
El Gobierno dará a conocer este viernes el resultado de las cuentas públicas de abril, que podría arrojar otro balance superavitario para el sector público nacional, según esperan las estimaciones privadas. El Gobierno afrontará a fin de este mes una primera meta clave con el FMI: el acuerdo le requerirá estirar 1,5 billones de pesos más el ahorro primario.
En términos generales la proyección de superávit fiscal que trazó el Gobierno para este año es más exigente de lo que plantea el programa con el Fondo Monetario, por lo que es esperable incluso que los objetivos trimestrales reflejen a lo largo del año esa contracción del gasto.
Esto es así porque el día en que se oficializó el acuerdo con el organismo, el equipo económico dejó saber que esa meta expuesta en los documentos del programa con el FMI, que implicaban un excedente fiscal primario equivalente a 1,3% del PBI -unos 6,3 billones de pesos en total- era insuficiente para asegurar la estabilidad macro en un contexto de potenciales shocks internacionales.
Por eso la reforzaron hasta 1,6% del PBI, unos 7,7 billones de pesos. Esta semana, consultado sobre cómo podría el Gobierno lidiar con un cimbronazo global financiero, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró: “Lo que podemos hacer es más ortodoxia”. “Es lo que hicimos y no por pedido del Fondo Monetario”, dijo. “La única forma de no contagiarse es estar sólido y tener la macroeconomía ordenada. No nos vamos a mover un centímetro del orden macro”, insistió.
La recomposición de las retenciones al agro al nivel que tenían a principio de año antes de la rebaja temporal será una de las claves para poder alcanzar ese objetivo. El otro tendrá que ver con mantener a raya un grupo de gastos y profundizar el ajuste sobre otros, en un contexto en que el principal renglón de erogaciones, que son las jubilaciones y pensiones, está indexado a inflación.
Una tendencia en ese sentido se empezó a observar en los últimos meses y se acrecentó en abril, de acuerdo a cálculos hechos por consultoras privadas que siguen los datos fiscales.

De acuerdo con estimaciones de fuentes privadas, el gasto destinado a subsidios registró en abril una caída del 70% en relación con el mismo mes del año anterior. En el caso de la obra pública, el ajuste fue del 63%, mientras que el gasto en salarios se redujo cerca del 13 por ciento.
En términos agregados, la consultora Analytica, a partir de datos devengados publicados por el Ministerio de Economía, calculó que en abril el gasto primario mostró una disminución real del 5,6% frente al mismo mes de 2024. Se trató, según esa medición, del primer mes de 2025 en que el gasto se redujo en términos reales. En enero había subido 21%, en febrero 11% y en marzo, 4 por ciento.
Por áreas, Analytica identificó una fuerte baja en los subsidios a la energía, en torno al 70% interanual. Desde la consultora atribuyeron esa caída a “la quita de subsidios en las tarifas que se viene dando progresivamente desde el año pasado, que, un año después, llevó a un nivel más bajo”. También indicaron que “la quita progresiva va a seguir, en el fallido proyecto de presupuesto, era de las partidas que más ajustaba en 2025”.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), por su parte, analizó el comportamiento del gasto total en abril, que cayó 0,7%, y concluyó que los subsidios fueron el segundo componente con mayor impacto en la baja, después de los intereses de deuda, que mostraron una merma del 39 por ciento. Tanto la OPC como Analytica coincidieron en destacar el recorte en salarios del sector público, que según esta última consultora se ubicó en 12,8 por ciento.
Al observar el primer cuatrimestre de 2025, Analytica señaló que los principales rubros alcanzados por el ajuste en este segundo año de gestión de Javier Milei fueron los subsidios (-59,4%), la obra pública (-52,5%) y el gasto en sueldos de empleados públicos (-10,4%).
El informe de la OPC también estimó el resultado fiscal de abril y del acumulado del cuatrimestre, aunque advirtió que no se trata de cifras directamente comparables con los datos de la Secretaría de Hacienda. Mientras que los informes privados toman como referencia el gasto devengado —es decir, el comprometido—, el informe oficial se basa en el gasto pagado, o base caja. Esa diferencia metodológica explica la disparidad entre los cálculos públicos y privados.
Según la OPC, el superávit fiscal acumulado en los primeros cuatro meses del año alcanzó los 5,9 billones de pesos. La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) presentó un cálculo similar, con un superávit primario de 5,8 billones de pesos y un superávit financiero —que incluye el pago de intereses de deuda— de 3,6 billones de pesos.
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