Empresarios bonaerenses se suman a las quejas por la decisión oficial de imponerles el pago de un bono de fin de año

La Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) expresó su preocupación “por el impacto que tendrá en el sector productivo la modalidad bajo la que se implementará el otorgamiento de un bono para trabajadores privados”.

En un comunicado, FEBA señaló que la medida anunciada por el Ministerio de Trabajo “alcanzará a poco más de 4 millones de trabajadores en relación de dependencia”. Se trata de un bono o extra de fin de año para trabajadores privados que las empresas deben pagar a los empleados en relación de dependencia cuando la suma de su salario mensual neto y el extra adicional no supere los $185.859 pesos, precisó el decreto 841, firmado por el presidente Alberto Fernández y todos los miembros de su Gabinete y publicado en el Boletín Oficial.

Según FEBA, las paritarias, que se habían reabierto antes, son el mecanismo apropiado para responder a la inflación. En igual sentido ya se habían pronunciado CAME, el sector de la Construcción y otras federaciones provinciales.

“El cálculo para definir el total a pagar en diciembre 2022 en concepto de bono de fin de año para trabajadores privados, se regirá bajo la fórmula oficial compuesta por: $ 24.000 / 160 horas semanas por prestación real de servicio”, dijeron desde FEBA, y recordaron que la reapertura de negociaciones ya funcionaba “como un mecanismo eficaz para dar respuesta al problema de la inflación”. Ahora, en cambio, “la metodología dispuesta por el gobierno para otorgar el bono afecta esa dinámica de recomposición del poder adquisitivo de los salarios.

Los arreglos en las mesas paritarias “se superpondrán con los que la norma en cuestión otorga (…) ignorando que las entidades empresarias sectoriales y regionales presentan realidades diferentes y muy heterogénea”, destacó FEBA, que en cambio instó a seguir con la línea de negociación entre partes, “de acuerdo a las realidades de cada sector, y que las metodologías de compensación y/o adicionales sean consensuados”.

Camilo Kahale, presidente de FEBA, señaló: “para generar consensos es clave mantener los espacios de diálogo”.Y completó: la manera en que se toma esta medida no va por ese camino. El vínculo entre empresarios pyme y trabajadores siempre incluyó instancias que priorizan la recomposición salarial y la recuperación de la actividad productiva para construir a largo plazo (…) necesitamos seguir por esa senda”.

El pronunciamiento de FEBA se suma a los de entidades como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y las Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la de Servicios que cuestionaron la unilateralidad del “bono” impuesto por el gobierno. Argumentan que las empresas cuentan con las paritarias para abordar esta clase de negociaciones y que las empresas no pueden afrontar el impacto.

“Está perfecto dar una ayuda en este contexto inflacionario, pero sería bueno que haya un incentivo también para las empresas, como por ejemplo deducir el 100% o de ganancias o del formulario 931″, dijo Delia Flores, empresaria del sector transporte, en tanto desde la construcción apuntaron que el ajuste de remuneraciones “debe ser en el marco de las negociaciones paritarias (...) de acuerdo a la necesidad y situación de las mismas”. De hecho, la paritaria de la construcción se había cerrado hace apenas dos semanas, el 2 de diciembre.

Una de las coincidencias entre cámaras y sectores es que el pago de un bono a pocos días de anunciado se complica mucho en diciembre, en que también se paga el medio aguinaldo y que la medida perjudicará en especial a las pymes. CAME, por caso recordó que la paritaria mercantil, la más grande del país, está abierta. “Muchas de las pymes que representamos son monotributistas y no podrán soportar el impacto financiero de esta medida, ya que el mecanismo de deducción del 50% del bono en el Impuesto a las Ganancias no las contempla”, dijo Alfredo González, presidente de CAME.

También la Federación Económica y la Unión Industrial de San Juan y la Confederación Federal Pyme rechazaron la imposición oficial. Ese pago, dijeron, provocará graves inconvenientes. Como ejemplo, señalaron que algunas pymes podrían entrar en ‘procedimiento de crisis’ o reducir horas o personal para afrontar la medida, y otras deberán postergar su cumplimiento, porque antes deben cumplir con el pago de aguinaldos, aumentos paritarios y vacaciones de los trabajadores.

Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica de San Juan, dijo que las pymes de los sectores servicio, comercio, industria y producción de la provincia no podrán afrontar dicho aporte. “Aceptar el pago de un bono sería totalmente perjudicial para nuestras pymes’ dijo Minozzi, y apuntó el riesgo de cierres o reducción de personal “para poder subsistir”. El gobierno debería desistir de dicha imposición “o en todo caso considerar la deducción del bono de los aportes del 931, para que no sea una carga más para la economía empresarial y ayude al salario de los trabajadores”, señaló.

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