
En el amplio listado de cambios que todavía este miércoles negociaban el oficialismo y la oposición antes de tener una versión definitiva de la Ley Ómnibus, uno de los capítulos que experimentó cambios tras el ida y vuelta en los despachos del Congreso es uno de los que el Ministerio de Economía observaba con mayor atención: la autorización para liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Anses, que tiene en su poder bonos de la deuda pública y acciones de empresas privadas.
La última versión circulante del megaproyecto de ley, horas después de la firma del dictamen en el plenario de comisiones, incorporó una serie de asteriscos a esa luz verde desde el parlamento al Tesoro para hacerse de los activos que están en manos del fondo inversor del organismo previsional, que tiene un valor total -a precio de dólar contado con liquidación- de unos USD 32.600 millones.
En su versión original, el artículo 226 del texto enviado por el Ejecutivo preveía “la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 897/07 al Tesoro Nacional”. Esto es, que los títulos públicos y papeles de compañías que forman parte de la cartera de Anses pasen a manos del Ministerio de Economía. La oposición puso el grito en el cielo, no solo el peronismo que rechazó de plano la totalidad de la Ley Ómnibus, sino también los bloques que se involucraron en negociaciones para hacerle cambios al proyecto.
Los intercambios estuvieron ligados al poder que se le daba al Tesoro para hacerse de todos los activos del FGS y qué hacer con los fondos que pudieran surgir de esa apropiación. Hay dos elementos separados para tomar en consideración. Por un lado, lo más espinoso en el tratamiento parlamentario, fue la tajada de acciones en manos de Anses.
La cartera de acciones en manos del fondo del organismo previsional y que pasarían a ser parte de los activos del Tesoro rondan los USD 5.678 millones, el 17,4% del total. En moneda doméstica, representa 4,7 billones de pesos, según el último informe realizado por la nueva conducción de Anses. Del total de acciones, un quinto pertenecen a papeles de Ternium (poco menos de un billón de pesos). Le siguen Pampa Holding (10,2% del total), Transportadora Gas del Sur (9,4%), Banco Macro (9,1%) y Grupo Financiero Galicia (8,1 por ciento).
La negociación con bloques opositores dialoguistas y con gobernadores giró en torno de este aspecto, más que sobre los bonos en poder del FGS. La última versión del megaproyecto de ley agregó alguna restricción para la operación que pretende el Tesoro.
“Para poder vender las participaciones accionarias provenientes del fondo que ya hayan sido transferidas al Tesoro Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional deberá contar con un dictamen previo favorable emitido por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones establecida en la Ley N°23.696, el que deberá considerar las condiciones de mercado”, marca el artículo 194°. De esa forma, la enajenación de acciones deberá ser considerada primero por esa comisión, que es la misma que entenderá sobre la privatización de empresas públicas.
Pero hay una segunda condición que apareció en el dictamen, y que será discutida de esa forma en el recinto salvo que medie un cambio de último momento. “Los recursos que se obtengan como consecuencia de la venta de las participaciones accionarias no podrán ser utilizados para un destino diferente que no sea el sistema de seguridad social”, reza el último párrafo del artículo, también incorporado recientemente.
Esto responde a que uno de los reclamos en el toma y daca con los gobernadores era que la Casa Rosada salde deudas previsionales, ya sea por juicios al Estado nacional como a cajas provinciales no transferidas a Anses. El listado de provincias que mantienen sus propios sistemas previsionales subnacionales son Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, aseguró ante los diputados de la oposición hace dos semanas cuando acudió al plenario de comisiones que la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) no perseguía ninguna intención de “securitización” ni como un vehículo para implementar una dolarización completa de la economía.

El megaproyecto de ley también contempla lo que denominó la “consolidación de la deuda pública”, es decir la absorción por parte del Tesoro de todos los pasivos intra sector público para “deslistarlos” y que dejen de ser bonos en circulación. Esto también implicará de manera directa a la Anses.
El organismo previsional revisó los últimos números de valuación del FGS hechos por el gobierno anterior y los rehizo “a precios técnicos de mercado”, que según explicaron fuentes oficiales implicó cambiar el criterio de dólar oficial del Banco Nación y pasar a utilizar el precio del dólar “contado con liqui”. Antes del cambio de gobierno, las autoridades del organismo previsional aseguraban que el valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad cerraría el año en torno de los 76.000 millones de dólares.
El ejercicio de recálculo que hizo el organismo dio como conclusión, con el nuevo criterio de valuación con CCL (que valuaron en $836 en ese momento), que en realidad esa cifra es mucho menor y que alcanzaba los USD 32.658 millones (27,3 billones de pesos) a fines de noviembre. De todas formas, la fecha del corte del informe no contempla el impacto en las valuaciones que tuvo el salto cambiario de 120% del 13 de diciembre.
En detalle, el recálculo que hizo Anses muestra que de los USD 32.658 millones, la parte que corresponde a títulos públicos nacionales asciende a poco menos de USD 22.200 millones, a noviembre de 2023. Representa, así, el 68% de los activos totales del FGS. Del total de bonos en manos del fondo de Anses, el 42,6% son bonos atados a la inflación, el 36% a dollar linked, el 18,3% en dólares a tasa fija, el 2,1% letras en dólares, y otras tenencias mucho menores.
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