La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip) alertó y rechazó en un comunicado que una vez más el Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA) llevó adelante un paro total de actividades con cortes de rutas.
“Dicha medida de fuerza interrumpió el normal ingreso de mercadería perecedera a las plantas, siendo un conflicto que ellos mismos declaran ajenos a nuestras asociadas”, se detalló en un comunicado. Este paro, llevado adelanta por el gremio que condice Rodolfo Daer, provocó que más de 260 toneladas de langostino no se procesaran en tiempo ideal y en consecuencia se obtuviera un producto de inferior calidad, con baja o nula rentabilidad.
Si bien la medida de fuerza se levantó ayer por la noche, luego de 12 horas de inactividad, “se perdió frío y calidad de producto, pero no se trató de una perdida total”, destacaron desde el sector a Infobae. Las 260 toneladas equivalen a unos 650.000 dólares.
El propio gremio expresó que la medida se realizó en contra del Acta Acuerdo que firmaron la Secretaría de Pesca Provincial, la Administración del Puerto de Comodoro, el SUPA y la CAFACH, para abastecer de merluza a las plantas de Comodoro y eventualmente a plantas del valle para destrabar el conflicto con los estibadores.
“Dicho acuerdo aseguraba que por un tiempo determinado parte de la flota descargaría merluza en Comodoro, destrabando el conflicto con los estibadores y aseguraba -a las plantas locales- la posibilidad de trabajar con merluza fuera de la temporada de langostino. Sin embargo, lo curioso es que ninguna de las empresas de CAPIP participó del acuerdo cuestionado por el STIA, que da origen al mencionado paro”, dijeron desde la Cámara.
Capip tiene 16 empresas asociadas, 55 embarcaciones entre tangoneros, poteros, congeladores arrastreros y fresqueros, emplea a 4.000 personas en forma directa, y cuenta con 14 establecimientos productivos, su mayoría en Puerto Madryn, también en Trelew, Rawson y Santa Cruz. Según su website, sus exportaciones representan alrededor del 22% del total de las exportaciones pesqueras nacionales.
Desde allí afirmaron también que, desde hace años, cada medida de fuerza del gremio viene acompañada de “gomas que queman los portones de acceso a las plantas, cortes de ruta, amenazas al personal administrativo, toma de plantas, escraches, actos violentos, e inclusive el deterioro de la materia prima, como sucedió en este caso”.
Además, aseveró que el contexto se ve amplificado cuando el cese de actividades “no guarda ninguna relación con las empresas que lo sufren, y por ende las que se ven perjudicadas. Estas acciones atentan contra planes de inversión y naturalmente con aumento de puestos de trabajo”.
La Cámara empresaria solicitó ayer a las autoridades provinciales y gremiales arbitrar los medios necesarios para “defender la actividad, actuar con responsabilidad, cumplir y hacer cumplir el marco legal vigente, el que garantiza el derecho a huelga pero también garantizar el derecho a trabajar y no generar situaciones de evidente inequidad e injusto perjuicio a la actividad”.
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