Los demandantes del juicio “cupón PBI” ejecutaron una garantía por 313 millones de euros que Argentina había depositado en marzo mediante una Carta de Crédito emitida por el banco Santander. No se ha dado a conocer públicamente la composición de dicha garantía, pero los especialistas aseguran que se trata de efectivo, o bien, de Letras de rápido cobro.
“De cualquier forma, es dinero líquido para los inversores”, explicó Sebastián Maril, de Latin Advisors.
En 2023, la justicia británica condenó a Argentina a pagar alrededor de USD 1.500 millones (1.300 millones de euros más intereses) a bonistas que reclamaban el pago del Cupón PBI. Tras varias idas y vueltas, se estableció un plazo de 45 días para que Argentina pague lo adeudado. El plazo definitivo se cumplió el 6 de diciembre y Argentina no pagó. Por eso, el 14 de enero la Corte de Apelaciones solicitó una orden pidiendo al Banco de Santander que se ejecute la garantía de USD 313 millones.
Lo positivo para el Gobierno de Milei, es que la ejecución de la garantía no tendrá impacto sobre las reservas del Banco Central. “El impacto se sintió el año pasado, cuando se conformó la garantía. Ahora resta que se paguen los otros USD 1.400 millones que están pendientes. Posiblemente, las partes estén en negociaciones, porque no se ha ordenado ningún embargo en contra de la Argentina”, comentó Maril.
Por lo pronto, el Gobierno nacional no se ha pronunciado luego de la ejecución de la garantía, pero el presidente Milei se expresó en su cuenta de X cuando la justicia británica dictó el fallo desfavorable para la Argentina. “La manipulación de los datos del INDEC que hizo el kirchnerismo nos habría costado 1.330 millones de euros. Pasó una década y los argentinos seguimos pagando el desastre que hicieron los inútiles e ignorantes que nos gobernaron”, publicó.
Para Sebastián Maril, lo mejor que puede hacer Argentina es pagar, sin mayores rodeos. “En 2025, Argentina deberá comenzar a tratar los fallos de los litigios internacionales como activos y dejar de mirarlos como pasivos. Cerrar estos juicios ayudará a mostrar al mundo que, finalmente, empezamos a cumplir con los contratos y comprometernos a respetar el Estado de Derecho, pilar fundamental para atraer inversiones. Los beneficiarios de sentencias, por su lado, deberán entender que, ayudando a Argentina, se estarán ayudando a ellos mismos”, publicó en su cuenta de X.
La presentación de la demanda
La demanda fue presentada por cuatro fondos de inversión, entre ellos Palladian Partners LP, que poseían alrededor del 48% de los bonos emitidos entre 2005 y 2010. Estos fondos demandaron a Argentina en 2019, y el Tribunal Superior de Londres falló a su favor en 2022, dejando al país con una obligación de pago de 1.330 millones de euros más intereses.
El conflicto se originó en 2019, cuando estos cuatro fondos presentaron una demanda reclamando el pago relacionado con los bonos “Cupón PBI”, emitidos por la Argentina tras la reestructuración de la deuda en 2005. Según los términos del acuerdo, si el Producto Bruto Interno (PBI) crecía más del 3,3% anual, los acreedores recibirían un pago adicional.
La demanda fue consecuencia de la intervención del Indec en 2007, cuando el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, manipuló los datos de inflación. En 2013, el Indec cambió el cálculo del PBI, informando un crecimiento del 3,2%, lo que evitó el pago a los acreedores. Esto desencadenó la demanda de los cuatro fondos.
Tras esa modificación, el Indec informó que la Argentina creció menos de 3,22% del PBI ese año, cuando previamente, con la anterior base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese entonces, el gobierno de Cristina Kirchner se ahorró de pagar más de USD 3600 millones de intereses.
Desde la Procuración del Tesoro, afirmaron que este litigio es el quinto en importancia por el monto demandado y se refiere a instrumentos de deuda vinculados al PBI denominados en euros y regidos por ley inglesa. Además, precisaron que la República Argentina está analizando con sus asesores legales las consecuencias de esta determinación de la Corte Suprema del Reino Unido.
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