Dimayor pierde tutela para evitar ser sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas anticompetitivas

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo de primera instancia que negó el amparo constitucional solicitado por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

El alto tribunal argumentó que la acción de tutela fue presentada seis meses después del acto cuestionado, sin que existiera una justificación razonada para la demora, lo que incumple el requisito de inmediatez exigido por la ley. Además, destacó que la investigación administrativa aún se encuentra en curso y que Dimayor presentó una solicitud de nulidad ante la Delegatura, lo que demuestra que todavía dispone de mecanismos de defensa dentro del proceso.

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“En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas”, se lee en el documento.

En su análisis, el organismo también señaló que la Dimayor tuvo la oportunidad de insistir en la práctica del dictamen pericial desde abril de 2024, pero optó por no hacerlo, lo que evidencia una falta de diligencia procesal.

A su vez, descartó la existencia de un perjuicio irremediable, al no haberse impuesto una sanción definitiva ni existir una afectación inminente para la entidad. Además, recordó que la legislación vigente contempla medidas cautelares idóneas para prevenir eventuales daños durante el desarrollo de la investigación.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia representa un golpe para la estrategia jurídica de la Dimayor, que buscaba frenar el avance de la investigación administrativa mediante la vía constitucional. El proceso, impulsado por la denuncia de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), continúa su curso y mantiene en vilo a los principales actores del fútbol profesional colombiano, mientras la Delegatura de Protección de la Competencia avanza en la evaluación de las conductas investigadas y en la eventual imposición de sanciones.

“En la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Protección de la Competencia, se adelanta la investigación administrativa contra la División Mayor del Fútbol Colombiano DIMAYOR y otros, por la presunta infracción del artículo 1° de la Ley 155 de 1959, derivada de actuaciones calificadas como anticompetitivas”.

La controversia judicial se originó en 2021, cuando Acolfutpro denunció ante la Superintendencia de Industria y Comercio la existencia de posibles acuerdos entre clubes y la Dimayor que, presuntamente, limitaban la movilidad y autonomía de los futbolistas profesionales. La denuncia alertó sobre prácticas que podrían vulnerar el derecho de los jugadores a negociar en condiciones justas y equitativas, afectando directamente el mercado laboral del fútbol colombiano.

A raíz de esta denuncia, la Superintendencia inició una investigación formal y, mediante la Resolución 76922 de 2021, formuló un pliego de cargos contra la Dimayor y varios clubes, señalando una posible infracción del artículo primero de la Ley 155 de 1959. El foco de la actuación administrativa se centró en determinar si existieron acuerdos que restringieran la competencia y perjudicaran los derechos de los futbolistas.

Durante el desarrollo del proceso, la Dimayor solicitó la ejecución de un dictamen pericial forense para verificar la autenticidad e integridad de la evidencia digital utilizada en el pliego de cargos. Esta petición buscaba cuestionar la validez de las pruebas presentadas por la autoridad investigadora. Sin embargo, la Delegatura de Protección de la Competencia cerró la etapa probatoria sin pronunciarse sobre la solicitud de la entidad, lo que llevó a la entidad deportiva a interponer una acción de tutela respaldada por clubes como Cúcuta Deportivo, Once Caldas y Real Santander.