Más sectores piden alivio fiscal: el reclamo de los supermercados para que los alimentos cuesten menos

Tras la reducción de impuestos que anunció el Gobierno en las últimas semanas para el campo y la industria automotriz y de motos, otros sectores se sumaron al reclamo para que la rebaja impositiva se extienda a sus actividades. Concretamente, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) manifestaron su apoyo a la reducción del gasto público y la disminución de tributos pero al mismo tiempo pidieron una menor presión fiscal en productos de consumo masivo, especialmente en los alimentos.

A su vez, desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que nuclea a las principales cadenas nacionales, manifestaron su preocupación “por el incremento de los tributos a nivel provincial y municipal que en forma desmedida y abusiva se han sancionado en las últimas semanas”.

“Aumentos de tasas que triplican o cuadriplican la inflación, creación de nuevas tasas municipales, incremento de alícuotas del ya de por si regresivo impuesto provincial de Ingresos Brutos, sancionar tasas por servicios que otra norma impone a la empresa gestionar privadamente y a su cargo, la utilización de las Tasa de Seguridad e Higiene como un pseudoimpuesto municipal en violación de la ley, son solo algunos ejemplos de esta situación, que erosiona los esfuerzos del Gobierno Nacional en materia fiscal y económica y sobre todo golpea la economía de las familias de nuestro país”, indicó ASU mediante un comunicado.

En el caso de CAS y FASA, enviaron una carta al presidente Javier Milei y a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger, en la que manifestaron su apoyo a las medidas implementadas hasta ahora, pero alertaron sobre la fuerte presión fiscal que sigue impactando en los precios finales que pagan los consumidores.

En la misiva, los representantes del supermercadismo nacional destacaron medidas recientes como la eliminación y reducción de impuestos aplicados a automóviles y motocicletas, así como la rebaja de retenciones a las exportaciones agrarias. Sin embargo, señalaron que es imperativo extender esta política a los bienes de consumo masivo.

Según CAS y FASA, en la mayoría de los casos, los consumidores afrontan una carga impositiva cercana al 50% en los precios de los productos esenciales. En este sentido, las entidades instaron a gobernadores e intendentes a reducir impuestos provinciales y municipales como Ingresos Brutos y diversas tasas, que consideran “distorsivas” y sin contraprestaciones adecuadas.

“Es mucho lo que queda por hacer, comenzando por una carga perniciosamente distorsiva como es Ingresos Brutos, y continuando con tasas municipales y otras formas de recaudación que sólo sirven para obtener fondos, sin brindar una contraprestación equivalente por parte de los municipios. Por eso, desde nuestro sector pedimos a los gobernadores e intendentes que reduzcan sin dilaciones las cargas tributarias, para que la gente pueda acceder a los productos que necesita sin una desmedida presión fiscal, como la actual, que aumenta sus precios injustificadamente”, dice la carta del supermercadismo.

Y agrega: “Estamos enfrentando tiempos decisivos para terminar con la decadencia del país. Se ha dado un gran paso con la reducción de la inflación, pero es fundamental avanzar con mayor rapidez en la baja de la presión fiscal sobre los alimentos, que impacta con más fuerza en los sectores más vulnerables”, señala el documento enviado al Ejecutivo.

Varias entidades salieron públicamente a respaldar las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimas días y aprovecharon para insistir en la necesidad de que las provincias y municipios avancen por el mismo camino. También los propios funcionarios nacionales insistieron con este mensaje públicamente.

Desde su asunción, Javier Milei implementó una serie de reformas económicas con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Una de las principales medidas fue el ajuste del gasto público, que permitió alcanzar en enero y febrero los primeros superávits fiscales en más de una década.

En materia impositiva, y a partir de este logro en materia fiscal, el gobierno avanzó recientemente con la reducción temporal de retenciones a las exportaciones agropecuarias, en busca de incentivar las ventas externas y aumentar la oferta de dólares en el mercado. Además, se eliminaron y redujeron gravámenes en el sector automotriz, con el objetivo de dinamizar el consumo en un mercado golpeado por la recesión.

El pedido de reducción impositiva no solo se limita a los productos de consumo. Días atrás, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) advirtió que los altos impuestos sobre los créditos personales están agravando la situación económica de los sectores más vulnerables.

Según un informe de la entidad, la estructura fiscal de los préstamos eleva significativamente el costo financiero, al incluir:

• IVA del 21% sobre los intereses
• Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (1,2% por cada operación)
• Ingresos Brutos provinciales, que en Buenos Aires alcanzan el 9%
• Retenciones de Ganancias, que varían entre el 5% y el 35%
• Tasas municipales, que promedian el 5% a nivel nacional

CADAM alertó que de cada $1.000 obtenidos en un crédito, casi la mitad termina destinándose al sistema impositivo, lo que reduce significativamente el poder adquisitivo de los consumidores y perpetúa su exclusión económica. En este sentido, la entidad solicitó a los gobiernos provinciales y municipales que adhieran al nuevo Régimen de Transparencia Fiscal, vigente desde el 1 de enero, para coordinar medidas de alivio tributario.