El Gobierno Nacional pondrá en marcha importantes modificaciones a la Ley Nacional de Tránsito, abarcando varios aspectos clave del sector automotor.
Entre las novedades más esperadas se encuentra la revisión de los plazos para la Revisación Técnica Obligatoria (RTO), conocida en algunas regiones como Verificación Técnica Vehicular (VTV). Con la nueva resolución, los vehículos particulares nuevos deberán realizar su primera inspección técnica a los cinco años (60 meses) de haber sido registrados como cero kilómetro.
Este miércoles se supo que, a diferencia de lo anunciado en la víspera, los que tengan entre 5 y 10 años deberán hacer la VTV cada 24 meses y recién a partir de los 10 años de antigüedad se deberán inspeccionar todos los años como es actualmente.
Mientras tanto, para los vehículos de uso comercial, la inspección se exigirá una vez concluido el segundo año manteniendo los plazos cada dos años hasta los diez años de antigüedad.
Es importante destacar que, dado que estas modificaciones están sujetas a la decisión de cada jurisdicción provincial, corresponderá a los estados adherirse o no a estos cambios. El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó el proceso actual como “engorroso y muy costoso” y, en respuesta, se plantea descentralizar las verificaciones técnicas: además de las dependencias estatales, se podrán realizar en concesionarias oficiales y talleres particulares habilitados.
Por las rutas
En otro ámbito, el Ejecutivo oficializó la transformación del sistema de peajes en todas las rutas nacionales, reemplazando las tradicionales cabinas por un modelo sin barreras.
Asimismo, se confirmó la eliminación del doble trámite que exigía homologar un vehículo nuevo para circular en Argentina. Anteriormente, era necesario obtener tanto la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) emitida por el INTI como la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) gestionada por la Subsecretaría de Medioambiente. Con la nueva medida, aquellos modelos fabricados bajo normas internacionales contarán con un proceso de homologación semiautomático. En los casos en que las certificaciones sean de origen nacional, se implementará un mecanismo más ágil que garantice una homologación equivalente.
Otras dos reformas ya adelantadas se incorporarán en el decreto que se publicará próximamente en el Boletín Oficial. Una de ellas consiste en eliminar la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), conocida como “Registro Moyano”, y transferir a las jurisdicciones la responsabilidad de emitir las licencias nacionales profesionales interjurisdiccionales para conductores de categorías C, D y E. Además, se autorizará a entidades públicas y privadas –con la correspondiente habilitación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)– para dictar cursos de capacitación.
Por otro lado, se precisó que el cambio de domicilio en el DNI no invalidará la Licencia de Conducir, la cual seguirá siendo válida hasta su fecha de vencimiento. Aunque, por el momento, no se contempla la eliminación del vencimiento en las licencias particulares, esta opción podría ser considerada en un futuro paquete de reformas.
Medidas para automotrices
El vocero Adorni también anunció que se permitirá la importación de todo tipo de autopartes, lo que llevará a eliminar la actual Certificación de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS). Según explicó, esta medida no comprometerá la seguridad, y la reducción en el costo de los repuestos evitará la práctica de “atar con alambre”, contribuyendo así a mejorar la seguridad de los vehículos.
Finalmente, se incluyeron los vehículos autónomos en la Ley Nacional de Tránsito. Esta medida, de impacto a futuro, prepara el marco legal para que, una vez que esta tecnología alcance niveles de seguridad comprobados, pueda integrarse al parque automotor nacional.
El detalle completo de la nueva normativa se conocerá cuando el decreto se publique en el Boletín Oficial. Según el Gobierno, estas modificaciones buscan optimizar los controles y agilizar los trámites administrativos para conductores y empresas. A su vez, la eliminación de ciertos requisitos pretende reducir costos y simplificar procesos. Con la publicación del decreto, se espera conocer en detalle cómo se implementarán estas medidas y qué impacto tendrán en las distintas jurisdicciones.
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