A días del cierre de las sesiones ordinarias, aún continúan las negociaciones, fallidas hasta ahora, por el Presupuesto 2025, cuya condición sine qua non es el déficit cero. Gran parte del ajuste en las cuentas públicas se concretó en 2024, pero el próximo año seguirán los recortes en algunas áreas y programas, mientras que otros tendrán aumentos.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó el presupuesto asignado para 19 programas que además de tener un amplio alcance, están etiquetados como “Presupuesto con Perspectiva de Género”.
En lo que refiere a programas de ingresos, las pensiones no contributivas de madres de 7 o más hijos tuvieron una caída del 16% en 2024 y de aprobarse el presupuesto, tendrán un leve aumento del 0,8% en 2025, acumulando un descenso del 15,3% en dos años.
La Moratoria previsional registró una reducción del 9,2% en 2024 y verá una mejora del 3,2% en 2025. La Tarjeta Alimentar sufrió un recorte del 21,6% en 2024, seguido de un repunte del 23,7% en 2025. Por su parte, la Asignación Universal por Protección Social es el único programa con crecimiento sostenido: aumentó 45,1% en 2024 y 5,9% en 2025.
En el caso de los programas laborales, Registradas, que buscaba promover la formalización de las trabajadoras de casas particulares, fue eliminado en 2024; Potenciar Inclusión Joven tuvo caída del 51,4% en 2024 y no hay partida asignada para 2025; el gasto de Potenciar Trabajo se recortó en 83,2% este año pero tendrá un aumento de presupuesto del 73,2% en 2025. A pesar de ello, la caída acumulada entre 2023 y el año próximo será del 70,9%.
Dentro de programas contra las violencias, el Patrocinio jurídico a víctimas de abuso sexual se recortó en 100% en 2024 y no hay partida asignada en el presupuesto en 2025; el programa Acompañar, que es una ayuda económica dirigida a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país cayó en 90,5% en 2024 y figura sin asignación presupuestaria en 2025. Misma situación para la Línea 144, que ya había tenido una baja del 69,5% este año. A esta línea se recurre en caso de violencia o riesgo y se brinda un acompañamiento integral a las víctimas
Para la Ley Brisa, la cual funciona como una reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, el presupuesto subió un 23,6% en 2024 y un 3,4% en 2025, acumulando un alza del 27,8%. El programa de rescate y acompañamiento a víctimas de trata sufrió un recorte del 69,9% en 2024 pero presenta un salto del 864,9% en 2025. En cuanto al de protección de víctimas de violencia, tuvo un crecimiento del 76,2% en 2024 y del 65,5% en 2025.
En otro orden, se encuentran los programas de salud, dentro de lo que destaca la eliminación total de presupuesto para la Educación Sexual Integral, política que ya se ajustó este año en 68,2%. En tanto, el programa Desarrollo de la salud sexual y procreación responsable presentó una baja de presupuesto del 62,8% en 2024 pero habrá una recuperación del 36,4% en 2025.
Para el programa Respuesta al VIH e infecciones de transmisión sexual, la reducción en 2024 fue del 64,6%, con un repunte del 53,6% en 2025. El programa 1000 días, el cual tiene como objetivo la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, sufrió una caída del 21% en 2024, pero tendrá un incremento del 248,6% en 2025.
Por último, sobre programas de cuidados, aquel de Infraestructura social, del cuidado y sanitario, se ajustó en 68,7% durante 2024 y volverá a recortarse en 49,1% el año que viene, acumulando una baja del 84,1%. En cuanto al Fortalecimiento edilicio de jardines de infantes, la caída fue del 67,3% en 2024 y será del 11% en 2025, lo que significa una retracción acumulada del 70,9%.
De todas formas, todavía no hay acuerdo entre el Ejecutivo y los gobernadores para la aprobación del proyecto. La oposición reclama mayores fondos para provincias y financiamiento de obras públicas pero no hay respuestas del oficialismo por el momento. Un segundo año sin presupuesto no solo complicaría la administración de fondos sino que no es una buena señal de gobernabilidad hacia el exterior.
Contar con un proyecto de ingresos y gastos sancionado por el parlamento suele ser un pedido del Fondo Monetario Internacional, ya sea como prior actions (acciones previas a la habilitación de un desembolso) o como medida estructural que le dé fuerza a un programa económico. Es crucial también en el sendero hacia un nuevo acuerdo que podría implicar financiamiento adicional.
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