María José Pizarro hizo un llamado a la unidad tras los atentados recientes en Colombia: “Urgen acciones inmediatas”

La senadora María José Pizarro, integrante del partido de Gobierno en Colombia, hizo un llamado urgente a la unidad nacional como repuesta a los ataques ocurridos en el Valle del Cauca y al atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

En un mensaje difundido a través de su cuenta en X, la senadora señaló que los recientes hechos solo buscan generar caos y miedo en la sociedad. En su declaración, Pizarro expresó su respaldo a la propuesta de diálogo planteada por organismos como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU), la Conferencia Episcopal Colombiana, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) y la Defensoría del Pueblo.

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La senadora enfatizó la necesidad de tomar medidas inmediatas para enfrentar la situación actual. “Urgen acciones concretas, urgen acciones inmediatas”, afirmó en su publicación. Pizarro también condenó enérgicamente los ataques terroristas perpetrados en el Valle del Cauca, calificándolos como un intento de desestabilizar al país y profundizar las divisiones sociales.

Según su mensaje, dichos actos no solo afectan a sectores específicos, sino que están dirigidos contra toda la sociedad colombiana. “No podemos entregarles ese triunfo”, subrayó, refiriéndose a las mafias responsables de los atentados.

En su llamado a la unidad, Pizarro instó a respaldar al presidente Gustavo Petro y a las instituciones del país en ese momento crítico. La senadora pidió evitar acusaciones infundadas y teorías sin corroborar que puedan aumentar la incertidumbre y el temor entre la población. “Responsabilidad, por favor. Todos debemos estar a la altura de las circunstancias y conducir a Colombia por sendas distintas a las del odio y la violencia”, concluyó.

La Defensoría del Pueblo de Colombia, en colaboración con la Delegación para las relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal, y con el respaldo de organismos internacionales como la ONU, la MAPP/OEA y la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, convocó a partidos políticos, movimientos y comités inscriptores de candidaturas a suscribir un conjunto de compromisos destinados a garantizar un proceso electoral pacífico y respetuoso de los derechos democráticos.

Entre los compromisos propuestos, se destacó la defensa de la vida como prioridad. Ese punto subraya la necesidad de proteger a los candidatos y adversarios políticos, rechazando cualquier forma de violencia que pueda surgir durante el proceso electoral. Según lo planteado por las instituciones convocantes, el compromiso busca prevenir agresiones contra quienes aspiran a cargos de elección popular, promoviendo un entorno seguro para todos los actores políticos.

Otro de los compromisos clave es la adopción de una política de no violencia. Este punto incluye medidas concretas para erradicar cualquier tipo de agresión en el contexto electoral, con especial énfasis en el respeto hacia quienes sostienen ideas opuestas. Además, se hizo un llamado a prohibir la violencia contra las mujeres en la política, reconociendo la importancia de garantizar su participación plena y segura en los procesos democráticos.

El respeto a las instituciones y las normas jurídicas también figura como un eje central de los compromisos. Las organizaciones convocantes instaron a los actores políticos a cumplir con los procedimientos establecidos en la legislación vigente, asegurando que todas las acciones relacionadas con el proceso electoral se desarrollen dentro del marco legal.

En cuanto a la defensa de la democracia, el documento enfatizó en la necesidad de fomentar una cultura de inclusión y pluralismo. Dicho compromiso incluye el reconocimiento del valor de las propuestas e ideas diferentes, promoviendo un ambiente de respeto mutuo entre los diversos sectores políticos.

Otro aspecto destacado es la promoción de un lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización. Se invitó a los actores políticos a evitar declaraciones ofensivas, racistas, discriminatorias o que inciten al odio, tanto en medios tradicionales como en redes sociales. Asimismo, se rechazan las prácticas de difamación, descalificación y acusaciones infundadas como estrategias para obtener votos o deslegitimar a otros participantes en el proceso electoral.

El compromiso con la difusión de información veraz y transparente también ocupa un lugar relevante en el documento. Las instituciones convocantes subrayaron la importancia de combatir el hostigamiento político en el ámbito digital y de garantizar que la información emitida durante el proceso electoral sea precisa y confiable.

El diálogo se presentó como un principio fundamental para fortalecer la democracia y resolver diferencias políticas. Según el documento, los actores políticos deben priorizar el diálogo como medio para abordar cualquier controversia, promoviendo así una acción política basada en el entendimiento mutuo.

El apoyo y respeto a las manifestaciones y protestas pacíficas también forma parte de los compromisos. Las instituciones convocantes propusieron que se adopte medidas que garanticen que todas las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica, promoviendo así el derecho a la protesta como una expresión legítima de la democracia.

Para garantizar el cumplimiento de los compromisos anteriormente señalados, la Defensoría del Pueblo, en alianza con la Misión de Observación Electoral (MOE), llevará a cabo un proceso de seguimiento y monitoreo tanto a nivel nacional como territorial. Ese seguimiento incluirá llamados públicos y la emisión de recomendaciones cuando sea necesario, con el respaldo de las instituciones que participaron en la convocatoria.

Finalmente, se extiende una invitación a las autoridades de las tres ramas del poder público, así como a sectores sociales como la academia, los gremios y los medios de comunicación, a sumarse a los compromisos. El objetivo es garantizar un proceso electoral libre, pacífico y respetuoso de los principios democráticos en Colombia.