
El departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA) presentó sus indicadores sobre el aumento de la judicialización y su impacto en el sector productivo en hechos relacionados con accidentes laborales. Al respecto, se destacó que en agosto de este año se notificaron a las ART 13.750 juicios, mientras que el stock acumulado de nuevos juicios en 2024 alcanza los 81.709. La comparación con agosto de 2023 muestra un aumento de 12,3%, mientras que en contraste con el acumulado de 2023 el incremento representa un 5,8%.
Desde UIA destacaron que, a su vez, los índices de siniestralidad se encuentran en mínimos históricos como producto de los esfuerzos que realiza el sector empleador, trabajador y gubernamental para minimizar la incidencia de los factores de riesgo mientras que los juicios vienen aumentando de forma constante
“En función de generar iniciativas que permitan dar respuestas integrales a la problemática del incremento de la litigiosidad y el consecuente aumento de las alícuotas, las autoridades coincidieron en la necesidad de que se conformen los cuerpos médicos forenses provinciales. Estos pedidos se encuentran incluidos en la ley 27.348, sancionada en el año 2017″, recordaron desde la UIA.
A través de un comunicado, la UIA señaló que la constitución de los cuerpos médicos forenses es el último eslabón de la Ley de Riesgos del Trabajo, pendiente aún de cumplimiento en casi todas las jurisdicciones provinciales, así como en la justicia nacional del trabajo.

“Cumplir con el texto de la ley es un paso fundamental para consolidar los esfuerzos realizados por el sector productivo para mejorar las condiciones de trabajo y promover una cultura de prevención y erradicar definitivamente la llamada industria del juicio”, sostuvieron desde la central fabril.
Se mostraron de acuerdo desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). El organismo coincidió en que el aumento de la litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo es una amenaza que urge resolver. “No hay tiempo para más dilaciones. A pesar de la disminución constante de accidentes y de los fallecimientos en el ámbito laboral, de la menor gravedad de los mismos, de la atención inmediata, oportuna e integral, de la actualización permanente y automática de las indemnizaciones dinerarias y de las reformas normativas en línea con la jurisprudencia, los reclamos judiciales no dejan de crecer. Una paradoja difícil de explicar: menos siniestros y mejores servicios y más beneficios, pero cada vez más juicios”, reclamaron.
Para los representantes de la UART, la solución al “gravoso contrasentido” está en las manos de las máximas autoridades del Poder Judicial de cada una de las provincias adheridas a la Ley y de la Corte Suprema de Justicia para CABA. “Consiste, como lo prevé la Ley 27.348/17 de Reforma del Sistema, en que en cada poder judicial de las provincias adheridas se cree el correspondiente Cuerpo Médico Forense: con profesionales elegidos por concurso, que cobren honorarios por acto médico y no acoplados al monto de la sentencia y que utilicen adecuadamente el Baremo de la Ley (tabla de medición de incapacidades) para determinar los daños sufridos”, comentaron.
Desde la UART entienden que, de esta manera, tanto por vía administrativa, como por la judicial, se llegaría a resultados coincidentes, con lo cual carecería de sentido litigar. “Ambas instancias medirían con la misma vara. Por el momento, la única provincia que los constituyó fue Mendoza, con primeros resultados alentadores. Esperamos que las restantes provincias más CABA cuenten con estos cuerpos a la mayor brevedad”, cerraron.
Dalmiro Garay, titular de la Corte de Mendoza, informó que, en siete años de reformas, la provincia cuyana pasó de 28.000 juicios anuales a unos 15.000. “Es el 49% del punto de partida. Los peritos cobran medio JUS, que hoy son $200.000 por pericia” valor desacoplado del porcentaje de daño que determinan”, dijo el magistrado.
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