A fines de junio, la ONU convocó a 142 países para discutir un tema urgente: los océanos. Más precisamente, el cuidado de las aguas internacionales de los efectos del cambio climático. La importancia de los océanos es crucial si se considera que aportan el 50 % del oxígeno del planeta y que, a cambio, reciben ocho millones de toneladas de plástico, que el aumento del nivel del mar producto de los deshielos y la polución por el elevado tráfico marítimo son solo algunos de los motivos para establecer un acuerdo que proteja los océanos. La reunión para firmar el trato había sido programada para agosto.
Agosto llegó, pero lo que no llegó fue el acuerdo. Bajo la consigna “¿Cómo hacer que las aguas de nadie se conviertan en las de todos?”, la ONU llevó adelante, entre el 15 y el 26 de agosto, una Conferencia Intergubernamental para la negociación del Tratado sobre Biodiversidad Marina en Áreas Más Allá de la Jurisdicción Nacional, en la que participaron 168 países. El objetivo era lograr para 2030 la protección jurídica del 30 % de la superficie de altamar, es decir, de aquellas áreas marinas que se extienden más allá de las zonas económicas exclusivas que pertenecen a los Estados soberanos, y así recuperar la deteriorada biodiversidad que custodia el fondo marino.
¿En qué consistía el tratado?
Los participantes buscaban proteger determinadas áreas marinas, implementar evaluaciones de impacto ambiental con estándares básicos y, uno de los puntos de conflicto, el acceso equitativo de recursos genéticos marinos. Además, el tratado proponía establecer autorizaciones para la sostenibilidad de las obras, apoyo financiero a los países y el intercambio de otros conocimientos científicos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza destacó que se necesitan acuerdos vinculantes para que este tratado sea efectivo.
El tratado debía negociarse bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre las Leyes del Mar (UNCLOS) de 1982, que rige los derechos de los países con respecto a los recursos marinos. Como no existe un tratado para proteger grandes extensiones de océano, una resolución de la ONU de 2017 decidió rectificar esto y fijó 2022 como fecha límite.
Como es sabido, la pandemia provocó muchos retrasos. Más tarde surgió la High Ambition Coalition, que ahora cuenta con más de 100 países adheridos. Después de este punto muerto, las conversaciones se van a retomar el año que viene, a menos que se convoque una sesión especial.
Motivos y objeciones
“Los efectos del calentamiento de los océanos incluyen el aumento del nivel del mar debido a la expansión térmica, la decoloración de los corales, el derretimiento acelerado de las principales capas de hielo de la Tierra, la intensificación de los huracanes y los cambios en la salud y la bioquímica de los océanos”, explica el informe “Ocean Warming” publicado por la NASA en 2021. Además, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, la pesca excesiva se ha multiplicado a lo largo de los años, y un tercio de las especies, como los tiburones y las rayas, están en peligro de extinción.
Por el momento, no existe un tratado dedicado a proteger la salud de los océanos. Hasta ahora, todos los países tienen derecho a acceder a mar abierto, lo que da lugar a operaciones de perforación y arrastre a gran escala para capturar peces y otros animales con fines comerciales.
Entre las objeciones al acuerdo, países como Estados Unidos y Canadá expresaron preocupación por el reparto de los posibles beneficios provenientes de la explotación de los recursos genéticos de alta mar. El motivo: es allí donde las industrias farmacéuticas, químicas y cosméticas realizan exploraciones para encontrar moléculas que sirvan de base para nuevas fórmulas cosméticas y farmacológicas.
Para Greenpeace, el fracaso en las negociaciones se debe a la presión de una serie de intereses económicos en juego: el reparto de los beneficios derivados del descubrimiento y la explotación de recursos genéticos marinos que las grandes empresas farmacéuticas y químicas patentan para el desarrollo de nuevos fármacos y cosméticos. Esta costosa investigación marítima es una prerrogativa de las naciones ricas como Estados Unidos, Canadá, Rusia o los países de la Unión Europea, según consigna la Agencia EFE. A menos que la Asamblea General de la ONU convoque a una sesión especial de emergencia para concluir las negociaciones, las tratativas no se retomarán sino hasta el año que viene.
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