La Anses abrió el trámite para la inscripción de quienes quieran acceder al bono de $18.000 a cobrar en mayo y junio, plan que incluye a los jubilados que ya están cobrando lo que se convirtió en un anticipo, de $6.000. Ese monto adicional para abril en los haberes jubilatorios había originalmente diseñado (y anunciado) el mes pasado para compensar la imprevista licuación de la jubilaciones, tras conocerse el dato de inflación de febrero, de 4,7%. Con ese registro y los datos preliminares de marzo quedaba claro en el Gobierno que, contra todo pronóstico propio y ajeno, la inflación licuaría una vez más el gasto previsional, tal como ocurrió en el primer semestre del año pasado.
Un nivel de gasto en jubilaciones, pensiones y asignación universal por hijo cuya fórmula de movilidad corre con un trimestre de retraso, aumenta su peso en el presupuesto cuando la inflación baja y se diluye cuando el avance de precios se acelera, tal como ocurre por estos meses. Con una inflación por encima de 50% a diciembre último, con un notorio recalentamiento en el último trimestre cuando el índice acumuló una suba mayor a 10% entre octubre y fin de año, todo indicaba que la cuenta se le daría vuelta al ministro de Economía, Martín Guzmán, y que el ajuste de 12,28% dispuesto por la fórmula para el primer trimestre de año implicaría un mayor impacto fiscal para el Tesoro y un recupero de poder adquisitivo para los jubilados, que le ganarían a la inflación. Pero ocurrió al revés. En vez de aminorar el paso, los precios tomaron aún mayor impulso en los primeros tres meses de 2022, lo que dejó la suba de los haberes previsionales 4 puntos por debajo de la inflación acumulada a marzo. De ahí la reiterada idea del bono, cuyo monto luego se triplicó al considerar el golpe del índice de precios de marzo, además de ampliarse a otros 8 millones de beneficiarios.
Pero lo cierto es que lo que ayuda a Guzmán hoy a cerrar las cuentas, lo complica mañana. A menos que de julio en adelante la inflación escale aún más, lo que por ahora está descartado en la mayoría de los escenarios de los consultores privados.
Así, la fórmula de movilidad y, por ende, el gasto previsional, acusarán el impacto de la aceleración inflacionaria en el segundo semestre. Esto se vuelve particularmente cierto y más veloz de cara al guiño que el Gobierno hizo a los distintos gremios para adelantar el cierre de las negociaciones paritarias entre 55% y 65% anual. Ese adelantamiento, sumado a las revisiones trimestrales que exigen los sindicatos tendrían un efecto de un ajuste prácticamente en tiempo real del gasto sujeto a normas de indexación. En otras palabras, el beneficio fiscal por la suba de inflación se escurre cada vez más rápido. A menos que la economía, el empleo y los salarios -cuya evolución determina en gran medida el índice de movilidad- registren una abrupta caída.
Así lo explica el último informe de la consultora Equilibra: “En cuanto a los gastos de funcionamiento, se reabrieron paritarias de estatales con incrementos promedio que rondan el 60%, mientras que la fórmula de movilidad que ajusta gran parte del gasto en prestaciones sociales incluirá a partir del tercer trimestre la fuerte aceleración de la inflación en el primer trimestre del año. Descartamos entonces la idea de que la inflación hará gran parte del trabajo en cuanto a la moderación del gasto”, sostuvo el documento elaborado por la economista Lorena Giorgio en el que incluso se calcula un leve incremento del gasto en jubilaciones de 0,1% del PBI a 8,8% del producto respecto del año pasado. En contrapartida, la consultora prevé que se consumará una caída en las transferencias a provincias y universidades.
En este contexto, el panorama que se vislumbraba a principios de año, en el que los haberes tendrían un fuerte impulso dado por el crecimiento de los recursos tributarios de la ANSES que cerraron 2021 con un ritmo de suba de 65% hacia el último trimestre del año, quedó desdibujado. Sin embargo, las variables ajustan rápidamente y aun cuando la fórmula de movilidad se suponía “licuable” sólo con una inflación mayor a 60%, la velocidad que adquirió la dinámica para recomponer ingresos promovida desde el propio Gobierno hace que esa estrategia sea compleja de ejecutar a partir de julio.
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