Los supuestos del acuerdo con el FMI que permitirían reducir el peso de la deuda pública

El documento del staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el acuerdo con Argentina proyecta una caída de la deuda pública nacional al 73,1% del PBI en 2025, desde un estimado de 85,3% en 2024. La cifra implicaría una baja significativa frente al pico heredado de la gestión de Alberto Fernández, que según los técnicos del organismo alcanzó a 155,4% del PBI, el máximo de la serie de 74 años.

Para lograr ese objetivo, en el análisis técnico, los funcionarios del organismo destacan que la estrategia oficial de financiamiento “continuará enfocada en reducir los riesgos de refinanciamiento en pesos mediante la extensión de vencimientos y el reemplazo gradual de instrumentos indexados por otros a tasa fija, a medida que avance el proceso de desinflación”.

Además, prevén que el cumplimiento del programa permitirá una caída del riesgo país y facilitará el regreso a los mercados internacionales en condiciones más sostenibles a partir de 2026. Fue ese desempeño macroeconómico de 2024 el que posibilitó una apreciación real del peso y, en consecuencia, un aumento del PBI medido en dólares, que superó ampliamente la variación de la deuda pública, explicada principalmente por intereses devengados y diferencias de cambio.

El staff advierte, sin embargo, que “sigue siendo crucial reconstruir de manera decisiva los colchones externos y volver a acceder a los mercados internacionales de capital de manera oportuna, con el objetivo de administrar mejor los vencimientos sin incrementar la deuda neta”. Para ello, considera que será necesario continuar con la búsqueda de financiamiento oficial adicional, tanto multilateral como bilateral.

El informe de los técnicos del FMI concluye que “sobre la base del compromiso oficial con el equilibrio fiscal y el logro del primer superávit primario en casi veinte años, el programa busca fortalecer la calidad y la sostenibilidad del ancla fiscal”. Para ello, el Fondo valora la continuidad de la disciplina del gasto, las medidas de eficiencia y las reformas del sistema tributario, de los esquemas de coparticipación y previsional. A la vez, recomienda preservar espacio fiscal para el gasto social prioritario y la inversión en infraestructura.

Ese escenario lleva implícito la apreciación del peso y un aumento sostenido del potencial de crecimiento de la economía que históricamente se estimaba en 3% a un rango de 4% o más y, por tanto, supone un crecimiento aún más dinámico del PBI medido en dólares que el previsto en la variación del saldo de la deuda pública, tanto por la capitalización de intereses de parte de los bonos en circulación, como por la necesidad de financiamiento de obras de infraestructura incluidas en el Acuerdo de Facilidades Extendidas.

Los datos de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) de octubre de 2024, elaborados sobre información de las misiones del FMI en cada país miembro, indican que Argentina se ha ubicado de forma recurrente entre los países con mayor carga de deuda pública como proporción del PBI.

En los últimos 74 años, el promedio fue de 43,1%, con registros inferiores al 10% solo en cuatro ejercicios (1960-1961 y 1967-1968). En seis ocasiones superó el 100% del producto: en 1989, entre 2002 y 2004, en 2020 y en 2023, este último, con el valor más alto de la serie.

Según un relevamiento de Infobae sobre una base homogénea de 65 países con un PBI superior a los USD 10.000 millones, desde 1983 Argentina figuró entre los cinco más endeudados, coincidentes con los momentos de mayor crisis del país. Fue el quinto en 1989, durante la hiperinflación que precipitó el final anticipado del mandato de Raúl Alfonsín; el segundo en 2002, tras el colapso de la convertibilidad y el default; y el cuarto en 2023, tras una política fiscal expansiva sin respaldo en reservas en el Banco Central.

Por el contrario, en los ciclos presidenciales que basaron la gestión en planes de estabilización y recuperación de la actividad agregada, tendió a alejarse de los primeros puestos, principalmente en los 90 y ahora, con algunas excepciones, como fueron las gestiones de Cristina Kirchner, donde se ingresó a uno de los ciclos más largos de estancamiento de la economía, y alejamiento de los mercados internacionales, tanto de bienes como de deuda.

Según el Institute of International Finance, Argentina fue en 2023 uno de los cuatro países emergentes con deuda pública bruta superior al 100% del PBI, junto con Sri Lanka, Egipto y Ucrania.

La entidad con sede en Washington subraya que la clave no está solo en el volumen de deuda, sino en su composición y la capacidad de refinanciarla. En este sentido, el giro hacia instrumentos en pesos a tasa fija que impulsa el Tesoro argentino es visto como una señal de intento de normalización financiera.

Si bien el sendero proyectado por el FMI plantea una mejora en los indicadores macroeconómicos, analistas advierten que la sostenibilidad de la deuda dependerá de variables sensibles como la evolución del tipo de cambio real, la recomposición de reservas, el crecimiento económico y la posibilidad de acceder a financiamiento externo sin sobresaltos. Así se posibilitaría no sólo la renovación de la mayor parte de los vencimientos de capital, sino también el cumplimiento del cronograma de pagos con los organismos internacionales.

Cabe notar que en Argentina los ciclos de mayor expansión de deuda pública coincidieron con los de crisis económico-financiera. Mientras que en gran parte de los países desarrollados o en desarrollo, el aumento del endeudamiento en términos de PBI refleja la capacidad de la Administración Central para asumir compromisos por su historial de alta capacidad de repago, como es el caso de Japón, por sólo mencionar al que históricamente ocupa el primer puesto.