El oficialismo obtuvo ayer dictamen favorable en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, sobre el proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional (FGS), que contempla la renegociación de la deuda que 17 provincias tienen con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La iniciativa, que en la comisión tuvo el apoyo del oficialismo y que la oposición esperará hasta mañana al mediodía para acompañar o no, irá al recinto la semana entrante también incluye un cambio en el mecanismo de financiamiento del pago a los jubilados que adhirieron a la ley de Reparación Histórica, con el fin de evitar que se vendan los activos que tiene en su poder el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), ya que la norma aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri contempla esa posibilidad en el caso de que no existan los recursos necesarios dentro del sistema previsional. Y la Anses señala que los recursos para hacer frente a ese pago que provienen del blanqueo de capitales se acaban en octubre próximo.
La atención de los diputados que participaron de la comisión estuvo en la renegociación de las deudas que tienen casi todas las provincias y que suman más de $101.000 millones, y la oferta que llevó la Anses en el proyecto de ley establece un canje de esa deuda por un bono elegible.
La titular de la Anses, María Fernanda Raverta, estuvo acompañada por el titular del FGS, Lisandro Cleri, y explicaron que el proyecto que lleva el Ejecutivo “propone un plazo de negociación de ocho meses, se mantiene la misma tasa -Badlar- pero sin la subvención del ministerio de Economía. Utilizar ese plazo de ocho meses para que las provincias emitan un título elegible a mediano plazo, a siete años o más, sobre la deuda”.
Los legisladores de la oposición se mostraron de acuerdo pero plantearon algunos cambios que no fueron aceptados por el oficialismo. Básicamente, apuntaban a los plazos.
El diputado de la oposición Luis Pastori hizo referencia a la posibilidad de extender la prórroga de 45 días porque entendía que los plazos legislativos no iban a ser lo suficientemente rápida y la Anses iba a empezar a retener fondos de las provincias de la coparticipación. Sin embargo, Cleri explicó que eso no iba a ser posible porque “estos vencimientos son dos meses de pago de la reparación si no logro estos ingresos tengo que salir a vender activos en el mercado secundario para pagar la reparición histórica y es lo que no queremos hacer”.
La preocupación de los gobernadores que se dejó ver en las palabras de los diputados es que la prórroga de la Anses vence en tan solo 17 días y en ese plazo la ley tiene que ser aprobada en las dos cámaras, reglamentada y publicada en el Boletín Oficial.
Reparación
El proyecto también modifica el financiamiento de la Reparación Histórica (RH). Luego de aclarar que se seguirá pagando “normalmente” el proyecto de Ley implica reordenar las fuentes de financiamiento, poniendo a las prestaciones de la RH en igualdad de condiciones con aquellas del SIPA, y mejorar el perfil de financiamiento de la RH al no sujetarla a la realización de activos de difícil liquidación.
El objetivo de la RH era la reducción de la litigiosidad previsional ofreciendo acuerdos voluntarios de reajuste de haberes. Estaba dirigido a beneficiarios de la prestación jubilatoria, tuvieran o no un juicio iniciado y, de tenerlo, con o sin sentencia firme.
El financimiento de esto estaba previsto -Ley 27.260- por 4 fuentes que deben utilizarse secuencialmente. Recursos obtenidos por el Blanqueo de 2016, Rentas que genere el FGS por sus inversiones. Si las anteriores resultaran insuficientes, se podrían vender activos del FGS y si esto fueran insuficientes los pagos se cubrirán con los recursos del SIPA y/o las partidas específicas que establezca la ley de Presupuesto.
Desde la Anses señalan que en octubre de este año se agotan los recursos del Blanqueo, cuando deberían cubrir 15 o 20 años más.
A partir de esto, la norma que tuvo dictamen restablece la libertad necesaria para que el FGS continúe invirtiendo a largo plazo y promueva el desarrollo económico financiando proyectos productivos con seguridad y rentabilidad adecuados.
Una tercera parte del proyecto tiene que ver con la creación de un fondo de 100.000 millones de pesos para inversión productiva que se prestaría a una tasa accesible para el desarrollo de
Y una cuarta parte es lo que tiene que ver con los deudores de los créditos Argenta. Hasta ahora estos créditos tienen suspendidos el cobro de las cuotas desde enero de 2020 y se propone que para regularizar las deudas se extiende el plazo pero no se cobran los intereses generados desde enero hasta que se ponga en marcha el proceso de regularización de deudas.
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