidas destinadas a incentivar el uso de los “dólares del colchón”, esos ahorros en moneda extranjera que los argentinos atesoran fuera del sistema bancario. En ese marco, lo que más resuena es la impactante estimación que maneja el Ejecutivo sobre el volumen de esos fondos: la cifra sería comparable, en magnitud, a la totalidad de la deuda externa argentina.

Según declaró el presidente Javier Milei, en la Argentina existen entre 200.000 y 400.000 millones de dólares fuera del sistema, una cifra que representa entre el 33% y el 66% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta cantidad, equivale o supera además a toda la deuda externa privada argentina. De acuerdo al último informe de Balanza de Pagos publicado por el Indec, la deuda externa argentina asciende a USD 276.137 millones. Esto significa que, efectivamente, la cantidad de dólares atesorados por los ciudadanos es de una magnitud similar, o incluso superior, a la deuda que el país mantiene con el exterior.

El anuncio del Gobierno busca flexibilizar y eliminar regímenes de información de ARCA, que hasta ahora generaban un freno para la utilización de los dólares guardados “bajo el colchón”.

Entre las medidas más destacadas se encuentran la elevación de los montos a partir de los cuales se informan transferencias bancarias, acreditaciones en billeteras virtuales y extracciones en efectivo, así como la eliminación de la obligación de reportar operaciones de compra-venta de inmuebles y vehículos usados. El objetivo es claro: legitimar la “competencia de monedas” y propiciar que esos dólares se vuelquen a la economía, estimulando el consumo y la inversión.

“Tus dólares, tu decisión”, fue la frase utilizada por el vocero presidencial Manuel Adorni para definir la iniciativa, que busca brindar seguridad y confianza a los ahorristas, sin requerir explicaciones sobre el origen de los fondos. El Gobierno incluso trabaja en un proyecto de ley para “blindar” a los ahorristas ante posibles cambios de rumbo político y modificaciones en los regímenes penal y tributario.

La situación es clara, el Gobierno busca que los más de USD 200 mil millones que los argentinos tienen “escondidos” salgan a la luz y se inserten en la economía formal. ¿Cómo busca lograrlo? Con las medidas anunciadas este jueves.

Repasando, una de las decisiones centrales fue la derogación de varios regímenes informativos. Entre ellos, se eliminó la obligación de informar las compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, así como el “CITI de los escribanos”, que obligaba a reportar todas las operaciones notariales. También dejaron de estar vigentes los reportes por compraventa de vehículos usados, pagos de expensas desde $32.000, publicaciones de venta de inmuebles y consumos de servicios públicos como electricidad, agua, gas y telefonía.

Además, ARCA prohibió a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales como condición para operar. En caso de que una entidad insista con ese requerimiento, las personas podrán negarse y recurrir a Defensa del Consumidor. También se modificaron los umbrales de varios regímenes: los reportes por saldos bancarios mensuales se elevan a $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas; los plazos fijos a $100 millones y $30 millones respectivamente; las transferencias en billeteras virtuales ahora se reportan desde $50 millones y $30 millones según el caso. Las tenencias en sociedades de bolsa sólo se informan desde los $100 millones en el caso de individuos.

Los reportes por compras del consumidor final ahora se activan sólo cuando superan los $10 millones, tanto en efectivo como por otros medios de pago. En paralelo, Pazo anunció un nuevo régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que se centra únicamente en la facturación y los gastos deducibles, excluyendo los consumos personales y la variación patrimonial.