La Corte Suprema de EEUU falló contra la Argentina y fondos de inversión podrán ejecutar embargos por más de USD 300 millones

La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la apelación solicitada por la República Argentina para evitar un fallo adverso que habilita a un grupo de acreedores a embargar activos soberanos por un monto estimado en 310 millones de dólares. Estos activos, depositados en una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal de Nueva York, están asociados a los bonos Brady, emitidos en la década de 1990 y vencidos en marzo de 2023.

“Los acreedores pronto tomarán posesión de USD 310 millones depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York en los EEUU, Alemania y Suiza. Esta es la segunda derrota de la República Argentina ante una Corte Suprema en los últimos 3 meses. En Octubre, la Corte Suprema del Reino Unido falló en contra del país en el caso Cupón PBI”, escribió Sebastián Maril, de Latin Advisors.

“Ahora los beneficiarios del fallo enviarán un pedido de embargo a la Jueza Loretta Preska para que ella lo autorice y esa autorización sea presentada en las mesas de entrada de la Reserva Federal de Nueva York, en las sucursales que tiene Nueva York, en la Alemania y no sé en qué parte de Suiza. Con eso ya tomarán posesión de los 310 millones de dólares, pero eso no cubre la totalidad del pago, que es cerca de 450 millones de dólares”, explicó Maril.

Según detallo Maril a Infobae, se trata de un grupo de cinco o seis fondos, holdouts, que aún no cobraron una vieja la sentencia del juez Thomas Griesa. Como Argentina no pagó, en conjunto tienen 450 millones de dólares en demandas y en sentencias firmes. Habían pedido el embargo del colateral de los bonos Brady que Argentina aún tiene en la Reserva Federal de Nueva York, USD 250 millones; y en Basilea, unos 58 millones de euros.

La defensa argentina sostiene que estos activos son propiedad del Banco Central de la República Argentina y no del Estado, lo que los eximiría de ser utilizados para el pago de deudas soberanas, según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de los Estados Unidos. Además, argumenta que los títulos en cuestión no pueden ser considerados como parte de una actividad comercial, otro elemento que, de acuerdo con la legislación internacional, debería garantizar su inmunidad frente a embargos.

La jueza Preska, sin embargo, rechazó estos argumentos. En su fallo de agosto de 2022, ratificado este año por la Corte de Apelaciones, sostuvo que los derechos de reversión asociados a los bonos Brady pertenecen al Estado argentino, no al BCRA. Además, argumentó que estos activos se utilizaron previamente en actividades comerciales, invalidando el reclamo de inmunidad.

“La Argentina ha utilizado los derechos de reversión en al menos dos oportunidades previas. Aunque el país afirma que no existió un uso comercial, esta afirmación carece de fundamento”, expresó la jueza en su fallo.

El 10 de marzo de 1989, Nicholas Brady, secretario del Tesoro de EEUU, lanzó una iniciativa para rescatar a los países emergentes del default de la década del 80, cuyos acreedores eran los bancos comerciales y pasaron a ser cientos de miles de bonistas en todo el mundo. La Argentina se sumó a este plan el 6 de diciembre de 1992 y cuatro meses más tarde se realizó el canje de la deuda bancaria por los nuevos títulos de deuda pública.

“O entra en default o paga con reservas del Banco Central. Los problemas hay que solucionarlos: ni Macri ni Alberto los terminaron de solucionar y por eso crecen, como crecen los intereses por las deudas impagas”, sostuvo el experto.

Se trata de deuda que entró en default a fines del 2001 con la cesación de pagos declarada por el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá en la explosión de la convertibilidad y que no fue reestructurada en los canjes del 2005 y 2010. Tampoco aceptaron el acuerdo del 2016 formulado por Macri ni el canje del 2020 llevado adelante por este gobierno.