En septiembre, mes en que el ministro de Economía, Martín Guzmán, cerró formalmente el acuerdo de reperfilamiento de vencimientos de la deuda en el próximo trienio, la Secretaría de Finanzas registró el tercer aumento consecutivo del total de los compromisos financieros del sector público en su conjunto, sumó otros USD 2.768 millones, a USD 332.185 millones.
El dato destacado del mes, en comparación con agosto, fue que por efecto del acuerdo con los acreedores, tanto internacionales como locales, se registraron vencimientos de títulos públicos por el equivalente a USD 105.611 millones y nuevas colocaciones por USD 111.190 millones.
Parte de ese incremento neto de USD 5.579 millones fue atenuado con la disminución de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional con la colocación de Letras del Tesoro en el equivalente a USD 3.669 millones; y otras operaciones menores con el Banco Central y organismos internacionales que determinaron un saldo final de aumento neto en USD 2.768 millones.
Y según detalla uno de los cuadros de la Secretaría de Finanzas a los que tuvo acceso Infobae, ese incremento neto de los compromisos financieros, que se corresponde con el sostenido y creciente déficit de la Administración Nacional, al debilitarse severamente los recursos tributarios e incrementarse los gastos asociados a las medidas paliativas de la crisis sanitaria en general y de la prolongación de la cuarentena que comenzó el 20 de marzo de debilitó al extremo la capacidad de producción de las empresas y de consumo de las familias, en particular, podría haber resultado aún mayor.
Una vez más, la política cambiaria con ajustes diarios de la paridad oficial que sigue el Banco Central posibilitó “licuar” deuda en pesos convertida a dólares como mero ejercicio estadístico, en el equivalente a USD 1.034 millones, mientras que la capitalización de bonos del canje anterior y ajustes por inflación de parte de los títulos públicos, sumaron unos USD 230 millones.
El Banco Central también volvió a contribuir al crecimiento de la deuda del Estado, aunque al tratarse de compromisos intra-sector público no constituye una preocupación directa para una parte de los analistas, mientras que para otros la estrategia de usar o abusar los “Adelantos Transitorios” representa una amenaza sobre la solidez de las finanzas públicas, porque no sólo esos fondos se utilizan para hacer frente al exceso de gastos sobre los ingresos fiscales, sino porque los “ordinarios”, que vencen dentro del año, suman el equivalente a USD 10.167 millones y los “extraordinarios” a 10 años de plazo aumentaron en el mes en USD 390 millones, y totalizan USD 8.031 millones.
Movimientos asimétricos
A fines de 2019 las cuentas nacionales registraban en la página de Economía un PBI equivalente a USD 424.122 millones, y un nivel de deuda pública de USD 323.065 millones, mientras las reservas brutas en el Banco Central sumaban USD 44.781 millones.
Nueve meses después, por efecto de la crisis sanitaria, y la prolongada cuarentena que afectó severamente el ritmo de actividad y los puestos de trabajo, el PBI se derrumbó a unos USD 350.000 millones, al tipo de cambio mayorista, y a menos de USD 200.000 millones a las paridades alternativas de cotización del dólar MEP y contado con liqui, en tanto la deuda pública ascendió al equivalente a USD 332.185 millones, y la suma de activos externos en el Central descendió a USD 41.379 millones.
Semejante asimetría en el comportamiento de tres variables claves que los economistas e inversores monitorean para determinar la solvencia externa de la Argentina, porque de alguna manera sintetizan la dinámica de la economía real y de las finanzas del sector público en su conjunto, surge de comparar los datos parciales a septiembre de la Secretaría de Finanzas de la Nación.
De ahí la importancia que el consenso de los economistas del sector privado le asignan a la necesidad de que el Gobierno presente un plan integral para comenzar a desandar la profunda crisis que arrastra la actividad agregada desde hace una década, pero que la irrupción de la pandemia del COVID-19 y las limitadas acciones de política, con una extensa cuarentena que provocó la destrucción de casi 4 millones de puestos de trabajo y la pérdida de más de 10.000 millones de horas trabajadas en sólo tres meses que informó el Indec.
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