En el primer año de gestión de Javier Milei, en línea con el fuerte recorte en las cuentas públicas nacionales, todas las provincias hicieron ajustes presupuestarios y cerraron el primer semestre con superávit primario. Además, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires, las jurisdicciones mostraron una variación positiva interanual del gasto primario nominal, pero en términos reales se evidenció una caída.
De acuerdo al análisis de ACM, en base al Indec, en el primer semestre del año pasado la sumatoria de las provincias terminaron con un superávit primario de 2,3% y en el mismo período de este año finalizaron con 14,4%, lo que significa una variación de 12,1% interanual. Las provincias con mayor variación positiva nominal del gasto primario en relación al mismo período de 2023 son Jujuy (47,7%), San Luis (47,3%), San Juan (36,1%), Santiago del Estero (31,9%) y Tucumán (31,4%).
En la primera mitad de 2023, hubo 13 provincias que terminaron con déficit primario, pero este año todas revirtieron la tendencia y ninguna finalizó el semestre en rojo. En siete de esas jurisdicciones el déficit fue heredado de gestiones anteriores y los nuevos mandatarios lograron un saldo positivo.
Se trata de las provincias de Entre Ríos (Rogelio Frigerio la recibió con -0,8% y la llevó al 4,5% de superávit primario), Chaco (el año pasado terminó con -0,1% y con Leandro Zdero llegó al 8,9%), Santa Fe (Maximiliano Pullaro la heredó con -2% y pasó a 8,3%), Neuquén (Rolando Figueroa la recibió con -1% y la llevó a 20,7%), Tucumán (con Osvaldo Jaldo pasó de -6,8% a 24,6%), San Juan (Marcelo Orrego la llevó de -3,7% a 32,4%) y San Luis (Claudio Poggi asumió con -22% y a mitad de año se encontraba en 25,4%).
En este contexto, Francisco Ritorto, economista de ACM, en primer lugar, destacó que las provincias suelen presentar un balance fiscal primario más equilibrado que Nación y afirmó que la consolidación responde sobre todo al proceso inflacionario que licuó el gasto, teniendo en cuenta que en las provincias se destina una gran proporción del presupuesto a salarios públicos y a diferencia de lo que sucede a nivel nacional, el ajuste no es automático, por lo que hay una mayor discrecionalidad en ese sentido.
“El gasto en personal también incluye las cajas previsionales, donde el recorte fue de aproximadamente 1 billón de pesos, que implica cerca del 10% del ajuste fiscal que se evidencia en las provincias. Otra de las razones que explica el superávit son los recortes en las erogaciones de capital (obra pública). Así, el recorte en el gasto de personal y de capital representó el 70% del ajuste que hicieron las provincias en total”, señaló el especialista.
Al mismo tiempo, resaltó que las provincias en donde se vieron los mayores ajustes son aquellas en las que la mayor proporción del gasto se destinaba a obra pública, debido a que el gasto de capital es discrecional y, por lo tanto, hay una mayor flexibilidad y margen de maniobra.
Por su parte, de acuerdo a Politikón Chaco, las provincias realizaron en los primeros 6 meses del año un ajuste del gasto público de USD 7.495 millones. La consultora destacó que la “motosierra” pasó principalmente por salarios del personal, obra pública y transferencias a municipios.
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe concentraron casi el 60% del ajuste que realizaron las 12 jurisdicciones analizadas por la consultora, las cuales finalizaron con superávit fiscal. Pero todas mostraron una caída en el gasto público: CABA (-9,9%), Neuquén (-14,5%), Buenos Aires (19,1%), Entre Ríos (-20,7%), Santa Fe (20,8%), Río Negro (-22,6%), Córdoba (-24,4%), Chaco (-32,6%), Catamarca (-33,2%), La Rioja (-36,7%), Tierra del Fuego (-38,6%) y Formosa (-42,8%).
El 36,8% del ajuste correspondió al gasto en Personal (USD 2.762 millones), el 17,6%, a la Inversión Real Directa (USD 1.315 millones), el 16,3% las Transferencias corrientes (USD 1.221 millones), y 18,4% en Prestaciones Sociales (USD 1.012 millones), entre las partidas más destacadas.
Cabe recordar que Milei había afirmado durante la presentación del proyecto de Presupuesto 2025 en el Congreso que los gobernadores deberían realizar un ajuste de USD 60.000 millones para alcanzar los lineamientos del Pacto de Mayo. Ese número fue relativizado luego por fuentes oficiales, quienes fijaron la cifra en USD 20.000 millones pero no precisaron una meta temporal.
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