
Le dicen Nueva Chicago, pero bien podría ser una patrulla perdida de la vieja Chicago, aquella sede de la mafia norteamericana en los años 30. Así por lo menos está quedando parte de la barra del equipo de Mataderos para la Justicia, porque en un extenso pronunciamiento, este miércoles, el magistrado subrogante del juzgado nacional en lo criminal número 30, Gustavo Pierreti, procesó a altos mandos de la barra del Torito, a un puntero político de Ciudad Oculta, a un policía y a un ex presidente de la institución por el delito de robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y mediante la utilización de armas de fuego, y en su resolución deja en claro que las empresas contratistas ya sean de servicios públicos o privados que quieran trabajar en la zona, o arreglan con la barra o quedan a merced de ésta. Increíble.
La historia comenzó el 7 de junio del año pasado, cuando Telefónica de Argentina subcontrató a una empresa llamada AGS Systems para hacer un trabajo sobre el cableado subterráneo de fibra óptica en la zona. Mientras estaban llevando a cabo la tarea en la avenida Lisandro de la Torre, se acercó un policía vestido de civil y que dejaba claramente ver su arma, llamado Ariel González, quien les pidió a los trabajadores los permisos correspondientes y, diciéndoles que no eran legales, los conminó a irse del lugar y se retiró. Como la cuadrilla seguía trabajando, regresó para, según consta en la denuncia, decirles “acá no podés venir más”, y acto seguido arribó al lugar de conflicto una camioneta Dodge Ram con David Brizuela a bordo, quien es un barra pesado de Chicago e hijo de Pocho Brizuela, el puntero más poderoso de Ciudad Oculta, acompañado de Brian el Negro Perafán, otro de los que dominan el paravalancha del estadio República de Mataderos. Y junto a ellos se dejaban ver otros dos muchachos del tablón, de esos de temer. El Negro Perafán se presentó como el jefe de la barra brava del Verdinegro y le gritó al que estaba al frente de la cuadrilla de trabajadores: “Acá para trabajar tienen que arreglar conmigo”, mientras les argumentaba que esa era la única manera de darles seguridad y cuidarlos de cualquier cosa que podía pasarles en la zona, mientras al mismo tiempo les exhibía una ametralladora que estaba en la cabina de la camioneta.
La situación se tornó muy tensa y, ante la mirada atónita del jefe de la cuadrilla, le dijo que esto se arreglaba fácil: les tenían que dejar la mitad de los cables a ellos y así la barra se iba en paz y los dejaba trabajar tranquilos. Ante la explicación de que eso no era decisión de él, Perafán se ofuscó, exhibió otro arma que llevaba en la cintura, al tiempo que llegaba al lugar otra camioneta, en este caso una Amarok, con más barras de Chicago dispuestos a todo. Así consiguieron que a los empleados de la empresa no les quedara otra opción que cargarles en la camioneta 80 metros de cable y mientras todos se iban, el jefe de la barra les advirtió: “Si quieren seguir trabajando, esta es la modalidad de peaje”.
Cuando llegaron a la empresa, se hizo la denuncia correspondiente con el aval de Telefónica de Argentina y la fiscalía empezó a investigar. Y descubrió que era el modus operandi habitual de la barra. Recogieron testimonios de vecinos que prefirieron mantenerse en el anonimato contando las situaciones que se vivían y, entre esas manifestaciones, más las declaraciones de las víctimas y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y los cruces de llamados telefónicos, el juez pudo individualizar y procesar a Brizuela, Perafán y al policía González como parte de la maniobra. Pero menuda sorpresa se llevó cuando investigó la titularidad de la camioneta Ram en la que habían llegado: pertenecía a Germán Kent, ex presidente de la institución entre 2017 y 2021 y actual mecenas de la gestión que encabeza Juan Angel Tito Guerra desde diciembre de 2023.
Cuando lo convocó a dar explicaciones, Kent aseguró que la camioneta se la había vendido a Brizuela en 65000 dólares en cuotas, pero como eran amigos no había boleto de compraventa y, como todavía faltaban algunos pagos por hacerse, tampoco se había realizado la transferencia. Y explicó que él seguía pagando el seguro del auto para que éste no se quedara sin cobertura. El magistrado no le creyó demasiado y lo procesó como partícipe necesario de toda la banda, cargo que de ser condenado tiene la misma pena que el resto de los coautores.
La situación de todos parece complicada si bien la decisión del juez puede ser apelada la próxima semana ante la Cámara. Porque además los antecedentes no los ayudan. Al principio, la Justicia trabajó como una división de la Policía de la Ciudad, pero cuando vio que lo que estaba por detrás era la barra de Chicago, pidió colaboración a los efectivos que trabajan específicamente en violencia en el deporte. Y éstos hicieron un trabajo de campo dejando al descubierto toda la red de complicidades, que es lo que definió al juez a procesar a todos sin prisión preventiva y aplicarles un embargo de un millón cien mil pesos.
Cabe recordar que la barra de Chicago está dividida en tres grupos y que tuvo su última gran batalla interna en agosto de 2023, en un hecho que dejó 11 heridos. Por un lado está la histórica facción de Los Perales, por el barrio que está detrás del estadio, que tiene relaciones umbilicales con el sindicato de la carne; el sector de la Oculta, liderado por la familia Brizuela y Brian Perafán, y el de Las Antenas, el asentamiento de cuatro manzanas ubicado en Lomas del Mirador. Se han repartido el poder intermitentemente, pero los de Oculta tomaron un rol cada vez más fuerte en la última década. El domingo, el Torito de Mataderos jugará de local contra Deportivo Morón, justo uno de los grandes clásicos del Ascenso, y se verá si hay algún resquemor tras la decisión judicial. Aunque por el barrio dicen que nada pasará porque a ninguno de los procesados les pusieron derecho de admisión, dado que el accionar delictivo no se produjo en el marco de un espectáculo deportivo.
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