Peligran 10.000 puestos de trabajo por la intransigencia de Pablo Moyano

Fracasaron las negociaciones entre Walmart y el Sindicato de Camioneros y peligran 10.000 puestos de trabajo por la intransigencia de Pablo Moyano, el líder del sindicato que comandó por décadas su padre Hugo Moyano.

Este jueves al mediodía tuvo lugar la última audiencia entre ambas partes en el Ministerio de Trabajo, pero no hubo avances para llegar a un acuerdo ante el reclamo sindical de echar, indemnizar y volver a contratar a unos 500 empleados del centro de distribución en Cuartel V, Moreno, provincia de Buenos Aires. Una exigencia que se conoce como “Ley Moyano”, un planteo insostenible desde el punto de vista legal y que es el eje de numerosos reclamos del gremio desde hace más de 20 años.

La cadena definió la exigencia sindical como “una práctica ilegítima, no prevista por ningún marco legal vigente, ni con la forma en que desarrollamos nuestra actividad en el país”.

En un contexto muy complicado en el que el gremio trabaja a reglamento, bloquea la llegada de camiones a las sucursales (dejan pasar solo al 10%) y presiona a camioneros para que no lleven productos a la cadena, generando faltantes y desabastecimiento en muchos casos, Infobae pudo saber que el presidente Alberto Fernández sigue con mucha preocupación el tema. Lo hace por la dimensión del conflicto en sí mismo, pero además por el precedente más que negativo que genera para las ya magras inversiones que recibe el país en un escenario en el que muchas multinacionales decidieron levantar operaciones e irse. Sin ir más lejos, un ejemplo es la propia la cadena estadounidense Walmart, que a fines del año pasado vendió sus activos locales al Grupo De Narváez.

Durante la negociación de hoy, ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien resolvió la conciliación obligatoria el 25 de marzo pasado, le expresó a Camioneros que sus exigencias no son legales. En la reunión, Hugo Moyano se mostró más conciliador, pero su hijo se retiró de la mesa y Francisco De Narváez dio por terminadas las conversaciones.

El empresario y Moyano padre tuvieron antes un encuentro privado. La cadena propuso compensar a los trabajadores con un bono basado en la antigüedad de los trabajadores alcanzados por el reclamo. Lo oferta del pago extra fue de entre $100.000 y 1 millón, según cada caso y por un total de $150 millones. Si bien la empresa considera que el pedido gremial no tiene ninguna base legal ni jurídica, estaba dispuesta a desembolsar ese monto para ponerle un punto final al conflicto. “Lo que piden está fuera de la legislación vigente. El bono fue una oferta que consideramos y estábamos dispuestos a pagar aunque hubiese sido una tremenda injusticia para los otros 9.000 empleados”, aseguraron desde la cadena sobre el resto del personal de la cadena, afiliado al gremio de Comercio.

Ahora, Camioneros podría decidir la realización de un paro, como amenazó en las últimas horas, o la reanudación del trabajo a reglamento que cumplía cuando estalló el conflicto.

El Grupo De Narváez compro la operación local de Walmart en noviembre del año pasado, luego de meses en los que la empresa estadounidense evaluó alternativas para dejar el país. El conglomerado que hasta 1998 operó la cadena de supermercados Casa Tía volvió así al negocio minorista de grandes superficies. Walmart es la cuarta cadena de supermercados más importante del país detrás de Carrefour, Cencosud (Jumbo, Disco y Vea) y Coto. Tiene 31 hipermercados, dos tiendas mayoristas “Punto Mayorista” y supermercados Changomas.

El conflicto y Ley Moyano

El gremio liderado por los Moyano exige desde 1998 ese resarcimiento a los empleados de nuevas concesiones de servicios o de empresas que cambian de dueños, mientras que la empresa que compró Francisco de Narváez en 2020 argumenta que sólo hubo cambio de accionistas, con el mismo CUIT, y advierte: “No podemos negociar algo que no está en la ley”.

Tras la negativa, el sindicato comenzó a trabajar a reglamento y a realizar “otras medidas de fuerza encubiertas” que “derivaron en una caída del 75% en la distribución de alimentos básicos y en un desabastecimiento de productos esenciales a más de 1.000.000 de familias en todo el país”, según una solicitada de Walmart del 25 de marzo, con el título “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

Para el gremio de los Moyano, el tipo de reclamo efectuado a Walmart “comenzó en 1998 con Manliba y desde entonces se aplicó en empresas de recolección de residuos, logística, correos y aguas gaseosas, y el último antecedente fue una distribuidora de bebidas en Formosa, siempre con los acuerdos homologados en el Ministerio de Trabajo”.

“Estas propuestas se generan cuando hay un traspaso de manos en una empresa o cuando se van del país compañías internacionales y viene un nuevo dueño del que no se conoce su solvencia ni sus antecedentes -explicó a Infobae un dirigente de Camioneros-, entonces indemniza a los trabajadores y los vuelve a contratar porque se genera una incertidumbre terrible”. Como se dijo, el reclamo es insostenible desde el punto de vista legal.

El pedido original de echar, indemnizar y volver a contratar quedó pendiente hasta que Mauricio Macri, ya como jefe de Gobierno y aspiraciones de un proyecto político, impulsó en 2012 en la Legislatura porteña la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para pagarles la indemnización a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión desde que fue Manliba.

Desde entonces, la “ley Moyano” se impuso no sólo en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante nuevas concesiones de recolección de basura sino también en una distribuidora de la cervecería Quilmes (81 empleados) y en filiales locales de empresas internacionales como DHL (donde 75 personas pasaron a Exo Logística) y FedEx (que absorbió a 100 trabajadores de TNT Argentina y les pagó la antigüedad y el 100% de las indemnizaciones en una cuota).

El ministro Moroni dijo públicamente que “no hay ninguna norma que obligue a la empresa a pagar” lo que le estaban exigiendo a Walmart, lo que originó duras críticas de Pablo Moyano, quien lo calificó de “ministro seudoperonista” y dijo no saber “si habla a favor de los empresarios”.

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