
A mediados de mayo, con el desplome de los precios internacionales del petróleo, el Gobierno estableció un precio sostén —el “barril criollo”— a USD 45 para la comercialización en el mercado local (el precio que pagan las empresas refinadoras a las productoras). Según el decreto N°488/2020, ese precio se mantendría vigente hasta fin de año para preservar los niveles de actividad y de producción.
Sin embargo, el mismo decreto preveía que si la cotización internacional del petróleo Brent se mantiene por encima de los USD 45 durante diez días consecutivos, quedara sin vigencia. Ese período acaba de cumplirse y las empresas refinadoras consideran que el “barril criollo” ya no está vigente.
Hace más de tres meses, cuando se publicó el decreto, el contexto era de una baja del precio del petróleo en el mercado internacional, que alcanzó mínimos históricos, como consecuencia de el conflicto entre Rusia y Arabia Saudita y la profunda caída de la demanda mundial como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
El decreto también preveía que el precio fijo de USD 45 por barril se podía modificar trimestralmente por la Secretaría de Energía. La semana pasada se cumplió ese plazo, pero no se informaron cambios.

“Las refinadoras consideran que ya se cumplieron los diez días que prevé el decreto 488. La pregunta del millón es si ahora tienen que esperar una confirmación oficial sobre la caída del decreto. Se supone que se cae solo, salvo que el Gobierno diga algo en contrario”, explicó una fuente de la industria.
En el Gobierno aun no dieron una respuesta oficial sobre si el decreto sigue o no vigente. La semana pasada asumió en su cargo Darío Martínez como nuevo secretario de Energía y su área, que antes estaba bajo la órbita del ministro Matías Kulfas, pasó a depender del Ministerio de Economía que encabeza Martín Guzmán.
Con todo, la caída del barril criollo no tendrá ningún impacto en el precio final que los consumidores pagan por las naftas y el gasoil en las estaciones de servicio. Aunque no están oficialmente congelados, los aumentos de precios son autorizados por el Gobierno, como sucedió con la última suba aplicada por YPF (de 4,5% en promedio) y que luego siguieron el resto de las empresas.
“La Argentina tiene el precio de la nafta congelado. Sin el barril criollo se dejará de obligar a las operadoras a cobrar el barril a USD 45 y deja a las refinadoras la posibilidad de negociar el precio. Van a comenzar a manejarse con el precio de negociación”, analizó Fernando Meiter, especialista en temas de energía.

“Esto no beneficia a nadie porque nadie subió los precios. Siguen las refinerías perjudicadas y los productores porque nunca cobraron los USD 45 por barril del decreto. Las refinerías no pueden pagarlo por el retraso de precios en surtidor. Pero los productores sí deben pagar regalías sobre ese monto, lo que encarece sus costos y les resta disponibilidad financiera para invertir”, explicó otra fuente del sector, en reserva. “Se beneficiaron solo los Gobiernos provinciales, que mantienen ingresos afectando a la actividad y a las empresas”, agregó.
Durante estos meses, la aplicación del “barril criollo” afectó especialmente a las compañías refinadoras de combustibles no integradas, que deben comprar su materia prima a las empresas productoras. Es el caso de Raizen (de la red de estaciones de Shell) y Trafigura (de la red con la bandera Puma), que no procesan su propio crudo.
Fuentes del sector explicaron que como consecuencia del decreto, las compañías productoras de petróleo vendieron más materia prima al exterior y las refinadoras se vieron afectada por una disminución del crudo disponible el mercado local. Por eso, como resultado de esta situación, hace algunas semanas, en la industria alertaron que se abría la posibilidad de que tuvieran que salir a comprar gasoil al exterior para cubrir la demanda.
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