El aumento en los colectivos se aplicará recién el 15 de enero por demoras en la implementación

Si bien se preveía que las nuevas tarifas estuviesen vigentes en el comienzo del año, la demora en actualización del sistema SUBE en las máquinas validadoras retrasó la medida

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El Gobierno demoró la aplicación
El Gobierno demoró la aplicación del aumento en el transporte automotor (Télam)

Aunque el ministerio de Infraestructura anunció el pasado 28 de diciembre que a partir de enero regirían los nuevos valores para el boleto de colectivo, que llevarán la tarifa mínima de $52,96 a $76,92, el aumento todavía no se aplicó y recién deberá ser pagado por los pasajeros el 15 de enero, según distintas fuentes del sector transportista. Aún cuando el público ya esperaba pagar los nuevos valores desde el primer minuto de 2024, el aumento no se efectivizó y las demoras en la implementación requerirán varios días más, por motivos que nadie explicó.

La actualización de las 18.000 máquinas validadoras que utilizan los colectivos que circulan en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está en manos de Nación Servicios, la empresa del Banco Nación que opera el sistema SUBE siguiendo las indicaciones de la secretaría de Transporte, que es quien fija las tarifas. Hasta el pasado mes de agosto, los boletos venían aumentando al comienzo de cada mes en base a la inflación del mes anterior. Y nunca se registraron demoras por la implementación. Luego, en plena campaña electoral, el Gobierno anterior decidió suspender esos aumentos que ahora van a reanudarse.

Fuentes de la secretaría de Transporte afirmaron que “algunas líneas ya actualizaron” sus tarifas y que “en los próximos días”, sin mayores precisiones, se completará la implementación de los aumentos. También aseguraron que se siguió el procedimiento habitual.

En cambio, desde el sector transportista aseguran que hasta el 15 de enero ninguna línea cobrará con el aumento y que no encuentran explicación para la demora de 15 días en la implementación de las nuevas tarifas, que impacta en forma directa sobre la recaudación de las empresas y sobre los subsidios que debe aportar el Estado.

El 28 de diciembre, el ministerio de Infraestructura que conduce Guillermo Ferraro había advertido que “en la primera quincena de enero” se realizaría una audiencia pública para determinar un segundo aumento, a aplicar a partir del 1° de febrero “a los fines de establecer una tarifa en el AMBA equivalente a la misma que está vigente en los conglomerados urbanos del interior del país”.

Esa audiencia, por el momento, tampoco tiene fecha cierta de realización. Y el segundo aumento también podría demorarse dadas las complicaciones para implementar el primero, que hoy tiene fecha 15 de enero según las empresas del sector.

La carga de la actualización de las tarifas en el sistema SUBE ya había sido advertida por la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta) que, el 31 de diciembre, comunicó a través de sus redes sociales que la aplicación de las nuevas tarifas podría retrasarse. “Es posible que el ajuste al nuevo cuadro tarifario que lleva el boleto mínimo a $ 77 demore algunos días, ya que aún no han sido cargado los nuevos cuadros tarifarios SUBE en las validadoras de los colectivos. No tenemos precisiones todavía”, detalló la cámara empresaria en la red social X, ex Twitter.

Estos incrementos anunciados por el Gobierno son parte de un ajuste por el atraso tarifario acumulado en los últimos años, especialmente desde agosto pasado. La administración anterior había suspendido la actualización automática basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, casi al mismo tiempo en que se aceleró la inflación. Este retraso, junto con demoras en el pago de subsidios, provocó interrupciones en el servicio de transporte de pasajeros en el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La política de subsidio a los usuarios se mantiene a través de los beneficios de la tarjeta SUBE, que ofrece un descuento del 55% en los viajes para jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales, beneficiarios de AUH y AUE, Más y Mejor Trabajo, seguro de desempleo, seguro de capacitación y empleo, y el programa Promover Igualdad.

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