En el acto de presentación del equipo de inmediatos colaboradores el presidente Alberto Fernández dijo que Gustavo Béliz, jurará como secretario de Asuntos Estratégicos, pero con rango ministerial, tendrá a su cargo la tarea de “transformar el Estado”.
Claramente, la tarea encomendada no será sencilla, habida cuenta de que a la clásica burocracia que caracteriza al empleo estatal, en particular en las escalas intermedias de la administración central donde se acumulan “capas” integradas por “personas de confianza del poder de turno”, que no se retiran con el cambio de gobierno, ni revalidan posiciones por concurso y mérito, se le agrega una estructura amorfa en términos de calidad educativa, condiciones de contratación, y régimen que lo regula. Y por tanto, muy lejos de sus estudios orientados a una “justicia social tecnológica”.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) hizo una descripción al 30 de abril de 2019 del empleo público en las jurisdicciones y entidades que integran la Administración Pública Nacional (APN), las Empresas y Sociedades del Estado y los Otros Entes del Sector Público Nacional no Financiero, excluyendo universidades, que comprende a un universo de 449.797 cargos, de los cuales 385.189 corresponden a APN, 34.239 a Otros Entes (organizaciones públicas no empresarias pero financieramente autónomas) y 30.319 a las 13 empresas estatales de las que se dispone información.
El trabajo detectó que 89% está registrado en la plantilla del Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, coexisten una veintena de regímenes jurídicos y más de 120 escalafones específicos con niveles disímiles de ocupación.
“Bajo una mirada histórica, mientras que entre 2010 y 2015 se identificó un crecimiento sostenido de la ocupación (con un incremento de más de 20% en el periodo); entre 2016 y 2018 la tendencia general ha sido hacia la baja, exhibiendo una disminución cercana al 8% en el Poder Ejecutivo Nacional”, resalta el estudio de la OPC, principalmente por el traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de agentes de la Policía Federal.
Modalidad del empleo
El tipo de contratación se divide entre tres rubros, de los cuales 2 son los más relevantes: los puestos permanentes o por plazo indeterminado, representa el 80% del total, pero con un desagregado de 88% en la Administración Central; 80% en las Instituciones de la Seguridad Social y apenas poco más de 50% en los organismos descentralizados; y los contratados; mientras que una mínima proporción corresponde a “transitorios”.
El estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso detectó que poco menos de un tercio del total de los cargos se rige por el régimen de Convenio Colectivo de Trabajo; un cuarto corresponde a Personal de Seguridad; un 20% a Personal Militar, y el resto por otros regímenes.
Por grupo de edades, la estructura del empleo el la Administración Pública Nacional muestra alta concentración en las franjas de 35 a 49 años, 39,2% del total y en la precedente hasta 20 años con 37,2%; un 20,4% corresponde a la de 50 a 64 años y el resto se reparte entre 2,1% mayores de 64 años y 0,8% menores de 20 años.
En tanto, por nivel educativo 46,7% cuenta con escuela secundaria completa; 26,3% universitaria o superior; mientras que 17,3% acredita escuela primaria y 9,8% terciaria.
Brecha de las remuneraciones
La estructura del empleo en el sector público mostraba a abril de 2019 una brecha de ingreso entre los extremos de casi 5 a 1 en términos de edad del empleado; como consecuencia de “la mayor presencia relativa de personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en los tramos de menos de 20 años, respecto del total general”, observó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La distancia de ingreso se reduce notablemente, a poco más de 2 veces entre los extremos según nivel educativo, observándose la mayor distancia por clima educativo entre los que cuenta con nivel terciario y los que registran título universitario o superior.
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