
Los empleados de la empresa Química Oeste, la pyme que fue bloqueada por el Sindicato de Camioneros durante la semana pasada, solicitaron a través de una carta, una audiencia con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, y con la ministra de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruíz Malec.
“Queremos hacer valer nuestros derechos: preservar nuestra fuente de trabajo, ser oídos y decir basta a los atropellos de las patotas sindicales. Somos trabajadores y queremos ejercer nuestro derecho con total libertad y sin miedo”, señalaron. “Estamos a merced de sindicalistas inescrupulosos”, aseguran en otro tramo de las cartas.
El conflicto entre la empresa química, que tiene su planta en la localidad de Esteban Echeverría, y el Sindicato de Camioneros se originó la semana pasada a partir del despido de cinco empleados, de los cuales tres están afiliados al sindicato de Choferes de Camiones, gremio que conduce Pablo Moyano. Luego de los despidos, la planta fue bloqueada durante algunos días.
Ante esta situación, la empresa realizó una denuncia penal para que se permita el ingreso y salida de los camiones de la planta. Y como respuesta, el sindicato realizó una denuncia sobre las condiciones de trabajo dentro de la empresa. Como hace un año y medio la planta sufrió un incendio, los empleados cuentan con baños químicos y no pueden acceder al comedor.
Esta semana, en una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires se dictó la conciliación obligatoria. Por lo tanto, la empresa debe reincorporar a los trabajadores despedidos. Sin embargo, el propietario de Química Oeste, el empresario Ignacio Dos Reis aseguró que corren el riesgo de sufrir un sabotaje por parte de los trabajadores que fueron despedidos y que frente a esta posibilidad evalúan cerrar la empresa en forma permanente.

“Es inadmisible que en el contexto de pobreza y Covid que nos encontramos tengamos que estar a merced de sindicalistas inescrupulosos que, lejos de preocuparse por nuestras garantías laborales llevan a cabo métodos ilegales para conseguir la afiliación compulsiva de compañeros al sindicato de Camioneros”, expresaron en la carta.
“Estamos pagando justos por pecadores por cinco compañeros que decidieron cometer delitos, 60 familias no pueden quedar sin trabajo”, agregaron en el texto donde solicitan ser recibidos por las autoridades el ministerio de Trabajo nacional y provincial.
“Estamos en una situación lamentable. La empresa tiene 64 años, la fundó mi padre y nunca cambió de nombre. Nos obligan a reincorporar a trabajadores despedidos que nos amenazaron con un sabotaje a la planta. Nosotros somos proveedores de la industria de la alimentación y tenemos que tener mucha confianza en el personal. Hay testigos que dijeron que los despedidos si vuelven a entrar quieren pudrir todo”, explicó esta semana Dos Reis, dueño de la empresa.
La abogada de la empresa es Florencia Arietto, dirigente del PRO. “¿Cómo se puede trabajar con personal que te puede cambiar una bolsa o adulterar un insumo y genera un estrago en la población que consume los productos alimentarios? Además están denunciados penalmente desde el día del inicio del bloqueo extorsivo. ¿Cuándo se instaló una dictadura del proletariado donde un sindicato te dice si podés trabajar o no? En estas condiciones, con un Estado protegiendo al sindicato de Camioneros y una Justicia que no actúa, no queda otra remedio que el cierre de la empresa”, aseguró a través de su cuenta de Twitter.
Por otro lado, según fuentes oficiales, la empresa tuvo una serie de inspecciones en las que se habrían detectado algunas irregularidades –vinculadas al Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo Emergencia Sanitaria Covid-19 y otros–, y que, como en todo proceso de inspección, se dio un plazo para cumplir con los pedidos.
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