Nueva legislación sobre derechos de autor: claves del decreto del gobierno y la reacción de las entidades del sector

El gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 138/25, que introduce un cambio radical en la administración de los derechos de autor en Argentina. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger permite que los artistas gestionen sus derechos sin intermediación obligatoria. Esto incluye la posibilidad de firmar acuerdos directos y la creación de nuevas entidades para competir con organizaciones como la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC).

El decreto ha desatado un profundo debate en el ámbito cultural argentino. Mientras el gobierno sostiene que la desregulación permitirá una mayor libertad y eficiencia en la administración de los derechos de autor, entidades como SADAIC y Argentores alertan sobre las consecuencias negativas de la medida. Con posiciones enfrentadas y posibles acciones legales en el horizonte, el futuro del sistema de gestión de derechos en Argentina se encuentra en un momento clave de transformación.

Según Sturzenegger, la normativa busca eliminar lo que califica como un sistema de control estatal que permitía al gobierno ejercer presión sobre los artistas. El ministro señaló que el esquema anterior, instaurado en la década de 1970 y reforzado en años posteriores, generaba una estructura burocrática que “premiaba” o “disciplinaba” a los artistas en función de decisiones políticas.

Entre los principales cambios que introduce el DNU 138/25 se encuentran:

• Independencia para los artistas: Ahora podrán elegir quién los representa o incluso representarse a sí mismos sin la obligatoriedad de recurrir a una SGC.
• Fin del monopolio de SADAIC y otras entidades: Otras organizaciones podrán gestionar derechos de autor en competencia con las ya existentes.
• Acuerdos directos: Los creadores pueden negociar sus derechos directamente con quienes usen sus obras, sin la intermediación de SGC.
• Mayor transparencia: Se espera que la competencia entre sociedades de gestión incentive mejores prácticas administrativas.

Desde el gobierno se defiende la medida como un paso hacia la modernización del sector cultural, equiparando el modelo argentino con experiencias internacionales que, según ellos, han demostrado ser más eficaces y equitativas.

Fuentes oficiales dijeron a Infobae que, además, “por las otras normas específicas que se dictarán como complemento, se modificarán los decretos que crean y regulan a las sociedades de gestión colectiva AADI-CAPIF y SAGAI para permitir la competencia y permitir los acuerdos bilaterales. Estas también van a tener que adaptarse a los requisitos de transparencia y funcionamiento del régimen general. Además, las SGC no podrán hacer distinciones u otorgar privilegios entre los distintos tipos de socios al fin del cobro, administración, etc de los derechos económicos percibidos ni el derecho a voto”.

La Sociedad Argentina de Autores y Compositores expresó su rechazo a la iniciativa a través de un duro comunicado. “La música tiene valor y quieren regalar nuestro trabajo”, comienza el mensaje publicado por la entidad en sus cuentas de redes sociales. En el texto, SADAIC sostiene que el decreto desconoce el derecho constitucional de los autores a recibir una compensación justa por la utilización de sus obras, y que, al permitir una mayor desregulación, pone en riesgo la sustentabilidad económica de miles de músicos y trabajadores del sector.

La organización, que representa a más de cuatro millones de autores a nivel mundial y cuenta con acuerdos de reciprocidad con otras sociedades internacionales, argumenta que el modelo actual ha permitido garantizar el pago de regalías de manera eficiente y justa. Además, advierte que el decreto podría generar una caída en la recaudación y dificultades para asegurar el cobro de los derechos en el extranjero.

SADAIC ha manifestado su intención de llevar la disputa a instancias judiciales y políticas, defendiendo el modelo de gestión colectiva como la mejor opción para proteger los intereses de los creadores.

Otra entidad que se manifestó en contra del decreto fue Argentores, la sociedad de gestión que representa a autores teatrales, televisivos, radiales y cinematográficos. En un comunicado, la organización recordó que las sociedades de gestión colectiva son una herramienta fundamental en la defensa de los creadores y sus derechos, no solo en Argentina sino en todo el mundo.

Argentores hizo hincapié en que su tarea no solo consiste en el cobro y la liquidación de derechos de autor, sino también en una serie de funciones mutuales y de asistencia social. “Más de mil personas, socios y familiares, dependen de esta tarea social: pensiones, ayudas asistenciales, medicina prepaga, medicamentos, consultorios clínicos y psicológicos, asistencia legal nacional e internacional, fomento al autor y a su actividad”, indicó la entidad.

La organización rechazó la idea de que la gestión individual pueda reemplazar la colectiva, afirmando que una sociedad de gestión acompaña al creador durante su vida productiva y lo protege cuando su actividad merma. “Jamás la gestión individual podrá reemplazar a la gestión colectiva de derechos. Una entidad de gestión siempre está al lado del autor y nunca lo abandona”, concluyó.

Teresa Parodi, protesorera de SADAIC y exministra de Cultura de la Nación, brindó su perspectiva sobre la medida en declaraciones a Infobae. En su opinión, existe una gran desinformación sobre el funcionamiento de SADAIC y el impacto del decreto.

Parodi recordó que la entidad fue creada en 1936 por destacados músicos y compositores argentinos como Francisco Canaro, Osvaldo Fresedo, Enrique Santos Discépolo y Juan de Filiberto con el objetivo de garantizar el cobro de sus derechos, ya que hacerlo de manera individual era prácticamente imposible. “SADAIC es una sociedad privada, sin fines de lucro, creada por nosotros mismos. No tenemos ninguna relación con el Estado”, enfatizó.

En cuanto a la posibilidad de que los autores puedan gestionar sus derechos de manera independiente, Parodi se mostró escéptica. “La gestión individual es absolutamente impracticable. No sirve, no existe. Esto sí le va a hacer daño a la recaudación”, advirtió. Aun así, confía en que la mayoría de los creadores seguirá eligiendo a SADAIC como su entidad de representación.

Finalmente, Parodi subrayó la importancia de aclarar que SADAIC no es un impuesto, como se ha intentado argumentar en algunas interpretaciones del decreto. “Estoy segura de que ninguno de los autores y compositores que hicieron y hacen esta sociedad se van a ir de SADAIC”, concluyó.