
La inflación le seguirá ganando este año con comodidad a los ingresos de la gente, pese a las políticas paliativas del gobierno nacional.
Así lo indica un informe de la Fundación Capital que preside Martín Redrado, que concluye que este será el cuarto año consecutivo de pérdida del salario real, con una suba de precios, que, según los analistas, rondará entre el 45 y el 50 por ciento. Esta situación precaria también se reflejará en materia laboral, según el trabajo del equipo que conduce la economista Irina Moroni.
“A pesar de la suba prevista para la segunda mitad del año, el salario real volverá a presentar una baja para el total de trabajadores de más de dos puntos cuando se analiza todo el año, contemplando tanto los trabajadores registrados del sector público y privado, como los informales”, dijo Moroni a Infobae.
En cuanto al empleo, afirmó que “con restricciones al mercado laboral aún vigentes y una recuperación sólo parcial de la actividad económica, sin dudas continuará débil”.

Al respecto, estimó “un rebote del 6% respecto al año anterior, pero con un nivel de cuatro puntos por debajo de 2019. Aún más, vale remarcar que sólo los trabajadores por cuenta propia lograrán retornar a los niveles prepandemia”.
El informe de la fundación que dirige Carlos Pérez señaló que “en la previa electoral, las autoridades buscarán apuntalar el alicaído poder adquisitivo de la población, que registra un descenso del orden del 6% interanual en los primeros meses del año (-5,6% interanual estimado para enero-junio”).
“El combo de medidas anunciadas recientemente y aquellas lanzadas en el mes de mayo con destino a incrementar los ingresos de las familias suman unos $373.000 millones, lo que equivale a casi un punto del PBI. En tanto, aún hay margen de 0,7 puntos extra para gastos sociales, cumpliendo con el 4,2% de déficit primario previsto en el presupuesto”.
Aunque este repunte “tendrá impacto en el consumo del segundo semestre, el riesgo social continuará latente, dado que no se solucionan las problemáticas estructurales y las dificultades del mercado laboral”.
“La falta de un horizonte económico tras tres años de recesión, con restricciones al mercado laboral aún vigentes, complejizan la situación sociolaboral ya existente. Así, fomentar la recuperación del empleo, con políticas de formalización y promoviendo la reconversión de puestos de trabajo hacia sectores dinámicos, será clave para fortalecer el mercado laboral”, enfatizó la FC.
“Los recientes datos publicados por el INDEC evidencian la debilidad que continúa caracterizando al mercado laboral. Si bien el desempleo se ubicó en línea con el del año pasado (10,2% de la población económicamente activa en el primer trimestre de 2021, versus 10,2% en el primer trimestre del 2020), esto se dio con una tasa de actividad mucho menor”. Esto “refleja que existe una gran cantidad de personas que dejaron de buscar empleo y son contabilizados como inactivos”.

En esta sintonía, “un cuarto de los desocupados (24,5%) lleva entre 6 y 12 meses buscando empleo, casi el doble que un año atrás (+11,6 puntos), mientras que el 31,4% lleva más de 12 meses de búsqueda”.
“Esta realidad es aún más compleja en los jóvenes, donde la tasa de desocupación alcanzó el 20% en el primer cuarto del año, cinco puntos más que el año pasado. En este caso, vale mencionar que los sectores más perjudicados por la cuarentena, como hotelería, turismo y comercio, son los principales empleadores de la población más joven. Aún más, la cifra tocó el 25% para el segmento de mujeres, donde alarma la salida del mercado laboral para encarar tareas de cuidados en el marco de la pandemia y su difícil reinserción posterior”, agregó.
Además, “incluso entre aquellas personas que sí cuentan con un empleo, el 30% tenía ingresos laborales por debajo de la línea de la pobreza (menos de $20.856 a mayo de 2021), mientras que cinco años atrás este ratio no llegaba al 20%”.
“Se observó un debilitamiento general del poder de compra. Sólo en los primeros seis meses del año, el salario real exhibió una baja estimada del 5,6% interanual. Esta pérdida se evidencia también en la capacidad de compra de bienes esenciales”.
A modo de ejemplo, “con un salario promedio del sector privado registrado en 2017 se adquirían casi 13 canastas básicas alimentarias (CBA), mientras que en marzo de 2021 sólo se podían comprar diez (-17%)”.
Tal como lo reflejan los datos del Ministerio de Trabajo, “el sector público fue el principal empleador (+1,1% interanual, en el primer trimestre de 2021), mientras que en el sector privado registrado el empleo continuó disminuyendo a pesar de las prohibiciones de despidos y suspensiones (-2,4% interanual).
“Esta composición del empleo sin dudas es un factor de alerta, en tanto resulta un eje fundamental para la evolución futura del mercado laboral”, se advirtió.
Por otra parte, “si bien los últimos datos de pobreza datan del segundo semestre del 2020, señalan el difícil camino por delante”, ya que “se amplió la brecha entre el ingreso promedio percibido por las personas en situación de pobreza y aquel necesario para adquirir la Canasta Básica Total (CBT)”.
Además, “el 34,3% de los menores de edad sufrieron de inseguridad alimentaria en 2020, mientras que el 15,6% lo padeció de manera severa, de acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA”.
En suma, “todos estos registros marcan el elevado riesgo social existente en Argentina, que sin dudas se profundizó durante la pandemia. En este contexto, las autoridades buscarán engrosar los ingresos de la población y dinamizar el consumo previo a las elecciones”, posiblemente con la posibilidad de tener algún éxito de corto plazo, pero sin modificar las perspectivas para 2022, cuando la inflación amenaza con otro año por encima del 40 por ciento.
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