Aranceles: el Gobierno cumple con uno de los reclamos de EEUU y simplificará la importación de bienes de capital usados

Por medio de un decreto, se eliminará el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para ingresar equipamiento y maquinaria usada al país. Lo confirmó el ministro Luis Caputo

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Una imagen del puerto de
Una imagen del puerto de Buenos Aires

Como parte de la negociación por los aranceles con EEUU, que está avanzada, según destacó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en su visita a Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno Nacional simplifica la importación de bienes de capital usados.

Se trata de uno de los puntos que figuran en el documento “Barreras al comercio exterior”, que EEUU actualiza todos los años y es elaborado por la Oficina del Representante de Comercio (USTR). Allí se identifican impedimentos de todo tipo que, según Washington, dificultan el comercio y la inversión entre ambos países.

Se trata de la hoja de ruta de la negociación entre ambas naciones. Argentina se comprometió a resolver rápidamente esas asimetrías.

La confirmación de Caputo llegó por medio de un largo posteo en X. Aquí, un resumen:

  • “El Gobierno Nacional elimina una medida burocrática con más de 30 años de vigencia que exigía la tramitación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para ingresar equipamiento y maquinaria usada al país”.
  • “A partir de ahora, quienes necesiten importar podrán hacerlo de forma automática, sin la necesidad de realizar trámites”.
  • “La medida elimina la intervención del Estado que demandó, sólo en 2024, la tramitación de alrededor de 1.500 expedientes”.
Scott Bessent y Luis Caputo,
Scott Bessent y Luis Caputo, esta tarde en Economía
  • “La norma beneficiará a los sectores que, al no tener la posibilidad de acceder a bienes de capital nuevos, podrán optar por importar bienes usados, para producir de manera más competitiva, incorporando tecnología a sus procesos productivos a un costo más bajo.
  • “También es un beneficio para los sectores estratégicos, como el minero, el energético o el hidrocarburífero, porque podrán contar con procesos ágiles para la importación de maquinarias usadas, sin la intervención del Estado limitando sus decisiones empresariales para llevar a cabo las inversiones”.
  • “Previo a esta modificación, la emisión del CIBU sólo se autorizaba si no existían fabricantes locales de bienes similares, lo que constituía una prohibición económica y contradecía el Decreto presidencial 70/2023 que determina que no se podrán establecer prohibiciones o cupos a las importaciones por motivos o fundamentos económicos”.

Negociaciones

Tras su reunión con Javier Milei, en una entrevista que le concedió a la cadena Bloomberg, el secretario de Tesoro de EEUU habló de los aranceles con Argentina, que siguen fijados luego del anuncio de Trump, y mientras rige un freno de 90 días para las otras tarifas que impuso a los demás países (todo por arriba de 10%, por el momento el recargo unificado para todos durante ese período de “tregua”).

Cuando le preguntaron a Bessent por el inicio de las negociaciones con distintos países tras el anuncio de suba generalizada de aranceles por parte de los Estados Unidos, entre ellos con la Argentina, mencionó: “Al igual que con todos los demás, les digo que den lo mejor de sí. Veremos qué hacen y partiremos de ahí”.

“¿Puede algún país llegar a cero?”, le preguntó la enviada especial de Bloomberg. “Ya veremos. No sé qué pasará con las negociaciones, porque tenemos un montón de obstáculos que superar: barreras comerciales arancelarias y no arancelarias, manipulación cambiaria y subsidios a la mano de obra y a las instalaciones”, dijo.

“Hay un amplio abanico de posibilidades”, agregó el secretario del Tesoro.

Como destacó este medio días atrás, el gobierno estadounidense señaló que Argentina mantiene prohibiciones sobre la importación de bienes usados o remanufacturados, como maquinaria agrícola, equipos médicos, neumáticos o autopartes. En muchos casos, sólo se permiten si son reacondicionados por el fabricante original, con trámites costosos y certificados exigidos por entes oficiales. Esta política, argumentaron, limita el acceso a bienes más económicos, perjudicando a sectores industriales y médicos que podrían beneficiarse de estos productos.