Después de 21 meses con disminución de los juicios laborales ingresados por accidentes laborales, 2019 cerró con 4 meses de aumento en comparación con el año previo y disparó una señal de alerta en el empresariado y aseguradores porque se trata de un indicador que impacta directamente sobre el costo laboral.
A casi un mes del nuevo gobierno, aún no se ha completado la grilla de funcionarios en la Superintendencia de Seguros de la Nación ni en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, por lo que las autoridades de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo no cuentan con un interlocutor para impulsar la constitución de los Cuerpos Médicos Forenses en cada una de los aparatos judiciales de las 15 provincias adheridas.
Es que la ausencia de esa figura legal determina la recreación de una alta cuota de discrecionalidad e incentivo a las demandas contra las empresas por supuestos accidentes del trabajo que suelen no ser tales, y en otros casos por fallos fundados en peritajes alejados del daño real.
En septiembre de 2019 se inició un punto de giro en la disminución de la litigiosidad por accidentes desde la sanción de la Ley 27.348, con sostenido aumento: 11% ese mes; 4% en octubre; y 6% en noviembre, y datos parciales correspondientes a diciembre confirmaría la continuidad del movimiento alcista, alertan desde la UART.
“La consecuencia, es el riesgo inminente de desfinanciamiento del sistema y echar por la borda el esfuerzo realizado”, observan en la UART, juntamente con el aumento de las alícuotas que deben pagar las empresas, según la variación del índice de siniestralidad en cada sector de actividad.
“En 2019 el conjunto de las aseguradoras cubrió a casi 10 millones de trabajadores, en relación de dependencia, y en casas particulares, que se desempeñan en 1 millón de empresas y empleadores individuales; y se salvaron 13.000 vidas con la acción preventiva combinada de empleadores, trabajadores, aseguradores y el Estado”, informó la UART.
Sin embargo, se destaca en el sector que aún persisten altos índices de litigiosidad, superiores a los que se observan en Chile y España.
La falta de un eslabón clave
En la UART se resalta “la necesidad de completar el cumplimiento de lo previsto en la Ley 27.348 a través de la constitución inmediata de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF), en cada una de las justicias de las 15 provincias adheridas a la Ley. Este eslabón faltante, previsto en la reforma para consolidar el camino recorrido de baja de litigiosidad, reabre la puerta al retorno de demandas exacerbadas”.
Esa demora implica que “el mecanismo pericial sigue con honorarios acoplados a los montos de las sentencias (contundente incentivo a sobreestimar daños) y sin la utilización o del uso incorrecto del Baremo (tabla de porcentajes de incapacidades)”, sostienen en la UART, con claro perjuicio no sólo sobre la sustentabilidad del sistema, sino también de los empleadores.
De ahí que en la UART miran día a día el Boletín Oficial en busca de encontrar la designación de las nuevas autoridades que se ocuparán del cumplimiento de la Ley 27.348 para contactarlas y consensuar medidas que conduzcan a recuperar la tendencia descendente de los litigios y, en consecuencia, la baja del costo laboral no salarial por parte de las empresas.
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