Transformar planes sociales en empleo: qué proponen los empresarios de IDEA

En medio de la inestabilidad financiera y la campaña política que atraviesa el Coloquio de IDEA, los empresarios y ejecutivos de grandes empresas reunidos en Mar del Plata hicieron ayer foco en una de las preocupaciones centrales que atraviesa la realidad productiva de la Argentina: el empleo. El foco estuvo puesto no sólo en cómo crear, desde el sector privado, más puestos de trabajo formal sino también en los planes sociales, instrumentos que son percibidos en muchos casos como la contracara del empleo en vez de una herramienta eficaz para lograr una transición de los beneficiarios a puestos genuinos.

Con esa perspectiva, los organizadores plantearon en el encuentro propuestas concretas sobre las que trabajaron un grupo de CEOs, tras un análisis en el que identificaron los principales factores que impiden que los actuales programas sociales diseñados para generar un puente hacia el empleo terminan funcionando, en la práctica, más como herramientas de protección social que como planes de empleo. Las iniciativas se resumieron en tres grandes ejes que explicó sobre el escenario Patricia Furlong, presidenta de Global Processing Argentina. Estuvo acompañada por María Laura Alzúa, subdirectora del CEDLAS, quien aportó un diagnóstico y una radiografía de los programas sociales en el país sobre la que se basaron gran parte de las iniciativas presentadas.

La primera de las propuestas apunta a confeccionar un registro único de beneficiarios de programas sociales. El objetivo es, por un lado, mejorar la transparencia y eficiencia del sistema. “Es fundamental tener acceso al núcleo familiar en su totalidad para evitar asignaciones duplicadas y/o que no correspondan”, sostuvo Furlang, a la vez que es necesario, dijo, para mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos, evitando la superposición entre planes nacionales, provinciales y municipales. Por otro lado, la iniciativa apunta a lograr mayor equidad y, puntualmente, desintermediación en la asignación de los planes.

La segunda propuesta se focalizó en el programa Puente al Empleo, en la que retomaron ideas que, hasta el momento, no fueron implementadas y que están relacionadas con la convivencia del primer empleo y la percepción de un plan social. En ese marco, la iniciativa impulsada por los empresarios es extender el período de prueba a 6 meses, para permitir a las empresas más tiempo para entrenar a las personas, al tiempo que prevé la posibilidad de recuperar el plan hasta un año después en caso de que el beneficiario se desvincule de la empresa tras el período de prueba. “Esto es fundamental para reducir el costo de oportunidad para el beneficiario del plan social”, sostuvo la ejecutiva, consciente de la “competencia” que se genera en muchos casos entre el cobro de un plan y el de un sueldo inicial.

Adicionalmente, se advirtió la necesidad de contemplar capacitaciones previas y procesos de acompañamiento para aumentar la tasa de éxito de esa transición buscada.

La última de las propuestas diseñadas por IDEA involucra a las propias empresas, a las que se busca incentivar para la implementación de programas de Primer Empleo, con un proceso de identificación de perfiles de destinatarios del plan que puedan incorporarse al mercado laboral formal. “Existe evidencia que demuestra que los programas de primer empleo cambian las trayectorias profesionales de quienes participan en ellos”, aseguró Furlong.

Estas propuestas tienen desafíos no menores para ser llevadas a cabo, desde resistencias en sectores sindicales y también políticos a datos concretos de la realidad cotidiana de aquellos beneficiarios a los que se busca insertar en el mercado de empleo. Entre las principales, además las habilidad propias, está relacionada con las necesidades materiales -el costo de trasladarse hasta el lugar de trabajo, por ejemplo- y familiares de cuidado. “Entre los beneficiarios de los planes hay un caudal significativo de cuidadores primarios, por lo que es muy importante la expansión de los jardines de infantes. Garantizar una mayor cobertura en salas de 3 a 5 años haría posible que más cuidadores primarios, principalmente mujeres, puedan delegar parte sus tareas para insertarse en el mercado laboral”, fundamentó Alzua.