
La disputa entre dos de las marcas de motos más importantes de la Argentina abrió un nuevo capítulo luego de que Zanella acusara a Motomel (La Emilia) de desplegar conductas que atentan contra la posibilidad de darle continuidad laboral a sus empleados y de disponer de la posibilidad de vender la compañía, que se encuentra en la etapa final de su convocatoria de acreedores.
Zanella, que viene de un año en el que cerró sus plantas en el interior del país —Mar del Plata, San Luis y Córdoba— y de una serie de despidos en su fábrica histórica de Caseros que incluyó el remate de parte de sus bienes, denunció en un comunicado que Motomel irrumpió sin legitimación alguna, en el expediente judicial del concurso preventivo de la empresa, “intentando boicotear, obstaculizar, impedir y/o retrasar la disposición de ciertos activos que pretende gestionar en el legítimo uso de sus derechos y atribuciones, y en el marco de la libertad contractual y el derecho de propiedad, de raigambre y protección constitucional”.
Desde Motomel señalaron que habían concretado una presentación de compra ante la justicia comercial para quedarse con Zanella pero que los dueños habían negociado con la firma Industria Metalúrgica Sud Americana (IMSA) por un valor mucho menor.
Fuentes cercanas a Zanella dijeron a Infobae que el concurso de acreedores estaba en su etapa final, que los dueños recibieron una oferta de IMSA que había sido aprobada tanto por el síndico que lleva adelante el concurso como por el juez que participa de él. Agregaron que la empresa entiende que no se trata de una subasta de la compañía sino que sus dueños pretenden vender la marca para avanzar con su reactivación y de la producción en su fábrica de San Luis.

En el comunicado, la empresa concursada sostiene que La Emilia busca “inmiscuirse en una contratación privada entre partes, pretendiendo una suerte de proceso de mejoramiento de ofertas que no existe en el marco de un concurso preventivo, donde Zanella conserva la administración de sus bienes y es la única que puede decidir a quién vende”.
Asimismo, la acusa por generar confusión e inducir a error a los jueces, a los empleados y al mercado en general, instalando la idea de una supuesta disputa por bienes que no están a la venta, ni en remate, ni disponibles para ser adquiridos por cualquier persona, con independencia de cuál sea el ofrecimiento unilateral que estén dispuestos a hacer por los mismos.
En tanto, señala que La Emilia “pone en riesgo los puestos de trabajo del personal de Zanella, y en particular de aquellos afectados a la planta de San Luis, que estaban a la espera de la reactivación de la misma y el inminente reinicio de las operaciones, que se ha visto demorado por las acciones irresponsables y temerarias”.
En ese sentido, Zanella considera que su competidora intenta incurrir en prácticas desleales y anticompetitivas, “lesivas de la libertad de contratación y del derecho de propiedad, con el único interés de obtener a toda costa la adquisición de los activos de la empresa, prescindiendo del ineludible derecho que tienen de decidir a quién, cómo y cuándo dispone de sus bienes”.
“Pretenden colocar y forzar a Zanella a una situación de quiebra, con el fin de obtener la adquisición de sus activos en un proceso de remate”, remata la empresa en el comunicado.
Los antecedentes de la disputa
La empresa La Emilia denunció a Zanella a fines del año pasado por “irregularidades” en la venta de la empresa al entender que la oferta que realizó ante un Juzgado Civil de San Luis, duplica el monto propuesto por el oferente que fue finalmente aceptado.
“La Emilia representada por el Estudio Pagano se presentó en el juzgado Civil Nº 4 de San Luis con una propuesta de compra de la marca y la continuidad de la producción en San Luis, pero el juez Agustín Ruta prefirió aceptar la oferta de IMSA”, expresó en un comunicado. Según esta denuncia, IMSA - Industria Metalúrgica Sud Americana- quiere pagar USD 1.942.149 lo que equivale a $122.355.387, mientras que La Emilia ofreció $245.000.000.
“La propuesta de Motomel fue de más del doble de lo valuado por las empresas que hicieron la valuación de la marca. Este plan significaba un beneficio de la masa concursal, de los trabajadores y para la provincia porque incluía un contrato de locación de la planta de Zanella en San Luis para continuar con la producción”, reseñó.
El escrito presentado por Motomel, alertó que se encontró con una curiosa valuación “muy por debajo del valor de mercado, de una sociedad a la que el juez de San Luis le estaría cediendo esa valiosa marca en detrimento de los trabajadores de Zanella".
“Hay un manejo absolutamente discrecional y arbitrario que el Juez ha demostrado”, aseveró el comunicado de La Emilia, al resaltar que Motomel pide participar en el proceso concursal como “legítimos interesados en adquirir las marcas comerciales de la concursada, ofreciendo mejorar cualquier oferta, al ser participantes principales del mismo mercado de la concursada”.
Y concluyó: “Es curiosamente llamativo, -finalizó el comunicado- cómo se está autorizando la venta del activo más valioso de la empresa a un valor excesivamente bajo. De esta forma, todos los trabajadores, acreedores concursales y post concursales estarían siendo gravemente perjudicados porque se está ‘vaciando’ a la empresa”.
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