
La diputada salteña del Frente de Todos, Alcira Figueroa, volvió a presentar un proyecto de ley mediante el cual busca elevar a 11 los miembros del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La decisión se dio a conocer luego de que en agosto pasado en compañía de su par, Mabel Caparrós, presentaran un polémico plan con el que buscaban desplazar a las entidades del agro y al sector académico del organismo, para sumar funcionarios públicos en su lugar. Así lo informó el portal Bichos de Campo.
Esta vez, la diputada reiteró en el primer artículo la intención de modificar uno de los incisos con la intención de realizar cambios en la cantidad de miembros que integrarán el Consejo Directivo, sumando uno más a los que ya están. En medio del rechazo del sector agropecuario, cuando se dio a conocer la noticia, Figueroa hizo una corrección del proyecto en el que aclara quiénes serán los integrantes. La situación se dio en un momento de sensibilidad con el sector agropecuario a partir de que meses atrás también aparecieron proyectos para quitarle terrenos al INTA Cerrillos, en la provincia de Salta y al INTA Sumalao en Catamarca.
En el nuevo proyecto las diputadas señalaron que en los nuevos cambios en el artículo 6 del Decreto de Ley 21.680 que está ligado al anterior, pero con algunas enmiendas sobre las sugerencias que generaron un gran revuelo en el sector productor. El proyecto propone incorporar representantes de organizaciones de la agricultura familiar. “El Consejo Directivo estará integrado por once miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional”, indica el primer artículo del mismo.
Por un lado, aseguraron, se propone un cambio integral de ese artículo, ya que la incorporación de nuevos vocales modificaría la cantidad de miembros del Consejo Directivo como la cantidad mínima necesaria de quórum. “Se trata a través del presente proyecto de unificar las distintas modificaciones que se fueron realizando a la conformación del Consejo Directivo a través de decretos de necesidad y urgencia”, observaron en el expediente 3656-D-2021.
Los nuevos representantes
La iniciativa propone un presidente, un vicepresidente y un vocal en representación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) a propuesta del titular del organismo. En esa línea aclararon que los designados deberán poseer título de ingeniero agrónomo o médico veterinario y “no deben ser todos de la misma profesión”.
Por otro lado, se establece que “habrá cinco vocales en representación de los productores agropecuarios; un vocal por las Facultades de Agronomía y uno por las Facultades de Veterinaria o instituciones similares de estudios universitarios equivalentes de las distintas Universidades Nacionales, propuestos directamente por aquéllas de acuerdo a las disposiciones vigentes”.

Asimismo, añaden que se sumará “un vocal en representación de las organizaciones de productores familiares de alcance nacional”. Este debe ser miembro del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena creado por resolución N° 571/14 de MAGyP y presente en la Ley 27.118 de Reparación histórica de la Agricultura Familiar.
“En la actualidad, el INTA cumple un rol estratégico en la planificación y en la coordinación de la política pública en materia agropecuaria, para eso se estableció la creación del Consejo Directivo como órgano específico para articular entre el Estado y las organizaciones de productores las políticas y proyectos destinados al sector”, expresaron las diputadas del Frente de Todos.
Duración de los cargos
Además las diputadas especificaron que los integrantes del Consejo Directivo durarán cuatro años en sus funciones, renovándose los vocales por mitades cada dos años y por sorteo la primera vez y podrán ser redesignados. El Director Nacional, los Directores Nacionales Asistentes y el Director General de Administración a que se refiere el Artículo 8 serán miembros natos del Consejo Directivo, con voz, pero sin voto.
El Consejo Directivo funcionará con un quórum de seis miembros con derecho a voto y las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes. El Presidente tendrá doble voto en caso de empate, según afirman. El organismo, expresaron, actualmente trabaja con el sector productivo agrario sin distinguir la escala de producción, ya que orienta sus políticas tanto a los sectores de producción agropecuarios de gran escala como así también a los sectores productivos de mediana escala y de la agricultura familiar. “Es por eso que la participación de este sector en el Consejo Directivo Nacional se torna indispensable”, precisaron.
De acuerdo con lo que indica el proyecto, de esta forma se busca incorporar a los sectores de la agricultura familiar en el Consejo Directivo Nacional del INTA para otorgar jerarquía a estos sectores que tienen un rol fundamental en la producción familiar, cuya finalidad específica es “pensar la soberanía alimentaria de nuestro país de forma estratégica”.
Así, dijeron las diputadas, se estaría dando un paso estratégico en valorizar y promover el desarrollo territorial de la agricultura familiar campesina e indígena en el marco de las políticas públicas direccionadas desde el Estado. Y agregaron: “Esta diversificación permitirá orientar proyectos específicos de producción destinados al desarrollo de la soberanía alimentaria, a la conservación de la biodiversidad y al fomento del arraigo rural de las poblaciones campesinas e indígenas”.
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