La partida para jubilaciones y pensiones aumentó 30% en términos reales y representa el 40% del gasto primario del Gobierno

El equipo económico, en particular la Secretaría de Hacienda, fue disipando las críticas opositoras al gobierno nacional -incluso las de economistas independientes- por haber centrado su plan de ajuste para “desinflar” la economía en el recorte del gasto social, al mostrar en enero 2025 un aumento del 30,2% en valores reales, el cual venía precedido de sendos incrementos respecto de un año antes: 3,7% en noviembre de 2024 y 15% en diciembre.

Es cierto que en el primer trimestre de gestión el gasto previsional se había diluido por la aceleración de la tasa de inflación -alcanzando cifras de dos dígitos- y por los ajustes determinados según la anterior Ley de Movilidad, ante el rechazo de las fuerzas de la oposición a tratar un cambio en la fórmula de ajuste.

Dichos ajustes se basaban en una combinación del 50% de la variación de los salarios (medida por el índice Ripte -Remuneración Imponible para el Trabajador Estable- y el índice del Indec) y el 50% de la recaudación tributaria de la Anses por beneficiario, con un desfase de prácticamente un semestre. Esto se debía no solo a que la base de ajuste para los tres meses siguientes era la del trimestre previo, sino también a que la aceleración inflacionaria agravaba la pérdida de poder adquisitivo desde el momento de la aplicación de la actualización de los haberes.

A partir de abril, ante la resistencia del Congreso a modificar la Ley 27.069, vigente desde 2021, el presidente Javier Milei impuso por decreto un nuevo sistema de ajuste mensual, basado en la tasa de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec de dos meses anteriores, e incluyó un bono inicial de $70.000 para los perceptores de la mínima -monto que se mantuvo fijo-y una compensación adicional del 14% para el resto de jubilados y pensionados.

Como resultado de esta metodología y de la baja sostenida de la inflación -que aseguraba que los aumentos de haberes fueran ininterrumpidamente superiores a la variación de los precios al momento del pago por parte de la Anses- se fue reduciendo la pérdida de poder adquisitivo heredada, mientras que la participación de la partida en el gasto primario total (antes del pago de intereses de la deuda pública) fue incrementándose progresivamente.

Como consecuencia de ese movimiento, el perfil fiscal de este año -en el que la Casa Rosada se comprometió a sostener el déficit cero- se presenta de forma distinta al de 2024, que estuvo marcado por una importante licuación del gasto -principalmente previsional- en la primera parte del año, ajustes en transferencias a provincias, subsidios y obra pública, y por ingresos tributarios extraordinarios aprobados por el Congreso en el paquete fiscal de la Ley Bases, tales como el blanqueo, la moratoria, el incremento del Impuesto PAIS y el retorno de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

En cambio, 2025 inició sin algunos de esos elementos en el lado de los ingresos, ya que se eliminó el Impuesto PAIS y también los recursos tributarios “por única vez” asociados al blanqueo, mientras que, en el lado del gasto, la partida social incrementa su participación.

En enero, la partida destinada a jubilaciones y pensiones aumentó un 30% en términos reales respecto al mismo mes del año anterior, a pesar de que los perceptores con bono fijo de $70.000 registraron una pérdida de poder adquisitivo del 3,4%, mientras que el resto experimentó una mejora real del 8,8% -el promedio ponderado total de esos dos segmentos se estima apenas incrementó un 0,6 por ciento-.

Además, su incidencia en el gasto primario total alcanzó casi el 40%, al incluir desde noviembre 2024 el pago de sentencias en firme retrasadas que había anunciado el Presidente a mediados del año. “Anses ha comenzado a pagar ajustes del haber mensual en sentencias firmes (sin retroactivo, que luego se resuelve con embargo judicial). Aún hoy, 1 millón de jubilados podrían cobrar más si su caso fuera analizado”, había contado la abogada previsionalista Andrea Falcone vía su cuenta de X. Mediante un video, la experta contó en noviembre que está viendo por primera vez este mes los ajustes provisorios que está haciendo Anses en sentencias que ya están firmes.

Asimismo, la partida ejecutada destinada al pago de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) se mantuvo expansiva, llegando a cubrir plenamente el costo de la Canasta Básica Total para un menor. Esta partida aumentó un 42,6% y pasó a representar el 4,7% del gasto primario de la Administración Central.

Desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza, la incidencia de la partida previsional en el total de las obligaciones del sector público no financiero se incrementó en 11,4 puntos porcentuales, y la de la AUH en 3 puntos porcentuales.

A partir de ese momento, algunos economistas alertaron sobre los nuevos límites que enfrentará el Gobierno para mantener el equilibrio de las finanzas públicas, pues consideraron que no será posible sostener, a niveles mínimos, las transferencias discrecionales a provincias ni la ejecución de obras públicas, debido a las notables carencias de infraestructura heredadas de administraciones anteriores.

No obstante, se advierte que en 2025 surgirán nuevos impulsores en el lado de los ingresos:

1. Reactivación de la actividad económica, prevista en 5% -aunque en el ámbito oficial se estima que podría ubicarse varios puntos porcentuales por encima-, con efecto expansivo en la recaudación de IVA, Ganancias e Impuesto al Cheque.
2. Aumento del empleo en el sector privado y su impacto en la nómina de aportantes al sistema previsional -la Encuesta de Indicadores Laborales ha registrado tres meses consecutivos de incremento en las expectativas netas de creación de puestos para el trimestre siguiente-.
3. Suba real de los salarios, evidenciada por el índice del Indec y el Ritpe desde diciembre respecto del año anterior.
4. Superávit consolidado de las empresas públicas, que dejó de ser una excepción y contrasta con el elevado déficit registrado hasta septiembre del año pasado.
5. Disminución del impuesto inflacionario.

La evolución de estos factores y su interacción marcarán la dinámica del perfil fiscal del segundo año de gobierno de Javier Milei, aspecto que continuará siendo objeto de análisis en el debate económico, por su efecto sobre la mejora de las expectativas de los consumidores y de la tasa de inflación.