
El reclamo formal del defensor colombiano Nicolás Hernández ante la FIFA dio un giro al panorama financiero de San Lorenzo, que podría afrontar una nueva inhibición si no regulariza la deuda con el jugador.
De acuerdo con el periodista Felipe Sierra, Hernández solicita el pago de 800.000 dólares, cantidad que asegura no le fue abonada durante su paso por el club de Boedo, donde permaneció aproximadamente siete meses.
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El futbolista llegó al conjunto argentino a comienzos de enero de 2024 como refuerzo para el plantel dirigido en ese entonces por Rubén Darío Insúa. El jugador, que contaba con uno de los salarios más elevados dentro del equipo, apenas disputó un partido oficial: el choque frente a Independiente de Chivilcoy correspondiente a la primera ronda de la Copa Argentina.

Al no lograr continuidad ni tener protagonismo en el armado técnico, Hernández y la dirigencia acordaron la rescisión de su contrato a fines de julio del mismo año, estableciendo un plan de pagos para subsanar el compromiso económico en el contexto de crisis que vive la entidad azulgrana.
No obstante, el club argentino no habría cumplido con el cronograma de pagos acordado. Al parecer, Hernández percibió solamente un salario y medio durante su breve estadía y, ante la falta de respuesta, decidió formalizar el reclamo ante la FIFA en mayo de 2025. La posibilidad de una nueva sanción se suma a las seis inhibiciones vigentes que ya pesan sobre San Lorenzo, lo que impide al club incorporar refuerzos en el actual mercado de pases.

La situación financiera de la institución se complica aún más ante un reclamo adicional: Gastón Campi, también exjugador del equipo, comenzó semanas atrás un trámite por una cifra cercana al 1.500.000 de dólares. El cúmulo de deudas que el Ciclón debe cubrir para poder sumar refuerzos asciende a más de dos millones de dólares.
Así las cosas, el club donde milita el también colombiano Jhohan Romaña aspira a resolver parte de su pasivo a partir de ingresos generados por la posible venta de Malcom Braida y Elián Irala, aunque hasta el momento no se habrían concretado operaciones en ese sentido.

Adicionalmente, la entidad aguardaba por la transferencia de Nicolás Fernández Mercau al City Group como una fuente clave de dinero fresco; no obstante, trascendió que el club ya había negociado en secreto el 20% de la ficha que aún le pertenecía, por lo que la suma a recibir podría resultar considerablemente menor a la esperada.
En este contexto, San Lorenzo enfrenta una serie de desafíos para regularizar su plantel y mejorar su situación financiera. Las restricciones impuestas por la FIFA y los reclamos acumulados limitan la capacidad de maniobra del club en el mercado de pases y exigen que la directiva busque alternativas para evitar nuevas sanciones. Mientras tanto, crece la incertidumbre respecto a cómo afectarán estos compromisos al futuro deportivo e institucional de uno de los clubes históricos del fútbol argentino.
Qué implica una inhibición de la FIFA
Una inhibición por parte de la FIFA significa que el club sancionado no puede registrar nuevos jugadores —tanto a nivel nacional como internacional, sin importar si son amateurs o profesionales— durante el periodo que dure la sanción.
La medida se aplica como sanción disciplinaria por incumplimientos financieros o contractuales con futbolistas, otros clubes o agentes, y está diseñada para obligar al club a cumplir sus obligaciones pendientes. Solo se levanta una vez que se saldan las deudas o se acuerda un plan de pagos, o a través de una resolución del órgano correspondiente de FIFA.
En términos prácticos, esto tiene un impacto directo en la planificación deportiva del equipo: no podrá incorporar refuerzos en los mercados de pases, lo que puede limitar su capacidad competitiva y afectar el armado de la plantilla . Además, si el estado de impago persiste más allá de tres ventanas de fichajes, la FIFA podría imponer sanciones adicionales, como demandas económicas, deducción de puntos, descenso de categoría o incluso la exclusión de torneos oficiales.
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