Cuál es el impuesto que más encarece los precios de los bienes y servicios en Argentina, según una encuesta empresaria

De acuerdo con la última encuesta anual de impuestos realizada por KPMG Argentina, el panorama fiscal del país continúa siendo un desafío significativo para las empresas. El informe, titulado “Impacto de los impuestos en la actividad económica y en los negocios desde la visión de las empresas”, revela que un 93% de los encuestados considera que el marco fiscal actual no fomenta la inversión, mientras que un 66% prevé que la presión fiscal se mantendrá en los mismos niveles en 2025.

Este estudio, que incluyó a más de 100 directores financieros y especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de diversos sectores, ofrece una visión integral sobre el impacto de los impuestos en la economía argentina. La encuesta abarcó sectores como el financiero, construcción, telecomunicaciones, logística, energía, agroindustria, manufactura y comercio y se estructuró en tres bloques temáticos: presión fiscal y su incidencia en precios e inversiones, el rol de los organismos administrativos y judiciales, y las perspectivas fiscales para 2025.

El objetivo del informe es aportar elementos que permitan avanzar hacia un sistema tributario sustentable que no obstaculice el desarrollo económico del país, según Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de la consultora, e

Uno de los hallazgos más destacados del informe es que el impuesto sobre los Ingresos Brutos sigue siendo percibido como el tributo que más encarece los precios de productos y servicios, según el 54,37% de los encuestados. Este impuesto supera ampliamente a otros como el de Ganancias (14,56%) y otros gravámenes menores, entre los que se incluyen el Impuesto País (ya eliminado, de todos modos), los derechos de exportación y las tasas municipales.

“De estas opiniones se desprende que es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda que haga foco en la productividad y en el desarrollo, sin apuntar a una readecuación de este gravamen y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales”, remarcó Quiroga Lafargue.

La acumulación de saldos a favor por pagos en exceso de este impuesto también representa un problema significativo. Un 82% de las empresas reportó tener saldos a favor de diversa magnitud, lo que genera una inmovilización financiera perjudicial para sus operaciones. Además, un 33% de los encuestados afirmó haber optado por no vender en ciertas provincias debido a la carga tributaria, un aumento considerable respecto al 20% registrado en la encuesta del año anterior.

El informe también destaca que la provincia de Buenos Aires continúa siendo percibida como la jurisdicción con mayor presión fiscal en el país. Este año, Misiones se posicionó en el segundo lugar, desplazando a la Ciudad de Buenos Aires al tercero. Tucumán, por su parte, ocupa el cuarto lugar en este ranking.

La carga fiscal provincial no solo afecta las operaciones de las empresas, sino que también limita las decisiones de inversión. Según el estudio, un 93% de los encuestados considera que las provincias no muestran interés en ofrecer incentivos fiscales para atraer inversiones productivas. Esta percepción, aunque ligeramente menor al 96% registrado el año pasado, sigue siendo un obstáculo importante para el desarrollo económico regional.

El marco fiscal argentino ha tenido un impacto directo en las decisiones de inversión de las empresas. Según el informe de KPMG, solo un 6,8% de los encuestados desarrolló planes de expansión en 2024, aunque este porcentaje casi duplica el registrado en 2023. Por otro lado, un 68% de las empresas indicó que mantendrá sus inversiones en 2025, mientras que un 18% prevé aumentarlas, una mejora respecto a los años anteriores.

En cuanto a los resultados impositivos, un 37,86% de los encuestados espera pagar más impuesto a las ganancias en 2025 debido a mejores resultados económicos en 2024. Sin embargo, un 33% anticipa reportar pérdidas impositivas, manteniendo una tendencia similar a la del año anterior.

El informe también evaluó la percepción de las empresas sobre la objetividad de los organismos administrativos y judiciales en materia fiscal. La Corte Suprema de Justicia obtuvo la mejor calificación con un puntaje de 6,15 sobre 10, mientras que el Tribunal Fiscal de la Nación recibió una valoración intermedia de 5,43. En contraste, la justicia provincial fue calificada con un 3,9, lo que refleja una baja confianza en su imparcialidad.

Entre los organismos de recaudación, ARCA (ex AFIP) mostró una mejora gradual en su calificación, alcanzando un 5,57 en 2024. Sin embargo, ARBA (Rentas de la provincia de Buenos Aires) obtuvo una valoración de 3,6, evidenciando una percepción negativa por parte de las empresas.

De cara a 2025, un 66% de los encuestados considera que la presión fiscal se mantendrá en los mismos niveles que en 2024, mientras que un 19% espera una disminución. Este cambio en las expectativas refleja un leve optimismo respecto a años anteriores, cuando la mayoría anticipaba un aumento en la carga tributaria.

En cuanto a las iniciativas fiscales más valoradas para facilitar la inversión, el replanteo del impuesto sobre los Ingresos Brutos fue la opción más votada por los encuestados. Este gravamen no solo es percibido como el más determinante en la formación de precios, sino también como un obstáculo para la seguridad jurídica y la competitividad económica.

El informe pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el sistema fiscal del país, desde la alta presión tributaria hasta la falta de incentivos para la inversión. Aunque algunos indicadores muestran señales de mejora, como el aumento en las expectativas de inversión para 2025, la percepción general sigue siendo crítica. Según Quiroga Lafargue, avanzar hacia un sistema tributario más equitativo y eficiente será clave para impulsar el desarrollo económico y la competitividad de Argentina en los próximos años.