La prolongación de la cuarentena disparó el gasto público en más de $760.000 millones y aumenta el déficit fiscal

Por décima tercera vez en el año, el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, dispuso una nueva modificación y reasignación de partidas de gastos los cuales a lo no tener la suficiente contrapartida de ingresos extraordinarios determinarán, en caso de ejecutarse plenamente, un aumento del déficit financiero.

“El lunes 8 de junio se publicó en el suplemento del Boletín Oficial la Decisión Administrativa (DA) 997/20, por la cual se autoriza un incremento en el cálculo de recursos por $59,2 millones y un aumento de gastos por $41.261,1 millones, lo que determina un aumento del déficit fiscal financiero proyectado para la Administración Pública Nacional de $41.201,9 millones”, informó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Se trató de la sexta ampliación del Presupuesto de Gastos 2020 desde que el presidente Alberto Fernández y su equipo de ministros firmara el Decreto de Necesidad y Urgencia que dio inicio al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), con el propósito central de responder a la inesperada demanda de gastos asociados con los efectos de la cuarentena, como el bono a jubilados que perciben la mínima, el Ingreso Familiar de Emergencia, créditos blandos para las pymes y trabajadores autónomos, más el Plan Alimentar, entre otros.

En el caso de la DA 997 el aumento de las partidas para ese fin es de poco más de $110.000 millones, aunque su impacto sobre el déficit de las finanzas públicas sería de $41.202 millones, porque suma ingresos no previstos por $59 millones, y reasigna partidas de otros Ministerios y en particular de la Tesorería de la Nación en un neto de $69.143 millones, principalmente por las menores necesidades de recursos para pagar vencimientos de la deuda pública, por el reperfilamiento de vencimientos que el Gobierno nacional negocia con los bonistas internacionales, primero, y los locales después.

Según los datos procesados por la ASAP, desde el 27 de marzo, a través del mecanismo de la Decisión Administrativa, ahora en uso de plenos poderes delegados por el Presidente a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, se incrementó la proyección de gastos para todo el año en $761.317 millones, mientras que los recursos esperados se elevaron en $540.221 millones, en este caso principalmente por efecto de la incorporación de utilidades contables del Banco Central que ya transfirió a la Tesorería.

De ahí surge que el gasto extraordinario derivado de la emergencia sanitaria ya se estima absorberá el equivalente a poco más de 3% del PBI, aunque en términos de déficit fiscal el efecto final se reduce a 1% del PBI, por la “contabilidad creativa” que significa el giro de ganancias del BCRA que se generaron por el cambio del método de valuación de las Letras Intransferibles del Tesoro que forman parte de su activo y que no son negociables en mercados secundarios de deuda, donde su valor sería inferior a la mitad.

Pero otro de los efectos negativos de la pandemia del COVID-19 es el derrumbe de los recursos tributarios, por la concurrencia de caída de la actividad productiva y comercial de las empresas; la drástica baja del consumo; la contracción del comercio exterior de bienes y servicios como el turismo, y los planes de facilidades de pago de los impuestos y contribuciones patronales sobre la nómina salarial. De ahí que el déficit fiscal ya se estima en las cuentas de la Secretaría de Hacienda en casi $1,3 billones, equivalente a poco más de 5% del PBI.

Destino de la última modificación presupuestaria asociados a la pandemia

El análisis de los economistas de ASAP de las nuevas asignaciones de gasto determinada por la Decisión Administrativa 997 detectó las siguientes partidas directamente vinculadas con medidas paliativas de la crisis sanitaria:

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: $95.500 millones para la Anses con el fin de atender el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) extendido al corriente mes;

Ministerio de Desarrollo Social: $9.848 millones con destino a los programas “Políticas Alimentarias” $7.800 millones y “Apoyo al Empleo” $2.000 millones;

Ministerio de Turismo y Deportes: se amplían las Transferencias al Sector Privado para financiar Gastos Corrientes por $2.676 millones; y

Ministerio de Salud: $2.407 millones para la Superintendencia de Servicios de Salud, particularmente para afrontar reintegros a los Agentes del Seguro de Salud relacionados con prestaciones para la cobertura de pacientes sospechosos o con diagnóstico de COVID-19, como para aquellos Agentes que sufrieron una merma en su recaudación en el marco de la crisis sanitaria.

En contrapartida, se redujo el Presupuesto a Cargo del Tesoro en $91.299 millones; y, en menor medida se modifican los presupuestos del Poder Judicial de la Nación $300 millones, Poder Legislativo Nacional $241 millones, Ministerio de Economía $196 millones, Jefatura de Gabinete de Ministros $124 millones, Ministerio de Cultura $113 millones, y Ministerio Público $69 millones, entre otros.

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