El Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, autorizó el ingreso de miembros de cuatro grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) como parte de su política de Paz Total. Sin embargo, esta autorización excluye en una primera fase a los integrantes de esas estructuras que cuentan con órdenes de extradición vigentes.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido el 13 de mayo por la Oficina de la Consejería Comisionada de Paz, la exclusión de quienes enfrentan procesos de extradición responde a la necesidad de evaluar de manera posterior su eventual participación en las ZUT, como se denominaron las áreas diseñadas para concentrar a los miembros de grupos armados en proceso de negociación con el Estado.
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La determinación se tomó tras una reunión entre el presidente Petro, el comisionado de paz Otty Patiño y los jefes de las delegaciones del Gobierno en las diferentes mesas de diálogo.
Dicho anuncio se refiere específicamente a cuatro grupos:
- El Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—).
- La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb).
- El Estado Mayor de los Bloques y Frente (Embf)
- Comuneros del Sur.
¿Quiénes son los extraditables excluidos de las ZUT?
Entre los principales nombres que no podrán ingresar en esta etapa a las ZUT se encuentran:
1. Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, comandante del Clan del Golfo, considerado la mayor estructura armada ilegal del país.
Estados Unidos solicitó su extradición por cargos de narcotráfico desde 2018, además la Corte Suprema avaló su entrega, aunque la decisión final está en manos del presidente Petro.
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2. Geovanni Rojas, alias Araña, jefe de los Comandos de Frontera, estructura de la Cneb, fue capturado en Bogotá en febrero de 2025 bajo una circular roja de Interpol por presunto envío de drogas a Estados Unidos.
Su extradición fue suspendida de forma temporal por el Gobierno Petro, condicionada al cumplimiento de compromisos en la erradicación de cultivos ilícitos.
3. Andrés Allende, líder de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, también parte de la Cneb, y es señalado por controlar rutas de narcotráfico entre Colombia y Ecuador.
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Este sujeto está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y acusado de colaborar con el cartel de Sinaloa.
4. Javier Alfonso Velosa García, alias John Mechas, jefe del Frente 33 de la disidencia de Calarcá en Catatumbo, requerido por Estados Unidos por atentados en Colombia y ataques a personal estadounidense.
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Su extradición fue avalada por la Corte Suprema de Justicia.
5. Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo Segundo al mando del Frente 33, buscado por Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de activos.
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La extradición fue suspendida por el Gobierno para no afectar el avance de la negociación.
6. Gabriel Yepes Mejía, alias H.H., comandante de Comuneros del Sur, con cargos en Estados Unidos por producción y exportación de cocaína.
Su entrega fue frenada por el Ejecutivo, debido al papel del grupo en la mesa de Paz Total.
7. Oliverio Orfilio Pai, alias Chuky Delegado en la mesa de negociación con Comuneros del Sur, con antecedentes por acciones en el ELN.
La Fiscalía suspendió su orden de extradición en 2024.
8. Jorge Wilfredo Rosero Marín, alias Fercho, miembro de Comuneros del Sur, con circular azul de Interpol por narcotráfico.
Su orden de extradición también fue frenada por la Fiscalía.
Evaluación y futuro de los extraditables: qué es lo que viene
El Gobierno aclaró que la situación de estos ocho jefes y demás integrantes con procesos de extradición será objeto de análisis posterior, dependiendo del avance de las negociaciones y de los compromisos asumidos en las mesas de diálogo.
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Esta decisión ha sido motivo de debate tanto en el ámbito político como judicial, debido a que Estados Unidos mantiene el interés en la entrega de varios de ellos, considerados objetivos estratégicos en la lucha contra el narcotráfico, uno de los puntos que se hablaron en la reunión bilateral que los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro sostuvieron en la Casa Blanca, en Washington (EE. UU.) a inicios de febrero de 2026.
Las ZUT forman parte de la estrategia para facilitar los procesos de paz y desarme, permitiendo la concentración y el monitoreo de los integrantes de grupos armados que participan en los diálogos con el Estado.
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