En los últimos nueve meses 1,8 millones de hogares en la Argentina dejaron de recibir subsidios en sus tarifas de electricidad y comenzaron a pagar la energía a precio completo, es decir, sin bonificación. Este cambio fue el resultado del recorte implementado por el Gobierno de Javier Milei y de la baja en la inflación.
El dato surge de un análisis realizado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), basado en el padrón del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), presentado por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados en su informe de gestión. El estudio compara el período de julio de 2024 a abril de 2025. El documento muestra que estos usuarios fueron recategorizados desde ingresos bajos a ingresos altos, lo que implicó la pérdida total de los descuentos que recibían en sus boletas de luz.
En el caso del gas natural, también se registró un ajuste importante: 484.520 hogares fueron reclasificados como usuarios sin subsidio en el mismo período. Si bien el recorte en gas fue menor en volumen, el impacto económico es sensible, especialmente de cara al invierno.
Los datos del RASE indican que, en la actualidad, existen un total de 16.375.270 usuarios de electricidad en todo el país. Según el esquema vigente, los usuarios se agrupan en tres niveles: N1 (ingresos altos), que pagan la tarifa plena; N2 (ingresos bajos), que reciben asistencia; y N3 (ingresos medios), que obtienen un descuento menor y un bloque de consumo subsidiado más bajo.
Los usuarios reciben una “bonificación” sobre el precio de la energía que consumen (ya sea electricidad o gas), lo cual es uno de los componentes de la tarifa, junto con el transporte, la distribución y los ingresos. Según la programación establecida por el Gobierno, el descuento será de 65% para los N2 y 50% para los N3 a fin de año.
En términos numéricos, N1 comprende 6.918.821 hogares (42% del total), N2 suma 6.244.657 hogares (38,1%) y N3 tiene 3.211.792 hogares (19,6%) en el caso de la electricidad. Es decir, el 60% de los usuarios residenciales de Argentina reciben subsidios en ese servicio público. La electricidad es el servicio más representativo, dado que está presente en todo el país (mientras que muchas regiones no cuentan con red de gas natural) y explica casi dos tercios del gasto en subsidios que realiza el Tesoro.
El economista de IIEP, Julián Rojo, explicó a Infobae que la caída en la cantidad de beneficiarios se debe principalmente a que los usuarios N2 fueron categorizados automáticamente durante el gobierno anterior, debido a su inclusión en el beneficio de tarifa social provincial. La gestión Milei impulsó un reempadronamiento, y cerca de un millón de usuarios fueron reclasificados como N1 a finales del año pasado, al no haber realizado el reempadronamiento.
El gasto en subsidios al sector energético ascendió el año pasado a USD 6.252 millones, un 35% menos que en 2023, según la consultora Economía y Energía. “Su incidencia sobre el PBI fue del 1%, el nivel más bajo desde 2009. Mientras que en 2014 los subsidios a la energía representaban el 12,1% del gasto primario, en 2024 esa cifra se redujo al 6,5%”, detallaron.
“Entre enero y marzo de 2025, la tendencia a la baja continuó: los subsidios fueron de USD 370 millones, un 44% menos que en el primer trimestre del año pasado. Se proyecta que en 2025 los subsidios totales del sector caerán y representarán solo 0,7% del PBI, el nivel más bajo desde 2007″, añadió la consultora.
No obstante, el proceso de modificación del régimen será gradual. En principio, no se prevén cambios en lo que resta del año, a menos que se requiera acelerar el ajuste fiscal, según indicaron fuentes oficiales. En las últimas semanas, la Secretaría de Energía implementó una reducción escalonada de los descuentos en las facturas de electricidad y gas de los usuarios residenciales. La aceleración de la inflación en los últimos meses y la cercanía del calendario electoral son factores clave en la toma de decisiones.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, estará a cargo de poner en marcha el nuevo esquema. Ahora se suma la incógnita de si un tipo de cambio más alto, después de la salida del cepo, implicará que se reconozca un costo de la energía más alto que sea trasladado a las facturas finales o que sea cubierto con más subsidios.
Desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad aumentaron un 264% y las de gas un 622%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA-Conicet. Estos incrementos corresponden a hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no reciben subsidios.
La eliminación del actual esquema también es clave para cumplir otra meta establecida en el acuerdo con el FMI: avanzar en la reforma del mercado mayorista de electricidad para noviembre de 2025, con el objetivo de mejorar la competencia y aliviar la presión sobre la cadena de pagos del sector energético.
En ese sentido, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 21/2025, que habilita a las empresas a celebrar contratos libremente, sin la intermediación de la compañía estatal CAMMESA. La intención es recuperar un esquema de libre contratación similar al de los años noventa.
CAMMESA se volvió un actor central en el sistema energético en las últimas dos décadas, al comprar energía a las generadoras y vendérsela a las distribuidoras, que cobran a los usuarios. Como muchos hogares no pagan el costo real de la energía, el Tesoro compensa la diferencia mediante transferencias a la empresa estatal.
El nuevo modelo apunta a canalizar los subsidios directamente a los usuarios en sus facturas, lo que permitiría que compradores y vendedores celebren acuerdos libremente. Sin embargo, para que eso funcione, será necesario que las tarifas reflejen el costo real del suministro.
Paralelamente, la Secretaría de Energía está finalizando el proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) con transportistas y distribuidoras. Este mecanismo definirá un sendero de inversión, aumentos tarifarios y un esquema de actualización mensual. Se prevé una suba en términos reales, que se aplicaría en tres tramos. A cambio, Energía pedirá, especialmente a las distribuidoras del AMBA -Edesur y Edenor-, mejoras en los índices de cortes de suministro.
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