Antártida: el tratado internacional clave que vela por la conservación de la vida marina

La sobreexplotación del suelo y el agua, la pesca excesiva, la deforestación y la caza indiscriminada son solo algunos ejemplos de actividades que llevaron al agotamiento del medio ambiente, que se hace sentir fuerte sobre todo en la Antártida.

A lo largo de la historia, la humanidad mostró una preocupante tendencia a explotar los recursos naturales sin considerar las consecuencias a largo plazo. Impulsada por la búsqueda de beneficios económicos y el crecimiento desmedido, esta actitud derivó en la depredación de ecosistemas, la extinción de especies y la degradación del medio ambiente.

El océano Austral –donde convergen los océanos Índico, Pacífico y Atlántico– no fue ajeno a esta realidad. Este vulnerable ambiente marino alberga, a lo largo de la franja circumpolar, miles de plantas y animales, como el fitoplancton y la esponja de cristal o el pingüino emperador, el krill antártico, además de focas y ballenas. Estas últimas, junto a otras especies, fueron históricamente objeto de sobreexplotación durante los siglos XVIII y XIX, al punto de que algunas poblaciones llegaron a estar al borde de la extinción.

Por esta razón, en la década de 1970, ante la necesidad de regular la pesca en altamar, se acordó la creación de un acuerdo internacional que controlara el creciente interés comercial en estos organismos marinos. De este modo, el 20 de mayo de 1980, en Canberra, Australia, se adoptó la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), que entró en vigor el 7 de abril de 1982 y consta de 33 artículos que establecen el marco legal para la gestión.

El objetivo de la Convención es la conservación de los recursos vivos marinos, incluida su utilización racional en la región. Con este fin y sobre la base de la evidencia científica, “formula medidas de conservación, impulsa la investigación del ecosistema oceánico antártico, analiza el estado de los recursos y las actividades pesqueras, evalúa la eficacia de las medidas implementadas, supervisa el cumplimiento de las normas a través de un sistema de inspección internacional y combate la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) para asegurar la sostenibilidad de la actividad pesquera en la región”, explica a DEF el doctor Enrique Marschoff, especialista en el tema.

Entre las principales especies de valor comercial presentes en el océano Austral, la CCRVMA regula el krill, la merluza negra y el pez de hielo, que desempeñan un papel fundamental en la red trófica antártica y su conservación es esencial para mantener la salud y el equilibrio del ecosistema.

“La gestión de la pesca de krill es particularmente importante, ya que esta especie es la base de la cadena alimentaria antártica y sirve de alimento a ballenas, focas, pingüinos y otras aves marinas”, detalla. Por esta razón, la Convención estableció límites de captura precautorios, basados en modelos ecológicos y evaluaciones de riesgo, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la pesquería.

Pero el krill no es el único recurso protegido. La pesca de merluza negra, un pez de gran valor comercial, también está sujeta a estrictas medidas de gestión, entre las que se incluyen límites de captura, vedas espaciales y temporales, y el uso de artes de pesca selectivas para minimizar el impacto sobre el ecosistema. “Con el fin de combatir la pesca ilegal y el comercio de productos pesqueros obtenidos de manera ilícita, la Convención implementó también un sistema de documentación de capturas para rastrear el origen y el destino de la merluza negra”, sostiene.

A la vez, el pez de hielo, otra especie importante en el ecosistema antártico, está sujeto a medidas de conservación que determinan los límites de captura y el monitoreo de las poblaciones para asegurar su sostenibilidad.

Para poder incluir todos los recursos existentes, hasta la Convergencia Antártica –también conocida como Frente Polar, característica oceanográfica clave que delimita el ecosistema antártico–, la Convención extendió su área de aplicación más allá del paralelo 60 (límite norte de la zona regulada por el Tratado Antártico). Esta extensión se realizó para asegurar que todos los recursos estuvieran bajo administración y protección. El frente polar se desarrolla entre los 50 y 55 grados de latitud, área que incluye distintas islas subantárticas que están bajo la jurisdicción de varios estados, como Francia (islas Kerguelen y Crozet), Sudáfrica (islas Marion y Príncipe Eduardo) y Australia (islas Heard y McDonald).

“La inclusión de estas islas subantárticas dentro del área de la Convención generó debates y consideraciones clave, especialmente en relación con la soberanía y los derechos de jurisdicción de los Estados sobre estos territorios”, explica Marschoff. Y agrega que, en este contexto, “la disputa por las islas Georgias y Sándwich del Sur, cuya soberanía es reclamada por Argentina, pero que están bajo administración del Reino Unido, llevó a la inclusión de la Declaración del Presidente en la Convención”. Esta declaración establece que la aplicación de las medidas de conservación de la CCRVMA en estas áreas no prejuzga las cuestiones de soberanía.

La CCRVMA enfrenta diversos desafíos para garantizar el cumplimiento efectivo de sus medidas de conservación, que abarcan la complejidad del ecosistema antártico, la diversidad de intereses de los Estados miembros, la dificultad de monitorear y controlar las actividades pesqueras en una región remota y de difícil acceso, y las amenazas emergentes como el cambio climático y la expansión de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), una problemática global que impacta fuertemente en los ecosistemas marinos y en la seguridad alimentaria.

La cooperación internacional es fundamental para superar estos desafíos y asegurar la conservación de los recursos vivos marinos antárticos a largo plazo. “En ese contexto, la CCRVMA promueve la colaboración entre los Estados miembros, las organizaciones científicas y otros actores relevantes, a través del intercambio de información, la coordinación de actividades de investigación y monitoreo, y la implementación de medidas de gestión conjuntas”, finaliza el experto.