Claudio Lozano, director del Banco Nación, fulminó el acuerdo con el FMI: “No es más que un default diferido y garantiza impunidad”

El funcionario nacional dijo también que “en pocos años más” la Argentina tendrá que hacer “una nueva restructuración”

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Lozano, junto al presidente Alberto
Lozano, junto al presidente Alberto Fernández, con barbijo, pero no bozal

El anuncio del acuerdo del gobierno con el FMI empezó a generar duras respuestas al interior de la coalición de Gobierno. Hoy, a través de redes sociales, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, dirigente de “Unidad Popular”, criticó fuertemente los anuncios del viernes a través de una carta de título explícito: “Un acuerdo que garantiza impunidad”.

“Lamentablemente, la decisión tomada por el gobierno nacional y que exige la ratificación del Parlamento Argentino, implica LEGITIMAR el crédito tomado por el macrismo pese al hecho objetivo de que el mismo ha violado todos los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales existentes para endeudar al Estado”, dice el texto del funcionario, quien agrega que “el gobierno nacional ha desistido de denunciar ante los Foros Políticos y judiciales a nivel mundial las múltiples irregularidades en que incurrió el FMI; con todos los argumentos a favor el Gobierno desistió de promover la nulidad del crédito Macri- FMI, tanto a nivel local como internacional”.

En otro tramo, Lozano señala que el resultado del nuevo arreglo no es más que un “default diferido y no una solución al endeudamiento” ya que –asegura- “en pocos años más, Argentina deberá volver a reestructurar su deuda”.

Miembro del directorio del banco más grande de la Argentina, de propiedad estatal, Lozano afirma que “jamás produce buenos resultados validar la IMPUNIDAD” y se muestra sorprendido por lo que ayer dieron a conocer el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán. “Mientras esperábamos un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años, el gobierno sorprende con un stand by recontracondicionado y controlado, seguido luego por facilidades extendidas sin que quede claro desde cuando se cuentan los años de gracia. Si es desde el primer desembolso, o al final del stand by”, señala.

Para este economista surgido de la CTA, se trata de una diferencia muy importante respecto de lo que se esperaba. “El tema no es menor, ya que define si los vencimientos que Argentina no pagará ahora se concentrarán en el 2026 o en el 2028. Decimos que no es menor porque una u otra opción LIMITAN las posibilidades de esperar un shock de confianza a partir del acuerdo. En realidad lo que resulta es que la negociación termina siendo apenas un DEFAULT DIFERIDO y no una solución al endeudamiento. En pocos años más, Argentina deberá volver a reestructurar su deuda. Hemos logrado un default diferido y no una solución al endeudamiento”, enfatiza su texto.

Otra vez Stand-by

En tercer lugar, agrega, “hay que precisar que al tratarse de un stand by y no de un (acuerdo de) facilidades extendidas, (aunque también aclara que en la rueda de prensa del viernes Guzmán insisió en que es un facilidades extendidas) lo que surge es que no hay condicionalidades estructurales (reforma laboral, previsional y fiscal, esto es lo que reivindica el gobierno) pero sí hay una monumental cesión de soberanía y metas sumamente precisas para la coyuntura inmediata 2021-2024″.

La crítica prosigue afirmando que “el acuerdo COMPROMETE un ajuste fiscal para los últimos dos años del mandato de Alberto Fernández de 8.920 millones de dólares (al tipo de cambio del presupuesto 2022) y de 4.200 millones de dólares respecto al presupuesto que el propio Guzmán presentara en el Parlamento y que no fuera aprobado. Se trata de un ajuste fiscal de 1,7% PBI en dos años y de 1,1% en el 2022″.

Lozano, cuando era diputado nacional,
Lozano, cuando era diputado nacional, en 2014, criticando el presupuesto que había presentado el gobierno de Cristina Kirchner DANIEL VIDES pl zzzz

De este modo, señala, “lo trasmitido respecto a que se mantendrá el nivel de gasto y que se expandirá el gasto de capital, solo es factible reduciendo el gasto corriente. Justamente el que ya se ajustó en el 2021. Salarios, Jubilaciones, prestaciones sociales. Son estas partidas o bien la reducción de subsidios con impacto potencial en la evolución de las tarifas”.

Lozano recuerda que “hasta hace pocas semanas el Ministro Guzmán sostenía que la discusión con el FMI era que mientras el organismo quería déficit 0 en el 2024, Argentina para no ahogar la recuperación económica, proponía esa meta para el 2027″, Sin embargo, recapitula, “lo que se acordó (déficit 0 en 2025) parece acercarse más a la posición del FMI. El ajuste sobre la emisión monetaria es mayor aún. Se pasa del 3,7 % del PBI en el 2021 al 1 % en el 2022. La expectativa es avanzar a tasas de interés reales positivas, lo cual además de resultar muy complejo dada la situación inflacionaria, tiende a alimentar el comportamiento especulativo del mercado de capitales en pesos y a desalentar la política de crédito para el desarrollo productivo. 

Qué pasará con el dólar

El economista y funcionario también es crítico de las negociaciones en materia cambiaria. Así lo dice: “También se asume que la brecha entre el dólar oficial y los mercados paralelos deben descender al 30 %, lo cual supone inducir la devaluación del dólar oficial en toda aquella proporción que no sea resuelta por la mejora en las expectativas que genere el acuerdo”.

Por otra parte, agrega, “la política de salarios y jubilaciones quedan SUBORDINADAS a las metas fiscales establecidas. Más allá de lo preciso de las metas establecidas, el acuerdo supone la CESIÓN DE SOBERANÍA expresada en la instalación de una misión permanente del FMI en el país a la cual habría que consultar las políticas, y el desarrollo de 10 revisiones trimestrales de carácter vinculante”.

Por todo eso, concluye, “estamos asumiendo un acuerdo que limita nuestra soberanía en el manejo de la coyuntura y que compromete la política fiscal y monetaria y que al limitar la mejora en los ingresos y aumentar las tasas de interés tiende a desacelerar la tasa de crecimiento de la economía porque limita la expansión del mercado interno y la política de crédito, y a quitarle herramientas al gobierno para intervenir sobre la situación de desigualdad social, el hambre y la pobreza”.

Según Lozano, se trata de una claudicación. Así lo expresa: “Los costos que el gobierno está asumiendo con un acuerdo como este, son el resultado de no haber avanzado local e internacionalmente con la denuncia de nulidad del crédito Macri-FMI, pese a tener a su favor la ley y la razón”.

En un texto firmado junto a Jonatan Baldiviezo, Lozano desmenuza las cifras del acuerdo, que hoy también explicó el representante argentino en el Fondo, y mano derecha de Guzmán en la negociación, Sergio Chodos, del siguiente modo:

”En primer lugar, la Argentina tomará una nueva deuda por 44.500 mil millones de dólares. El FMI durante los dos años y medio desembolsará este monto que servirá para pagar los vencimientos de la deuda tomada por el macrismo con el mismo FMI en el 2018. Lo que sobre, irá a fortalecer las reservas. En la suma de todo 2022 se deben pagar 24 vencimientos por capital, intereses y sobrecargos de un total de u$s 19.115 millones. Y en 2023, por otros u$s 19.367 millones”.

Al cabo de esos dos años y medio, “casi se habrán pagado los u$s 44.500 millones tomados por Macri, pero nos quedará una nueva deuda por el mismo monto con el FMI”. Por eso los autores afirman que la negociación “termina siendo apenas un default diferido y no una solución al endeudamiento” que hará que “en pocos años más, Argentina deberá volver a reestructurar su deuda”.

Según Lozano, esto ni siquiera equivale a “patear el problema para más adelante”. No es así, concluye, “Este acuerdo y toma de nueva deuda implicará las siguientes consecuencias perniciosas para el país”.

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